Puigdemont insta al Supremo a anular la orden de detención contra él: "La UE no puede cumplir su misión"

Carles Puigdemont pretende hacer valer su inmunidad para que el Tribunal Supremo (TS) deje sin efecto la orden nacional de busca y captura que mantiene en vigor contra él, que tacha de "radicalmente nula", ante lo que considera "imputaciones fantasiosas" que atribuye a una "mera ensoñación" del magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del "procés".

En el recurso de apelación contra la decisión de Llarena de procesarle por malversación agravada y desobediencia -tras la reforma penal que eliminó la sedición-, su defensa vuelve a cuestionar la competencia del Tribunal Supremo para investigarle así como la imparcialidad del instructor, y se presenta como supuesta víctima de una "persecución política"

El abogado del expresidente de la Generalitat, Gonzalo Boye, insta a la Sala Penal del alto tribunal a plantear a la Justicia europea una batería de cuestiones prejudiciales sobre el alcance de su inmunidad y la competencia del Supremo en la causa del "procés". El letrado reclama asimismo el "levantamiento de la medida cautelar de prisión".

"Es evidente que la Unión Europea no puede cumplir su misión -asegura- si un diputado al Parlamento Europeo, que de conformidad con el Tratado de la Unión Europea representa a los ciudadanos de la Unión, se enfrenta al riesgo de ser detenido si visita su circunscripción electoral".

"No ha existido malversación"

El expresident niega que haya cometido el delito de malversación que le atribuye Llarena. "No ha existido malversación porque en ningún momento se ha actuado ni con ánimo de lucro", insiste, "ni mucho menos desviado dinero público a fines distintos de los públicos". Porque la defensa de Puigdemont defiende que "cualesquiera gastos que se hayan podido cometer, ninguno acreditado", se llevaron a cabo "siempre en función del interés público cuya gestión le fue encomendada" por el "mandato popular expresado en las elecciones de las cuales resultó vencedor".

El recurso denuncia la "construcción de una causa penal notoriamente infundada" para apartar a Puigdemont de la actividad política, sometiéndole "a largas penas de prisión", lo que tilda de "persecución política impropia de un Estado de Derecho" construida, según afirma, en base a "imputaciones fantasiosas". El abogado de Puigdemont se queja de que al líder independentista le han sometido "a un castigo ejemplar, incluso antes del juicio" y recuerda las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas en 2019, que vio "arbitraria" la prisión de Oriol Junqueras.

La defensa del expresident también carga contra la orden nacional de busca, captura e ingreso en prisión dictada por Llarena, que considera "radicalmente nula", al igual que "todas las actuaciones llevadas a cabo por el magistrado instructor, incluidas las resoluciones judiciales que son objeto del presente recurso de apelación, son radicalmente nulas, por haberse producido sin la autorización previa del Parlamento". Esas órdenes de detención, asegura, "pretenden una restricción indebida del derecho de representación política".

"Se ha utilizado la vía penal -denuncia- para perturbar el funcionamiento del Parlamento Europeo, alterando la composición que al mismo dio la voluntad popular de los ciudadanos de la Unión expresada en las elecciones del pasado 26 de mayo de 2019".

Achaca al Supremo "detenciones arbitrarias"

El letrado -que pide a la Sala la celebración de una vista para exponer sus argumentos ante el tribunal- asegura en el recurso que en los últimos cinco años el Supremo "ha avalado detenciones arbitrarias con una finalidad de persecución política", pretendiendo erigirse como "un verdadero Consejo de Guardianes para determinar, sin necesidad siquiera de enjuiciamiento previo, quién tiene derecho a resultar electo o a ejercer cargos de representación política".

La defensa del líder soberanista mantiene que tras la resolución de la cuestión prejudicial planteada por Llarena ante Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea "ha zanjado el tema" establecido que el Tribunal Supremo "no puede ser considerado como el tribunal establecido previamente por la Ley para conocer del presente procedimiento", al carecer -hace hincapié- de una "base legal expresa" que le atribuya esa competencia. "Cualquier otro entendimiento sólo implicará una rebeldía frente a lo dictaminado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", añade antes de denunciar una supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.