El PSOE ultima con sus socios enmiendas a la amnistía

La amnistía dará un nuevo paso este martes en su tramitación en el Congreso con el agotamiento del plazo para presentar enmiendas al articulado. El PSOE sigue sin atar un acuerdo con ERC y Junts y aboca a las tres formaciones a cerrarlo este mismo martes antes de las 18:00 horas. La previsión es que no se modifiquen sustancialmente ninguno de los 17 artículos que contiene la norma, sino que los partidos independentistas aspiran a introducir «mejoras técnicas» que permitan garantizar su aplicación e impedir que los jueces puedan retrasarlo.

Lo cierto es que en las dos últimas semanas ha empezado a generar dudas la ley de amnistía entre los independentistas. La aparición del nuevo artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regula la cuestión prejudicial previa ha puesto en alerta a una parte del independentismo: es decir, a Junts, porque en ERC se considera que ese precepto puede generar todavía más garantías para la amnistía. Con la cuestión prejudicial previa, los jueces nacionales tienen la posibilidad de realizar consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para saber cómo interpretar el Derecho de la UE, un supuesto que se da con la amnistía. Al activar una cuestión prejudicial, se paraliza el procedimiento de la amnistía, algo que los independentistas querían evitar porque pretenden que se ejecute en tan solo dos meses: es decir, pretenden ir por la vía rápida.

Está por ver si ese artículo 43bis forma finalmente parte de las enmiendas porque ese era el pacto de Junts con el PSOE cuando se abstuvo en el decreto 6/2023 de reforma de la Justicia de la semana pasada. Si bien, ese artículo 43bis forma parte de un compromiso del Gobierno con la UE, por lo que es un precepto delicado. Además, en ERC tienen una visión diametralmente opuesta y consideran que las consultas ante la UE puede generar más garantías para los independentistas.

Mientras el PSOE trata de atar el siguiente paso de la amnistía con sus socios independentistas, el PP sigue impulsando iniciativas para oponerse. Tras haber presentado una enmienda a la totalidad, los populares han solicitado ahora que puedan comparecer expertos sobre la medida de gracia para que hagan una valoración. De esa manera, juristas podrían pronunciarse sobre una ley muy cuestionada y que genera claras dudas sobre si está amparada por la Constitución o no. Si bien, esta posibilidad se antoja complicada porque lo tiene que aceptar la mayoría del Congreso, formada por los grupos que apoyan la amnistía y es muy posible que lo tumben ante el temor de que la norma reciba un varapalo de los juristas.

«Solicitamos que se acuerde la apertura urgente de un plazo, para que los distintos grupos parlamentarios puedan recabar, en virtud del artículo 44 del Reglamento del Congreso, la comparecencia en la Comisión de Justicia de las personas e instituciones que consideren oportunas a fin de asesorar y escuchar sus aportaciones», manifiesta el PP en el escrito, que avanzó ayer LA RAZÓN. El PP hace referencia a «personas e instituciones», la cual cosa significa que pretende recabar la opinión de juristas y de voces institucionales autorizadas, que pueden ser el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal.

Los populares hacen referencia al artículo 44 del Reglamento del Congreso para que la Mesa de la Comisión de Justicia dé la palabra a expertos. En concreto, el punto 3 del artículo 44 dice lo siguiente: Las Comisiones, por conducto del Presidente del Congreso, podrán recabar: la comparecencia de otras personas competentes en la materia, a efectos de informar y asesorar a la Comisión.

La amnistía, tras haber superado los dos debates y votaciones en el Pleno (toma en consideración y enmiendas a la totalidad), va ahora a la Comisión de Justicia. Ahí se tienen que debatir las enmiendas al articulado para que ver qué artículos del texto se modifican. Ahí, en ese trámite en Comisión, es donde el PP quiere que también se pronuncien expertos en la materia para que «retraten la ley». En todo caso, si ahora no lo aceptan PSOE y Sumar, el PP tiene mayoría absoluta en el Senado para imponerlo cuando la norma llegue a la Cámara Alta.

El Gobierno se ha remitido siempre a que se pronuncie el Tribunal Constitucional para sortear la polémica sobre si es una ley constitucional o no. Mientras se espera a que el TC dictamine, el secretario general y letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, quien pasa el filtro a las iniciativas que se presentan en la Cámara, tampoco quiso pronunciarse en el informe jurídico sobre si la ley es constitucional o no y se limitó a decir que es una función que corresponde al Constitucional.