El PSOE decreta silencio mientras el pesimismo crece

Las expectativas de una investidura esta misma semana se van enfriando, aunque en el Congreso está todo preparado para que de un momento a otro la presidenta del Congreso active el botón. Desde el jueves pasado, en el Ejecutivo trabajaban con la idea de presentarse a finales de esta semana en el Parlamento con los apoyos cerrados. Sin embargo, los planes socialistas comienzan a truncarse desde este mismo lunes. La confirmación de la Audiencia Nacional de mostrarse a favor de imputar al expresident fugado, Carles Puigdemont, por delitos de terrorismo en el marco del caso Tsunami Democrátic ha hecho que Junts quiera revisar la ley de manera minuciosa para evitar que el propio líder de Junts pueda quedarse fuera de la futura ley de amnistía.

Ello ha pesado en la autoestima de los socialistas, que ahora salen a la palestra para echar agua al vino. Según el diccionario significa «moderar o atenuar alguna cosa». Y en esto se ha afanado el número tres del PSOE, Santos Cerdán, encargado de la negociación con Junts per Catalunya, es decir con Carles Puigdemont. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, prefirió ver el vaso medio lleno a su llegada al Senado y dijo que la negociación «va avanzando». «Estamos trabajando sin descanso cada día, con ganas de tener un Gobierno que avance y continúe protegiendo a los ciudadanos».

Pero más allá de las buenas palabras, fuentes de la negociación alejan lo que se consideraba hace dos días como «acuerdo inminente» y sitúan el límite para llegar a un acuerdo el 27 de noviembre. «No podemos dar un horizonte temporal», se explican las citadas fuentes ahora. Además, la parte socialista admite, sin ambages, que la negociación no solo se circunscribe a cuestiones técnicas, sobre a qué delitos puede beneficiar la amnistía, sino que han abierto un nuevo melón al afirmar que también se están abordando «algunos detalles del acuerdo político».Así, la sensación actual en el PSOE es la de pesimismo y fuentes del partido reconocen ya sin tapujos que «es complicado» contar esta semana con un presidente investido. Se va asumiendo ya la idea de que Pedro Sánchez no llegue al Consejo del PSOE europeo de este fin de semana –en el que es anfitrión– como presidente en plenas funciones.

El enfriamiento de las posibilidades de un acuerdo inmediato, tanto por parte del PSOE como de Junts, genera todavía más incertidumbre a una crispada situación política. Un dirigente de Junts explicaba la falta de acuerdo de una sencilla forma: «Puigdemont todavía no ha dicho que sí», lo que refuerza su papel central en una negociación que sigue sin día D y sin hora H, y sin conocer la letra pequeña ni de discrepancias ni de acuerdos. Fuentes socialistas reconocían ayer la dificultad de negociar con Puigdemont y aseguraban que «no les sorprende» el nuevo freno en las negociaciones por parte de Junts. Mientras, en el Ejecutivo se ha vuelto a imponer un cerrojazo informativo y piden «paciencia» a pesar de que el plazo ya corre. Fuentes gubernamentales rechazan destapar sus filias por el juego al que Puigdemont les somete. «Valemos más por lo que callamos», apuntan, aunque no se oculta el cansancio por la negociación. «Estamos en un momento muy bonito», ironizaban. Aun así, a pesar de que los planes estén cambiando, repiten que «habrá acuerdo e investidura».

Así se trata de minimizar el ambiente frío que ayer mismo reinaba en Moncloa a primera hora de la mañana. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la propia portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez mostraba su frialdad sobre el acuerdo inminente. «Si es que sigue adelante la investidura», se le escapó en respuesta a los periodistas sobre el bloqueo del CGPJ. Otras fuentes, no implicadas directamente en la negociación, creen que Junts hará sudar a los socialistas. «Quieren sacar tres huevos más que ERC», analizaban por la pugna constante entre republicanos y postconvergentes. En el espacio de Sumar, apuntaban que Junts se encuentra digiriendo el coste de pactar con el mismo Estado al que hace muy poco tiempo denunciaba por ser «opresor».

Mientras se continúa deshojando la margarita en Bruselas, en España la ofensiva política y judicial está en un momento explosivo. El Consejo General ha aprobado una resolución contra la amnistía y el juez García Castellón, de la Audiencia Nacional, acusa a Puigdemont de terrorismo tras recibir un informe de la Guardia Civil que se cerró la pasada semana tras meses y meses paralizado. Una decisión que no gustó a Moncloa, que ayer, recordó que «lleva años instruyéndose», e insistió, en que el criterio de la Fiscalía es otro.

En el apartado político la virulencia de las manifestaciones contra la Ley de Amnistía han tensionado más las relaciones entre el bloque progresista y conservador. Abascal incluso hizo ayer un llamamiento a la insurrección policial y el senador José Antonio Monago, expresidente de Extremadura, acusó al ejecutivo de radicalismo «tan radical es quién da un golpe de estado como quién pide perdón al golpista». El PSOE contestó por boca de Santos Cerdán: «Llamar públicamente a la insurrección policial al más puro estilo trumpista es muy grave y exigimos responsabilidad», dijo, para añadir «está fuera de los límites democráticos y mientras, Feijóo sigue avalando». Fuentes de Interior criticaron el órdago de Abascal, aunque, encapsularon el alcance de las protestas y descartaron que ello pueda emular al asalto del capitolio en Estados Unidos.