¿Qué esconde Marlaska? Se niega a entregar las auditorías sobre el acuerdo de equiparación de policías y guardias civiles

Hasta en cinco ocasiones el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska se ha negado a entregar el expediente con todas las actas, informes de auditorías, así como cuanta documentación de relevancia se confeccionó y aprobó en las reuniones celebradas durante el polémico Acuerdo de Equiparación Salarial firmado el 18 de marzo de 2018 entre este ministerio, los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil existentes en ese momento.

“Como esta asociación no existía en aquel momento hemos solicitado las actas y el resto de informaciónpara comprobar qué se ha cumplido y qué se firmópor parte de los entonces representantes de los guardias civiles”, relata el secretario general de la asociación profesional de guardias civiles Jucil, Ernesto Vilariño. Un año sin respuesta alguna por parte de Grande-Marlaska que ha terminado en los tribunales.

Y es que esta asociación ha logrado que sea la Justicia quien reclame al ministro del Interior el expediente con todas las actas, informes de auditorías, La petición del expediente, ahora a través de la jurisdicción contencioso-administrativa, hace especial hincapié en que se remitan al juzgado las actas de las reuniones previas al acuerdo “relacionadas con la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el resto de policías autonómicas; así como el resultado de la Consultoría externa que se comprometió la Secretaría de Estado de Seguridad a contratar”, indica la petición.

Una equiparación que no ha sido real

Desde Jucil apuntan que su asociación nace, precisamente, "por el desasosiego y el malestar creado entre los guardias civiles al comprobar que aquella prometida equiparación de salarios con otros cuerpos policiales no ha sido real”. Ante la ocultación de Grande-Marlaska y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, han decidido acudiar al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo para que sean los tribunales quienes reclamen estos expedientes, y de este modo, explica Vilariño, "podamos conocerlos y, a partir de ahí serán nuestros servicios jurídicos quienes decidansi iniciamos una demanda por los incumplimientos que consideramos que se han producido y que perjudican a miles de guardias civiles y de policías nacionales”.

Fue a finales de 2021 cuando se presentó la solicitud inicial de todas las actas ante el Ministerio del Interior. Transcurridos dos meses, en marzo de 2022 y ante el silencio del ministerio, Jucil presentó una reclamación con carácter potestativo a la que tampoco contestaron. En julio de ese año se elevó una solicitud de expedición de certificado de silencio administrativo que tuvo respuesta a través de la Secretaría de Estado de Seguridad en la que se informó que la solicitud inicial había sido resuelta supuestamente mediante una resolución expresa en el Portal de Transparencia. Este procedimiento se ha repetido de nuevo hasta que a finales del año pasado se decidió la interposición de un recurso ante el Juzgado Central contencioso-administrativo. El tribunal ha decidido así solicitar a la Administración pública la entrega del expediente reclamado por esta asociación de guardias civiles.