El TC ve «prioritario» debatir la reforma del CGPJ antes de verano

El Tribunal Constitucional (TC) quiere resolver antes de verano los recursos de PP y Vox contra la reforma que, desde hace dos años, impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llevar a cabo nombramientos mientras siga en funciones. Una merma de sus atribuciones que ha abocado al Tribunal Supremo a una complicada situación –acumula ya una veintena de vacantes– que no tiene visos de solucionarse ante la falta de acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, que se complica aún más en año electoral.

El «estropicio» (en palabras del expresidente del CGPJ Carlos Lesmes) que ha provocado en la cúpula judicial (las vacantes sin cubrir superan ya las 75) la reforma impulsada por PSOE y Podemos para forzar al PP a negociar el relevo en el Consejo del Poder Judicial, con el mandato caducado desde diciembre de 2018, sitúa ahora el foco en el Tribunal Constitucional. La institución debe decidir si esa reforma –que se tramitó a través de una proposición de ley que eludió el informe no vinculante del CGPJ– es o no conforme con la Carta Magna.

Algunos magistrados del TC consideran que el tribunal debería haberse pronunciado ya sobre una cuestión que fue recurrida hace casi dos años por Vox (el PP lo haría unos meses después), sobre todo teniendo en cuenta que ambos recursos de inconstitucionalidad se admitieron a trámite en septiembre de 2021. Y es que si el Constitucional tumbara esa reforma el órgano de gobierno de los jueces recuperaría sus competencias plenas para cubrir todas las vacantes pendientes.

No antes de las elecciones del 28-M

Por eso fuentes del TC no entendían que entre los asuntos pendientes priorizados por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, nada más tomar posesión del cargo –aborto, eutanasia y Ley Celaá, principalmente–, no incluyera también la resolución contra la reforma que coarta las competencias del CGPJ.

Sin embargo, según ha podido saber LA RAZÓN, la intención del presidente del Tribunal Constitucional es abordar el asunto de forma «prioritaria» antes de verano, pese a que en todo caso no sería nunca antes de junio. En primer lugar, porque con los asuntos pendientes el calendario no ofrece hueco hasta entonces y, también, porque desde el propio tribunal entienden que al tratarse de un asunto «de debate político» no es apropiado que se plantee antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Sea en el Pleno de junio o en el de julio, lo cierto es que el primer recurso que resolverán los magistrados será el que presentó Vox (el primero en formalizarse), cuya ponencia está en manos de la magistrada progresista María Luisa Balaguer.

Necesaria "seguridad jurídica"

Lo normal en estas situaciones es que, una vez fijado el criterio en el primer recurso sobre un mismo asunto, en el segundo se aplica la misma decisión por aplicación de doctrina. Sin embargo, algunos magistrados abogan porque se aborden las dos ponencias en el mismo Pleno. Es decir, que en la misma sesión se debata el proyecto de sentencia de Balaguer sobre el recurso de Vox y la ponencia del magistrado conservador César Tolosa en relación al recurso del PP. Dos ponencias que, previsiblemente, serán contrapuestas.

Tolosa ha sido hasta el pasado enero presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, una de las más afectadas por la reforma sobre la que ahora se pronuncia el TC, dado que en estos dos años ha sido la que ha acumulado un mayor número de vacantes sin cubrir, por si fuera poco en un momento delicado para la Sala, epicentro de la resolución de centenares de recursos contra las medidas restrictivas de derechos fundamentales durante la pandemia. Parece complicado, según las fuentes consultadas, que el magistrado avale la constitucionalidad de esa modificación legal que ha privado al CGPJ de parte de sus competencias.

Fuentes del TC insisten en la necesidad de resolver la cuestión, en uno u otro sentido, antes de verano, «para dar seguridad jurídica» a la actuación del Consejo General del Poder Judicial respecto de los nombramientos. Pero para que eso se produzca, apuntan desde el sector progresista, hay que resolver antes los recursos contra la ley de eutanasia (previsiblemente este mismo mes) y la Ley Celáa, probablemente en abril, señalado también en rojo para la aprobación definitiva de la sentencia sobre la reforma de la ley del aborto, que avalará íntegramente su constitucionalidad después de que la ponencia del magistrado Enrique Arnaldo (que veía inconstitucional la regulación del derecho a la objeción de conciencia y de la información que se facilita a la mujer que quiere abortar) fuera rechazada.

La incógnita del voto de Segoviano

Si, como parece, la ponencia de Balaguer considera que la reforma no vulnera la Constitución (se acordaría asimismo la pérdida de objeto respecto a los nombramientos del CGPJ para renovar el TC, que el Gobierno sí permitió al aprobar una puntual modificación de la reforma), lo previsible es que la mayoría progresista se imponga y permita sacar adelante la votación.

No obstante, la incógnita reside en la posición que mantendrá la magistrada progresista María Luisa Segoviano, expresidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, respecto a una medida con tanta incidencia entre sus antiguos compañeros en el alto tribunal. Si finalmente votase a favor de la inconstitucionalidad de la reforma, el voto del ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo –que no se ha abstenido en este asunto pese a que cuando se aprobó la modificación legal formaba parte del Gobierno de Pedro Sánchez– terminaría siendo decisivo para decantar la balanza con un ajustado 6-5 (los cuatro votos en contra de los magistrados conservadores se dan por seguros) que, además, evitaría a Conde-Pumpido recurrir a su voto de calidad para evitar la declaración de inconstitucionalidad de la reforma impulsada por PSOE y Podemos.