«El PSOE es bueno cediendo, que haga lo que con ERC y Junts»

Las filtraciones que están haciéndose desde el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alentando la idea de que está cerca un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), contrastan con el tono que utiliza el jefe del Ejecutivo y con las declaraciones públicas oficiales.

Esto ya ocurrió en el último intento de negociación, que saltó por los aires cuando por medio se cruzó la reforma del delito de sedición. La sensación que tienen en el PP empieza a ser parecida porque creen que el ministro de la Presidencia y ministro de Justicia, Félix Bolaños, está alentando un acercamiento que resulta incompatible con las declaraciones del presidente Sánchez.

«Sin novedades. No hay acuerdo». Esta es la posición que el PP sostenía anoche, después de los rumores sobre un inminente pacto entre los dos principales partidos para cerrar la renovación pendiente del órgano de gobierno de los jueces.

Para que se cierre el acuerdo el PP exige que se rebaje la carga política del Consejo, dentro de la puesta en escena, conviene tener presente, en la que ninguna de las dos partes quiere aparecer ante la inspección europea como la responsable del bloqueo, Moncloa y PP se han ofrecido a ceder en algunas de sus pretensiones para formalizar el pacto.

Pero esto no casa con el tono tan crítico que está utilizando Sánchez, y que visto desde fuera parece más dirigido a boicotear el acuerdo que a propiciarlo. Ultimátum, duras descalificaciones... «No parece el clima más propicio para ayudar a que se acerquen posiciones», puntualizan en el PP, desde donde deslizan que «el PSOE es bueno cediendo, que haga lo que con ERC y Junts».

El PP recuerda cómo en octubre del 22 fueron «engañados» por el Gobierno de Sánchez en el asunto de la modificación del delito de sedición, al que el Ejecutivo se había comprometido con los independentistas.

Y que estalló justo cuando estaba a punto de cerrarse el acuerdo sobre el CGPJ. «Esto del poli bueno y el poli malo ya lo hemos vivido, y ha acabado siempre igual, con el boicot de Sánchez al acuerdo», señalan fuentes populares.

En el Gobierno lo ven a la inversa, y responsabilizan solo al PP del bloqueo y también de lo que pueda ocurrir tras este nuevo proceso de negociación si no se logra un consenso. La presión del informe sobre el Estado de Derecho en España, que se conocerá en los próximos días, se ha entendido como un acicate para las dos partes. Moncloa así lo estima, pero el análisis que hacen en el PP es el opuesto.

El último intento de negociación saltó por los aires cuando se cruzó la reforma del delito de sedición

A la espera de la nueva reunión de Bolaños con el vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons, con mediación europea, en la dirección popular se escucha decir que el problema de las enmiendas y críticas que incluirá este informe afecta exclusivamente al Gobierno.

También recuerdan que ahora tienen más fuerza en Bruselas, después del resultado de las últimas elecciones, porque Úrsula von der Leyen necesita de sus votos para seguir como presidenta de la Comisión Europea y que no se puede pasar por alto que Sánchez tiene a su mujer imputada por corrupción, por lo que en la UE van a estar más vigilantes sobre lo que se haga con el órgano de gobierno de los jueces.

El mensaje que quieren lanzar desde el PP es que no aceptan «ser menos que los partidos independentistas en cuanto a la capacidad de cesión de Sánchez», y que, por lo tanto, si quieren un acuerdo tienen que dar pasos hacia la despolitización del sistema de elección de los vocales del Consejo.

La postura de salida de PP era que los jueces elijan a los jueces, sin matices, y era rechazada por el Gobierno con el argumento de que supondría implantar una «Justicia de derechas» in aeternum. El PP también proclama oficialmente que rechaza que se vincule esta negociación a la de la renovación del gobernador del Banco de España, por ejemplo.

Las dos partes están en un proceso de justificación y de venta del relato ante sus respectivas parroquias. En este marco de choque sin precedentes entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, el PP no puede aceptar un pacto sin conseguir que pueda defender que ha avanzado hacia ese sistema de elección que deja el reparto en manos de los jueces.

Y para Moncloa aceptar esto supondría perder por completo el control no solo del CGPJ, sino, y esto es lo que más les importa, del Tribunal Supremo cuando tienen causas pendientes que pueden acabar en el Alto Tribunal, caso del fiscal general del Estado por la filtración de datos confidenciales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el «caso Begoña Gómez».

Desde el PP destacan que ellos no se han levantado de la mesa de negociación, aún cuando el presidente del Gobierno les ha dado un ultimátum para renovar el CGPJ en el mes de junio, un movimiento que tampoco entienden si la meta es entenderse. En Génova creen que su actitud «chulesca» muestra no querer un acuerdo.

Hay posiciones encontradas en el seno del PP, donde hay voces que advierten de los riesgos de pactar con los socialistas, como hizo en público este miércoles Isabel Díaz Ayuso, al señalar que el PSOE «engañará nuevamente» y que si el PP no renueva cambiando el método de elección pueden cometer un «error» que lamentarán todos.