Puigdemont achaca a Llarena una "estrategia política" para insistir en su recusación

Mientras el PSOE negocia los términos de la ley de amnistía con Junts, el líder de la formación independentista, Carles Puigdemont, continúa empeñado en apartar de la causa del "procés" al magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ante lo que considera una "manifiesta parcialidad" del instructor por pronunciarse sobre la amnistía en una conferencia el pasado 11 de septiembre, que tilda de "posicionamiento político público".

Llarena aseguró en su intervención que si se aprueba la ley de amnistía habrá que constatar "si hay una finalidad constitucionalmente legítima que justifica que se desactiven principios constitucionales fundamentales". El magistrado enmarcó sus palabras en un "planteamiento académico", pero la defensa del expresidente de la Generalitat le recusó, una iniciativa que fue rechazada por el instructor al considerarla "manifiestamente infundada" y presentada con el único objetivo de retrasar la tramitación de la causa ante la previsible reactivación de la euroorden para conseguir que Bélgica entregue a Puigdemont.

Ahora, el líder soberanista ha recurrido esa decisión de Llarena, a quien -subraya su abogado, Gonzalo Boye- "en modo alguno" corresponde decidir sobre su propia recusación. Asimismo, niega que ese quinto intento de apartar al magistrado del procedimiento suponga un abuso de derecho ni un fraude de ley, como apuntó Llarena. Para la defensa del líder de Junts per Catalunya (JxCat), esa sucesión de recusaciones baldías no es "un capricho" sino que responde ante lo que considera reiteradas actuaciones "que ponen de manifiesto su absoluta falta de imparcialidad".

"Comentarista político"

El letrado recuerda de nuevo que fue distinguido por la Fundación Villacisneros, a la que califica "de extrema derecha", por su actuación en esta causa "pese a que dicha entidad pública y reiteradamente ha manifestado su interés en el encarcelamiento" de Puigdemont. Y le reprocha que ahora se haya pronunciado públicamente "sobre elementos que pueden llegar a resultar esenciales en el presente procedimiento". Según señala, sus manifestaciones van más allá de "la mera crítica política" y denotan "una animadversión" tanto hacia Puigdemont como hacia sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí.

"No corresponde, desde luego, al magistrado recusado, ejercer de comentarista político de la actividad, también política, de quienes por él se encuentran ilegalmente procesados", destaca el abogado del expresident. Llarena, asegura, "se ha pronunciado sobre aspectos que, en caso de producirse una amnistía, puede llegar a tener que valorar en el curso del presente procedimiento".

"Lo que hemos planteado es que el magistrado recusado se ha pronunciado sobre lo que piensa hacer en caso de que tal ley llegue a ver la luz", precisa, algo que considera que "puede llegar a afectar, en su día, al devenir del presente procedimiento. Con eso basta para entender perdida la imparcialidad".

"Estará en sus manos"

Para la defensa de Puigdemont resulta relevante que Llarena se pronuncie en esos términos "respecto de las consecuencias que pueda o no tener la promulgación de una potencial ley de amnistía porque estará en sus manos, como primera opción, el plantear o no su constitucionalidad". Y es que, según su criterio, el instructor "es consciente de que, en el supuesto caso de que se promulgase una amnistía, y que la misma afectase a los procesados en el presente procedimiento, él sería el primero que tendría que aplicar dicha norma" y, en su caso, "plantear una cuestión de inconstitucionalidad".

Puigdemont también aprovecha el escrito para negar cualquier intención de demorar la causa, que Llarena le atribuye. Unos retrasos que achaca al magistrado del Tribunal Supremo, "que ha ido cursando y retirando órdenes europeas de detención según entendía que era más conveniente a su estrategia política".

Al rechazar la recusación, Llarena expuso que la iniciativa "busca el apartamiento inmediato del instructor especulando sobre mi posicionamiento ante una previsión legal que no existe y que puede no llegar a existir, de modo que esa consideración carece hoy de cualquier relevancia para la causa". Y señaló que con esa estrategia procesal el expresident intenta "alcanzar la fecha de junio de 2024 sin posibilitar que efectivamente se reclame la cooperación jurisdiccional de otros países", pues entonces "decaerá el suplicatorio solicitado por este instructor al actual Parlamento Europeo del que forman parte".