En el Congreso de los Diputados hay estos días un continuo runrún a causa de la energía nuclear. Mañana se votan, en principio, las enmiendas del Senado a la Ley de Movilidad Sostenible y hay una que está acaparando gran parte de la atención: la que prorrogaría la vida de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia).

Los socios parlamentarios del Gobierno, e incluso los socios de coalición del PSOE, están pidiendo a Moncloa que hagan lo posible por bloquear esta enmienda. Sin embargo, fuentes socialistas de diversa índole confirman que en el partido ya se asume que la enmienda va a salir adelante y, aseguran, no pueden hacer nada al respecto. La vida de las centrales se va a prorrogar, en contra del calendario pactado por el Gobierno con las empresas.

El conflicto comenzó en el Senado. Cuando la ley llegó ahí desde el Congreso, el PP aprovechó su mayoría absoluta para introducir la enmienda. Además de porque el partido de Alberto Núñez Feijóo está a favor de la prórroga, los populares son conscientes de la complejidad del debate nuclear para el PSOE y buscaban dañar.

Por un lado, porque los socialistas pactaron con Sumar en su acuerdo de investidura que se procedería al cierre de las centrales, pero ahora el Gobierno de Pedro Sánchez parece abierto a renegociar los calendarios con las empresas energéticas, lo que está aflorando las contradicciones dentro del Ejecutivo, tensando las relaciones y enfadando al resto de socios de izquierdas. Pero también, porque genera debates internos dentro del propio PSOE. Mientras ministerios como el de Transición Ecológica defienden el cierre, en territorios como Extremadura -donde se celebran elecciones el 21 de diciembre- los socialistas son partidarios de mantenerlas abiertas por los puestos de trabajo que generan. A todo esto hay que añadir un nivel parlamentario de desgaste, ya que la enmienda permitirá ver cómo algunos socios de investidura abandonan a Sánchez y el Gobierno verá su norma enmendada sin poder evitarlo, porque no tienen mayoría.

Ayer, varios socios pidieron al Gobierno que use su derecho a veto para tumbar la enmienda de las nucleares. El Ministerio de Hacienda puede vetar aquellas iniciativas que supongan un aumento del gasto presupuestario o una disminución de los ingresos. Y ese extremo es algo que el propio Gobierno llegó a estudiar, pero ayer al mediodía diversas fuentes del PSOE ya reconocían que ese escenario no iba a ser posible, porque no veían que pudieran justificar que afectara a una partida presupuestaria concreta.

Muerta esta vía, los socialistas dan por hecho que se va a tener que votar el jueves y que no van a poder confiar en la mayoría de investidura para tumbarla. Principalmente, por los dos partidos catalanes. Tanto ERC como Junts se han mostrado en el pasado a favor de prorrogar la vida de las centrales nucleares y esto se debe a que Cataluña es la comunidad autónoma que más centrales acumula de toda España y los alcaldes de los municipios colindantes a las mismas están presionando mucho a la dirección de los partidos, por los puestos de trabajo que se ponen en riesgo si se cierran.

En el PSOE hay cierta molestia con ERC y no confían en que el partido de Oriol Junqueras se vaya a mantener del lado del bloque de izquierda en la votación. «Aquí todos son muy de izquierdas, hasta que hay que votar algo que afecta a tu territorio», afea un dirigente socialista a los republicanos. Creen en el PSOE que el escenario más probable es que en ERC se abstengan, lo que complicaría los números para tumbarla porque disminuye el potencial bloque del no. De hecho, el Congreso ya votó hace meses una proposición no de ley del PP sobre la energía nuclear y prosperó, en parte, gracias a que ERC se abstuvo. El otro partido del bloque de investidura que se abstuvo en esa proposición no de ley fue Junts. La formación de Carles Puigdemontlleva meses defendiendo, aunque no abiertamente, la energía nuclear y en el Gobierno creen que podrían acabar votando a favor de la enmienda. Los socialistas sospechan que incluso podrían hacerlo para demostrar que van en serio tras el portazo al Gobierno y forzarles a vivir una derrota parlamentaria.