Los procuradores reclaman más competencias para agilizar la Justicia

En plena amenaza de huelga de jueces y fiscales y con los funcionarios en pie de guerra reclamando mejoras salariales, lo que no hace sino acentuar los problemas endémicos de lentitud de la Justicia en nuestro país, los colegios de Procuradores de Madrid y Barcelona han salido al paso con la elaboración de una hoja de ruta hasta 2025, "Plan Estratégico de la Procura", con un paquete de medidas para "descongestionar la Administración de Justicia" e intentar mejorar así "la calidad del servicio al ciudadano y a las empresas".

Este plan, que ha sido presentado en Barcelona, ha incorporado las propuestas de reformas legislativas realizadas por colegios de procuradores de toda España y por el Consejo General de Procuradores de España. El objetivo es "intensificar" el rol que desempeña el procurador como "colaborador/cooperador activo con los tribunales, de manera que la asimilación de nuevas funciones" sirva para "dinamizar el sector y atraer talento".

Los procuradores consideran que asumiendo más competencias se agilizaría la resolución de los asuntos judiciales. En 2021 se produjo un incremento notable en la duración de los procesos en los tribunales, llegando a alcanzar una media de 8,8 meses (los efectos de la pandemia también se hicieron notar). En ese ejercicio, únicamente se finalizaron un 36% de las ejecuciones, lo que confirma la tendencia -apuntan los procuradores- de que "cuanto más incrementa el número de procedimientos pendientes de ejecución, disminuye el porcentaje de procedimientos finalizados".

Los dos principales colegios de la profesión en España enmarcan esa pretendida asunción de nuevas funciones en el proyecto de ley de eficiencia procesal. Entre esas nuevas competencias que recoge el informe se encuentran la colaboración con los tribunales en la realización de las actuaciones materiales de ejecución, o una mayor intervención en el proceso monitorio.

Conseguir una "agilización real"

Del mismo modo, reclaman que se les permita auxiliar en mayor medida a los tribunales en el ejercicio de sus funciones, "de manera que se consiga una agilización real en el funcionamiento de la Administración de Justicia".

Fomentar e incrementar "la relación recurrente con el cliente final" así como "una mayor intervención en las universidades para generar una ampliación del conocimiento de la profesión" son otras de las cuestiones que ponen sobre la mesa.

Y al mismo tiempo que demandan poder acceder al Punto Neutro Judicial, mejoras en la justicia gratuita y priorizar la formación, se ofrecen para llevar a cabo "un análisis constante de los costes de la Justicia" que ponga de relieve "las mejores opciones para que el derecho a la tutela judicial efectiva se materialice en toda su extensión, sin generar desembolsos adicionales a los presupuestos públicos".

Disminuir la carga de trabajo de los juzgados

Los procuradores, que reclaman "los cambios legislativos necesarios" para incorporar estos nuevos cometidos, creen asimismo que pueden desarrollar un papel relevante en la implantación de métodos alternativos de resolución de conflictos que contribuyan a disminuir la carga de trabajo de los juzgados y tribunales.

El decano del Colegio de Procuradores de Barcelona, Ángel Quemada, asegura que este informe incorpora "un profundo análisis de reflexión de la función del procurador en la actualidad". "Hemos concluido que es fundamental que el procurador intensifique su rol como colaborador activo con los tribunales para contribuir a la agilización y eficiencia de la Justicia".

En esa misma línea, Alberto N. García, decano del Colegio de Procuradores de Madrid, defiende que "el contexto actual de novedad legislativa propicia la introducción de nuevas funciones del procurador en la Administración de Justicia". Algo que ve como "una oportunidad" para "ampliar y reorientar el catálogo de servicios y funciones complementarias del procurador" para contribuir a "descongestionar la justicia".