Puigdemont quiere llevar a ex ministros de Rajoy ante un tribunal de Escocia

La defensa de Ponsatí pedirá su citación como testigos en la vista de su extradición.

La próxima partida del independentismo catalán se jugará en Escocia. Tras conseguir internacionalizar el proceso soberanista –diseminando por Bélgica, Alemania, Suiza y la propia Escocia a los prófugos de la Justicia española–, el objetivo es lograr «enjuiciar» fuera de nuestras fronteras la investigación del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra los principales responsables del desafío soberanista por rebelión y malversación, que consideran una «persecución política».

En esa línea, sin ir más lejos, va la demanda de Carles Puigdemont contra el magistrado ante la Justicia belga por una supuesta falta de imparcialidad. Pero el ex president y el resto de fugados –cuyas defensas desarrollan una estrategia conjunta al margen de las distintas jurisdicciones en las que se plantean las euroórdenes cursadas por España– tienen puestas todas sus esperanzas en la vista de extradición que se celebrará en Edimburgo a partir del próximo 30 de julio para decidir sobre la entrega de la ex consellera Clara Ponsatí. Hasta el punto de que, según ha podido confirmar este periódico de fuentes próximas a Puigdemont, la defensa de la que fuera titular de Educación del Govern –que ejercen los abogados Gordon Jackson y Aamer Anwar, rector de la Universidad de Glasgow– tiene decidido ya solicitar la citación como testigos de varios ex ministros de Mariano Rajoy, entre los que se incluirían previsiblemente, según esas mismas fuentes, a la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, al ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro e incluso al que fuera titular de Interior, Juan Ignacio Zoido. Aunque la última palabra sobre su citación la tendrá el tribunal de Edimburgo encargado de resolver la petición de entrega de Ponsatí –procesada el pasado marzo por el juez Llarena por rebelión y malversación–, la defensa de la ex consellera justificará su solicitud por su responsabilidad en el despliegue policial del 1-O (en el caso de Sáenz de Santamaría, que coordinó la respuesta del Gobierno, y de Zoido) y en el control de las cuentas de la Generalitat mientras estuvo en vigor la aplicación del artículo 155 (Montoro negó el uso de fondos públicos para pagar la consulta), clave para dilucidar si se produjo la malversación, un dispendio que la Guardia Civil eleva a 3,2 millones de euros.

Pero no serán los únicos. La estrategia independentista pasa también por incluir en la lista de alrededor de 300 testigos (que formalizarán ante el tribunal escocés la primera semana de julio) al coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo policial del 1-O, e incluso a fiscales españoles de la Audiencia Nacional (el nombre del teniente fiscal Miguel Ángel Carballo es uno de los que ponen sobre la mesa) y de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en relación al documento archivado como «Más dura será la caída» que se facilitó a los medios de comunicación por error, por parte del Ministerio Público, cuando el fiscal general anunció el pasado octubre las querellas contra los responsables del «procés». La defensa de Ponsatí (y por extensión las de los restos de ex consellers y el propio Puigdemont) creen que ese desliz acredita que no están inmersos en un proceso con todas las garantías.

Las peculiaridades del sistema de evaluación de una euroorden en Escocia convierten esa vista en un proceso en sí mismo en el que se admite la proposición de prueba testifical, una circunstancia que el independentismo está dispuesto a aprovechar para convertirlo en «un juicio al juicio al proceso soberanista en Cataluña». Si finalmente el tribunal escocés avala la citación de los ex ministros del PP (a través de su cuenta de Twitter el mismo Anwar no descartó hace unos días pedir incluso la comparecencia de Rajoy), fuentes próximas a los ex consellers subrayan que «estarán obligados a acudir si no quieren que les declaren en rebeldía».