El PSOE mantiene congelada desde hace un año una ley del Senado para prevenir incendios en 2 millones de hectáreas

Los avisos sobre los incendios que asolan a España y que han calcinado casi 400.000 hectáreas no han servido para certificar medidas de gran calado ante el peligro del fuego que se repite en la época estival.

Para prevenir el avance de las llamas, el Partido Popular aprobó en el Senado con 163 votos a favor, una nueva regulación normativa para la limpieza de los montes que afecta a "no menos que 2.000.000 de hectáreas" en todo el territorio nacional. Denominada como la Ley de Montes de Socios, la presidenta del Congreso y tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, ha paralizado el desarrollo de la regulación que según el documento al que ha tenido acceso LA RAZÓN fue presentado ante el Congreso de los Diputados el 4 de abril de 2024. Tras superar el periodo de posibles enmiendas y 16 meses después, el decreto no ha sido sometido a votación.

Siguiendo la línea de las indicaciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que señaló la falta de limpieza de residuos en los montes como una causa de la rápida propagación de las llamas, la regulación bloqueada por el Gobierno busca terminar con este factor de riesgo. En este sentido, los populares quieren cambiar la normativa de la regulación sobre los Montes de Socios, que no dejan de ser una propiedad privada, pero que son regulados por el Estado, siempre que no se encuentren todas las modificaciones de la parcela en el Registro de la Propiedad o no se pueda encontrar a todos los propietarios.

Al tratarse de propiedades forestales que su origen se remonta, en la mayoría de los casos, a los procesos de desamortización del siglo XIX, no fueron registradas en la legislación vigente y los documentos nunca se llegaron a firmar. El desarrollo de este proceso histórico ha provocado que "la primera adquisición muestre una titularidad individual o de pocos sujetos, contra la realidad jurídica de una propiedad forestal adquirida por todos los vecinos del territorio", señala la proposición de ley votada en el Senado. Por tanto, debido a la falta de consenso entre las personas que reclaman la parcela y la imposibilidad de reportar los documentos, el Estado paraliza la limpieza de las hectáreas de manera indefinida.

La burocracia del Estado potencia el aumento de residuos en los montes

Dentro del largo laberinto legislativo, los ciudadanos quedan amparados por el Estado que en la mayoría de las situaciones opta por abandonar las parcelas, lo que provoca la acumulación de residuos vegetales en los montes.

La nueva regulación propone una solución sensata para permitir que los copropietarios que sí están identificados puedan constituir una Junta Gestora con capacidad legal para administrar el monte, sin la necesidad de identificar a todos los herederos de las personas que obtuvieron la titularidad del espacio forestal.

Al no conocer a todos los propietarios del territorio tampoco se pueden realizar pequeñas modificaciones para fortalecer la prevención de incendios como cortafuegos, o limpiezas preventivas, debido a que nadie, más allá del Estado, tiene la posibilidad de actuar bajo la legalidad vigente.

Distribuidos por el territorio nacional

Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de una campaña de la Asociación de Propietarios Forestales de Soria, se asevera que además de la provincia castellana, Asturias, Guadalajara, Cuenca, Teruel, Huesca, Ávila, Segovia o Cáceres son las regiones que cuentan con un mayor número de montes de esta índole. En el caso de Soria afecta a unas 180.000 hectáreas.

"Llevamos 12 años en este proyecto de ley. La mayor parte de estos suelos no pueden ser intervenidos con una gestión forestal porque sus dueños están desconectados, no saben que son dueños de tierras... Se trata sin duda de un hito histórico que, de resultar favorable al aprobarse la Ley, hará justicia con un proceso causado precisamente por el propio Estado" explicaba su director, Pedro Medrano cuando el Senado aprobó la nueva reforma legislativa.

El Gobierno acumula una treintena de normativas guardadas en el cajón del Congreso y que no tienen visos de mejora. En el caso de que el Gobierno cese su actividad, el proceso legislativo estaría abocado a comenzar desde el principio.