El Gobierno acuerda con ERC y Bildu la ley de vivienda

El Gobierno ha cerrado con ERC y EH Bildu el acuerdo para aprobar la ley de vivienda. Este periódico ya publicaba ayer que el pacto era "inminente", a la espera de cerrar los últimos flecos con los socios de investidura. El acuerdo se produce después de casi cuatro años de negociación, primero entre los socios de coalición, y después con ERC y Bildu, que comparecieron en primer lugar en el Congreso para capitalizar el acuerdo.

Entre las propuestas destacan dos asuntos que se han supuesto un punto de fricción. El primero, en lo relativo a los "grandes tenedores" de vivienda, que pasan de los 10 que proponía el PSOE a los cinco inmuebles, como querían sus socios. Las comunidades autónomas podrán, en función de sus competencias y en virtud de sus realidades, rebajar la condición de "gran tenedor" de esos 10 hasta los cinco. En cuanto al alquiler y para evitar aumentos descontrolados de los precios, se establece que para 2023 se mantendrá el 2% de tope actual y que a partir de 2024 se creará un nuevo índice de referencia, más estable e inferior a la evolución del IPC, para limitar el alza en las renovaciones anuales. Para el año 2024 operará el 3%.

En clave política, resulta muy significativa la forma en que presenta el acuerdo. El hecho de que el Gobierno permita que sean sus socios de ERC y EH Bildu quienes rentabilicen políticamente el pacto. Una escenografía, desde el Congreso, en la que queda relegado otro socio prioritario para la coalición como es el PNV en su pugna electoral con los abertzales. Todo, a un mes y medio de la celebración de los comicios municipales del 28 de mayo, en los que los partidos concernidos en el acuerdo tienen electorados frontera. De hecho, el portavoz de Bildu, Oskar Matute, reivindicó que son "las fuerzas soberanistas" las que permiten que se materialicen estos avances", en concreto, "los 18 votos de ERC y Bildu los que permiten la ley de vivienda".

También ha generado suspicacias en el ámbito de Unidas Podemos que no se haya permitido capitalizar el anuncio por parte de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que compareció desde la sede del Ministerio. La ministra de Derechos Sociales lleva desde su llegada al ministerio trabajando en esta normativa y desde el espacio morado se critica que ahora se les haya intentado invisibilizar en el último minuto de la negociación. Una crítica que en Podemos hacen también a la vicepresidenta, Yolanda Díaz a la que acusan de "intentar marcarse un tanto" con el desbloqueo de la ley de vivienda. Ayer, según fuentes gubernamentales, despachó con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para desbloquear la ley.

El malestar en Podemos es evidente. Más después de que la vicepresidenta Díaz publicara un mensaje en Twitter felicitándose del acuerdo, sin hacer mención expresa a la líder de Podemos, limitándose a agradecer a "todas las personas y organizaciones que con vuestra lucha incansable durante años lo habéis hecho posible". Le respondía inmediatamente el portavoz en el Congreso Pablo Echenique. La Ministra de Derechos Sociales y Secretaria General de Podemos no lo puede decir, pero yo sí. Si hoy se puede anunciar el acuerdo para la primera ley de vivienda de la democracia, es sobre todo gracias al trabajo incansable y discreto de Ione Belarra y su equipo". La ministra de ramo ha evitado dar publicidad a estas tensiones y en su rueda de prensa ha destacado la importancia para sacar adelante la ley. “Estoy muy satisfecha, creo que son muy interesantes los debates de la corte para los medios, pero a la ciudadanía lo que le interesa es que tenemos ley de vivienda”, ha zanjado.

La necesidad de desbloquear cuanto antes una norma que lleva varios meses encallada en el Congreso ha hecho que sea el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se implique directamente en las negociaciones, dando la orden de extremar los esfuerzos para que se cierre ya. «Es cuestión de horas», aseguraban ayer fuentes conocedoras del devenir de las conversaciones que, no obstante, apelaban a la prudencia y a la «discreción» para evitar que se frustrase un pacto que ha costado demasiado encarrilar.

Hay que recordar que desde el sector socialista del Gobierno siempre se ha trasladado una visión optimista sobre el acuerdo, asegurando que estaba «prácticamente cerrado», mientras que eran los morados los que enfriaban las expectativas para seguir metiendo presión a las negociaciones. Sin embargo, desde el PSOE nunca vieron peligrar la norma porque son conscientes de que ninguna de las partes concernidas en ella puede permitirse, en vísperas de las elecciones del 28-M, que un compromiso capital, convertido en la cuarta preocupación para los españoles, según el CIS, se quede sin respuesta. El acuerdo está, por tanto, condicionado a la idoneidad política de cuando precipitar el anuncio y la liturgia que lo acompañe, con una interlocución directa entre Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la línea de los grandes acuerdos de legislatura rubricados con anterioridad.

La aprobación final llega así tras cuatro años de escollos y discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos. Aunque ambos se disputarán el rédito electoral, la imagen final confirmará de que son presidente y vicepresidenta los que acaban desbloqueando las grandes batallas que libra la coalición, lo que se encuadra también como un elemento a tener en cuenta en la pugna entre Podemos y Yolanda Díaz por el futuro de la izquierda. Los morados limitan la importancia de esta foto y ponen el foco en sus principales aliados, ERC y Bildu, a quienes han querido dar «foco» porque, aseguran, la ministra de Derechos Sociales,Ione Belarra, está «vinculada totalmente» a esta ley desde el principio.