El PSOE mantiene congelada la nueva regulación que obliga a Sánchez a debatir sobre el estado de la nación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado el nuevo curso político en un segundo plano con diversas cortinas de humo que han nublado la declaración de su mujer ante el juez Peinado y la responsabilidad del PSOE ante la negativa de Junts a la medida estrella de Yolanda Díaz.

Mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afronta un nuevo debate sobre el estado de la región en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, el PSOE y Sumar han prorrogado hasta el próximo 17 de septiembre la aprobación de una nueva regulación que obligue al jefe del Ejecutivo a rendir cuentas sobre el estado de la nación en el Congreso de los Diputados, al menos una vez al año.

Para dilatar la llegada de la nueva regulación, prometida, hace más de un año, por el ministro de Justicia, Felix Bolaños, la Mesa de la Cámara Baja, ha ampliado el plazo que permite a los grupos parlamentarios presentar enmiendas ante el texto presentado.

Esta técnica es habitual en el seno del Gobierno y se complementa con el bloqueo de una treintena de leyes aprobadas por el Senadoque la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, no ha colocado en el orden parlamentario. En el caso de que se termine la legislatura sin que las normativas hayan sido propuestas a votación, la Cámara Alta, en la que tiene mayoría el Partido Popular, se verá abocada a comenzar el proceso desde el principio, lo que afectará a la ley de Montes de Socios que afecta a más de 2 millones de hectáreas.

Al no tener una mayoría consolidada desde que arribó a la Moncloa en el año 2018, el presidente del Gobierno solamente se ha sometido a un debate sobre el estado de la nación, que data de su segunda legislatura. Pese a la promesa del responsable de la cartera de Justicia para que el debate fuese una obligación y que se produciría antes de finalizar el 2025, el PSOE sigue retrasando los trámites para evitar un nuevo conflicto en la agenda del sanchismo.

Una apuesta por la transparencia congelada

Aunque el Gobierno haya prorrogado una vez más la reforma sobre el debate del estado de la nación fue aprobada por el Consejo de Ministros para potenciar la limpieza y la transparencia del Ejecutivo.

Dentro de la apuesta por la transparencia, se desgrana como medida estrella la obligación del líder de los socialistas a comparecer en los debates electorales para evitar que ninguno de los principales representantes políticos deniegue su participación. En este caso, a diferencia de la obligación para debatir anualmente sobre el estado de la región, la medida fue aprobada con un gran consenso en el Congreso de los Diputados.

Perder credibilidad ante sus socios y ante los españoles

Respecto a la medida, que ha sido bloqueada una vez más por los socios para ganar tiempo, el presidente del Gobierno no ha mencionado la anulación en sus pocas declaraciones en el inicio del curso político y acumula más de tres años sin someterse a un debate de este calado.

A diferencia de la moción de censura o la cuestión de confianza que ha reclamado en diversas ocasiones el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page, aunque no sea favorable el debate sobre el estado de la nación, el líder de los socialistas no tendría la obligación de presentar su dimisión. Ahora bien, la credibilidad y las relaciones con sus socios seguirán agrietándose y podrían provocar la caída del Ejecutivo antes del año 2027.