La situación de Álvaro García Ortiz, investigado por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, mientras continúa desempeñando sus funciones como fiscal general del Estado ha derivado en lo que la principal asociación de la carrera, la Asociación de Fiscales (AF) califica de "sarcasmo": el futuro nombramiento del primer fiscal de Sala coordinador de delitos contra la Administración Pública por un fiscal general imputado por uno de esos delitos, el de revelación de secretos.

Y es que el Ministerio de Justicia ha convocado un concurso el próximo 5 de marzo para la provisión de diversas plazas en la carrera fiscal, entre ellas la del fiscal de Sala que a partir de ahora se encargará de coordinar la actuación del Ministerio Público en la investigación de delitos contra la Administración.

Para la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, se trata de una figura "innecesaria y perturbadora por su posible colisión con las competencias de otros órganos del Ministerio Fiscal". Pero más allá de esa discrepancia sobre la necesidad de crear esa plaza, alerta sobre lo que considera una "burla intolerable a nuestra institución y a la sociedad en su conjunto" teniendo en cuenta que "es pública la investigación de diversos procedimientos que afectan al entorno del propio Gobierno".

"No debe seguir ni un minuto más"

Dexeus pone de manifiesto en un comunicado que la creación de esa plaza es "una burla intolerable" en estos momentos en que "el propio fiscal general del Estado está investigado por el delito de revelación de secretos, que es uno de los delitos contra la Administración Pública".

"Resulta paradójico que quien deba coordinar y unificar criterios de actuación del Ministerio Fiscal en materias como por ejemplo el delito de revelación de secretos -llama la atención la presidenta de la AF- sea propuesto por el fiscal general investigado por ese tipo de delito". "En la actual situación jurídico procesal del fiscal general del Estado, y dejando claro, como lo hemos hecho siempre, nuestro máximo respeto a su derecho a la presunción de inocencia -añade- resulta sencillamente inconcebible que se vaya a cubrir esta plaza en este momento". Una plaza, reitera, que además "no responde a una necesidad real" y "va a colisionar con las competencias de otros órganos de la Fiscalía".

"Es inevitable preguntarse -asegura en esa misma línea- si un investigado puede decidir quién va a ser la persona que va a fijar criterios sobre el delito por el que se le investiga". "Nos negamos a creer que el fiscal general del Estado no sea consciente de esta paradójica situación, que roza el sarcasmo, cuando no el escarnio a la propia carrera fiscal y a la sociedad a la que nos debemos". De ahí que vuelvan a insistir en que García Ortiz "no debe seguir en el cargo ni un minuto más". "El fiscal general no debiera hacer ese nombramiento y, además, debiera dimitir sin más dilación", defiende Dexeus.