Primeros imputados por la «Gürtel» del PSOE en Valencia

La juez investiga contratos del Ministerio de Vivienda en la época de Zapatero.

La jueza de Madrid Mercedes Pérez Barrios, ha citado a declarar en calidad de investigados el próximo jueves a Rosario G. V. y Sandra S. F, respectivamente presidenta y secretaria de la Mesa de Contratación, y a José María A. G., interventor. Estas citaciones se producen en el marco de la investigación relativa al concurso de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2010, por importe de 126.208 euros, por los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación. La magistrada, según fuentes jurídicas, pretende esclarecer, además de verificar si la adjudicación de ese concurso a un empresario próximo al PSOE se ajustó o no a la legalidad y, en ese caso, de dónde procedieron las órdenes para acordar esa designación; y, además, si ese dinero fue a parar a las arcas del PSPV y de su socio de Gobierno en la Generalitat valenciana Compromis.

Pérez Barrios incoó diligencias previas para investigar lo relativo a los contratos en 2009 adjudicados por el Ministerio de Vivienda cuando al frente de la misma se encontraba Beatriz Corredor, a la empresa de comunicación de Crespo Gomar por un importe total de 126.208 euros; mientras que, por su parte, Carmen Huerta ha adoptado la misma decisión respecto al contrato adjudicado a la misma por el Ministerio de Sanidad en 2006 por un total de 184.138 euros.

Tanto la magistrada Pérez Barrios como su compañera Carmen Huerta investigan los contratos suscritos por dos ministerios gobernados entonces por el PSOE con la empresa de comunicación de Crespo Gomar, la cual, supuestamente, habría facturado unos servicios al Partido Socialista del País Valenciano y su socio de Gobierno, Compromis, durante la campaña electoral del año 2007, «de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en sus cuantías con las presentadas por Crespo Gomar». Esta última magistrada también abrió diligencias respecto al contrato adjudicado a la misma por el Ministerio de Sanidad en 2006 por un total de 184.138 euros.

Las dos magistradas admitieron la inhibición planteada por el Juzgado de instrucción 21 de Valencia, el cual investigaba una presunta financiación irregular del PSPV y Bloc, partido mayoritario de Compromís, en 2007, a través de la empresa de comunicación Crespo Gomar.