Acuerdo

PP y PSOE registran juntos en el Congreso modificar el término "disminuido" en la Constitución

Avanzan así en el acuerdo al que llegaron el pasado 22 de diciembre Feijóo y Sánchez que apuestan porque sea aprobada en enero de 2024

Cumpliendo con el acuerdo alcanzado el pasado viernes 22 de diciembre por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista en el Congreso registraron ayer la Proposición de Reforma del artículo 49 de la Constitución Española, para eliminar el término «disminuidos» y para actualizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia y lectura única.

En este sentido, el acuerdo entre el PP y el PSOE incluye un calendario de tramitación de la citada proposición de reforma constitucional con el objetivo de que sea aprobada definitivamente en enero de 2024. La entrada en vigor de la reforma del artículo 49 se produciría, como en las anteriores reformas constitucionales, el mismo día de la publicación de su texto en el BOE.

Feijóo había llevado a la reunión con el jefe del Ejecutivo del pasado 22 de diciembre una propuesta por escrito con las condiciones que ponía para llevar a cabo esta reforma con el fin de que hubiera una serie de garantías para que no supusiera un coladero para otras cuestiones como, por ejemplo, se colara una proposición que nada tuviera nada que ver, en concreto un referéndum.

Entre esa condiciones que pedía el PP figuraban desde el compromiso por mantener el texto consensuado, presentar con la firma ese documento antes del día 29 y que las enmiendas sólo se aceptarán si PP y PSOE están de acuerdo y, en ningún caso, celebrar ningún referéndum para la modificación de este artículo. También pedían que para esta reforma se celebrara un pleno monográfico con el único asunto que fuera la modificación de este artículo constitucional.

En una entrevista en Servimedia, el líder del PP indicó que, la reforma «supone pagar una deuda con casi el 10% de la población» que representa «el mundo de la discapacidad», aunque pidió a los socios del Gobierno que se comprometan a no utilizar «torticeramente al mundo de la discapacidad para plantear un referéndum o cuestiones distintas a lo que el artículo 49 señala». Además, «supone cumplir la palabra que habíamos dado de hacer la reforma, que debíamos haberla hecho ya en la anterior legislatura. Destaca que «tenía una denominación en la Constitución que hoy está absolutamente descontextualizada. Y supone también acreditar que cuando se quiere, se puede», declaró. «Es verdad que para reformar la Constitución es necesario el acuerdo de los dos grandes partidos. Y nosotros, cuando se nos propone algo que tiene sentido y que nace de la sociedad y del mundo de la discapacidad, no dudamos ni un instante. Mi primer compromiso como presidente del partido, allá por el mes de abril del año 2022, fue venir y comprometer ese apoyo incondicional delante del Cermi. Al final hemos podido hacerlo», celebró.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Memoria Democrática, Félix Bolaños, espera que la reforma recabe «el acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas». «Salvamos una deuda con las personas con discapacidad. Era un lenguaje inaceptable».

La idea es celebrar el pleno monográfico a mediados de enero, se dejan 48 horas para enmiendas y luego la segunda sesión para su aprobación. Del Congreso pasará al Senado para su aprobación definitiva, según indicaron ayer fuentes socialistas.