Puigdemont reclama que se suspenda el juicio contra él por los desvíos contables del 1-O

En plena negociación con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, Carles Puigdemont ha pedido al Tribunal de Cuentas que suspenda el juicio contra él -en el que también están encausados Oriol Junqueras, Artur Mas y una treintena de altos cargos de la Generalitat-, previsto para el próximo día 17, por el supuesto desvío de al menos tres millones de euros para costear el referéndum ilegal del 1-0 y la promoción del "procés" en el extranjero.

La defensa del expresident argumenta que el organismo contable no puede juzgarle por los mismos hechos por los que sigue investigado en el Tribunal Supremo, porque eso vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías. Según expone su abogado, Gonzalo Boye, esa causa penal todavía abierta "hace inviable resolver sobre posibles responsabilidades contables" al líder de Junts "sin que antes haya sido resuelto en vía penal" dado que, insiste, se trata de "un elemento previo necesario" para la declaración de esa presunta responsabilidad contable con la que ""está directamente relacionada".

Para el líder independentista resulta "notorio" que la sentencia del "procés" de 2019 "no puede servir de base para atribuir hechos" al expresident y sus dos antiguos consellers Antoni Comín y Clara Ponsatí ni para "la determinación de la eventual responsabilidad contable, sin manifiesta vulneración de su derecho a la presunción de inocencia".

Puigdemont señala que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) estipula que la existencia de "procesos paralelos sobre los mismos hechos" vulnera el derecho a la presunción de inocencia. Y avisa de que podrían darse "resoluciones contradictorias entre la jurisdicción penal y la contable por unos mismos hechos vulnerándose gravemente el principio de seguridad jurídica".

"Un gasto indebido"

De hecho, la defensa de Puigdemont -procesado por malversación por el "procés"- apela incluso a un posible gasto indebido de recursos públicos al asegurar que "resulta preocupante desde la perspectiva del contribuyente que se quiera continuar con un juicio de responsabilidad contable conociéndose que está pendiente aún el procedimiento penal del cual podrán o no deducirse las correspondientes responsabilidades contables". Sería, añade, "un gasto indebido de recursos públicos celebrar un juicio condenado a no poder dictarse una sentencia y que, luego, en función del resultado del procedimiento penal se tuviese que revisar todo".

Para la defensa del eurodiputado independentista, seguir adelante con el juicio le obliga a "defenderse en distintos procesos simultáneamente sobre unos mismos hechos y para la determinación de una misma responsabilidad". Porque aunque asume que ambas jurisdicciones son compatibles, matiza que eso "no quiere decir que esta actuación se pueda llevar a cabo simultáneamente".

"Repugna a los principios más esenciales del Estado de derecho, y desde luego al derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, el que dos jurisdicciones puedan conocer simultáneamente de una supuesta responsabilidad civil derivada de unos mismos hechos", se queja. Y es que, subraya, sobre una eventual responsabilidad civil en la que haya podido incurrir por su papel en el proceso soberanista en Cataluña en 2017 "está conociendo la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". Tras la eliminación del delito de sedición, el expresidente de la Generalitat está procesado por malversación agravada y desobediencia y sobre él pesa una orden de detención nacional. El instructor de la causa del "procés", Pablo Llarena, mantiene por ahora retirada la euroorden para reclamar su entrega a Bélgica porque, aunque la Justicia europea le retiró la inmunidad, aún puede recurrir esa decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La Fiscalía rebajó de nueve a tres millones los gastos

El pasado diciembre, el Tribunal de Cuentas acordó –como solicitó la defensa del también expresidente de la Generalitat Artur Mas– que Puigdemont testifique en el juicio (tendrá que hacerlo por videoconferencia, pues el juez Llarena mantiene en vigor la orden de detención nacional contra él y si regresa a España sería detenido). Y es que en el enjuiciamiento contable no es necesario que estén presentes los encausados, pues basta con que estén representados por sus defensas.

La Fiscalía, que en un principio cifró en nueve millones y medio las cantidades que habrían desviado los demandados para costear el proceso soberanista en Cataluña en 2017, rebajó posteriormente esa cifra sensiblemente, y ahora la sitúa en poco más de tres millones de euros, que la acusación que ejerce Sociedad Civil Catalana (SCC) eleva a cinco millones.

Entre los demandados se encuentran, además de Puigdemont, Oriol Junqueras y Artur Mas, los exconsellers condenados por malversación por el Tribunal Supremo –Jordi Turull (ahora enfrascado en las negociaciones con el PSOE sobre la ley de amnistía para desencallar la investidura de Pedro Sánchez), Raül Romeva y Dolors Bassa– y los también exintegrantes del Gobierno de Puigdemont Toni Comín y Lluís Puig, al igual que él refugiados en Bruselas.