Después de la muerte de Franco, un grupo de políticos de altura encauzaron el país hacia la democracia. Su tarea no fue fácil, la amenaza de un golpe de Estado, el temor a que surgiesen movimientos revolucionarios que volviesen a enfrentar a los españoles y la firme voluntad de que España tuviese un sistema político homologable a las democracias europeas, les hicieron sortear numerosas dificultades hasta que cristalizó la Constitución de 1978.

Los líderes supieron estar a la altura histórica de las circunstancias. Los herederos del régimen renunciaron al control político que ostentaban con la dictadura y los republicanos aceptaron la Corona y la bandera a cambio de un régimen de libertades.

La legalización del PCE fue una prueba de fuego que superó el gobierno de Adolfo Suárez y la victoria del PSOE en 1982 fue el final de la Transición y la consolidación del sistema democrático. Se podrían haber hecho las cosas de manera diferente, pero ninguna hubiera sido mejor.

Ayer se celebró el aniversario de la Constitución y, como todos años, distintos medios de comunicación e instituciones miden la salud de la Constitución en virtud del apoyo de la sociedad española a la ley fundamental.

El resultado de este año es que la aprobación del texto constitucional ha caído 10 puntos y, en tan solo dos años, ha pasado de ser respaldada por más del 60% de los españoles a tan solo el 48,4%.

Los que más desafecto muestran son Sumar y Podemos, herederos directos del 15-M y que iniciaron un proceso de demolición de la transición y de los pilares sobre los que se construyó nuestra democracia.

También los votantes de Vox se muestran discrepantes con el texto constitucional. Ambos extremos coinciden, incapaces de renunciar a sus máximos y, por tanto, de encontrar consensos generales.

La polarización y el desprestigio de las instituciones, resultado de anteponer los intereses personales y la coyuntura a la cohesión del país han hecho su trabajo y, en eso, el PSOE ha tenido especial responsabilidad.

Sánchez ha alimentado a la extrema derecha para movilizar al electorado socialista que hubiera dejado de votarle si no fuera por el miedo a que Vox forme parte del gobierno.

No existe ninguna razón democrática para que Sánchez siga en el poder, pero sí existen varios motivos por los que debería dejar de ser presidente.

El primero es la falta de legitimidad política para seguir en el gobierno. En España, al presidente no lo eligen los ciudadanos, sino que son los diputados quienes lo hacen en el Congreso.

Si el presidente pierde la confianza de la Cámara, ha perdido la legitimidad y, por tanto, se está manteniendo en el poder aferrándose a la legalidad, cuestión que es condición necesaria pero no suficiente.

Es obvio que Sánchez ha perdido tal confianza. No se somete a una cuestión de confianza porque la perdería y sus apoyos parlamentarios son cada vez más escasos aunque se arrastre por las moquetas de Palacio humillándose para que Puigdemont le levante el castigo.

En segundo lugar, la corrupción política que ha anidado en la forma de gobernar. Reformas legislativas y leyes dictadas por el independentismo que debilitan el Estado, para conseguir sus votos en el Congreso, la interferencia en el Poder Judicial, el dotar a Bildu de un papel determinante en la gobernabilidad o el ninguneo hacia el legislativo, anulando de facto su función de control, son solo algunos ejemplos.

La tercera razón es la corrupción económica. Pedro Sánchez rompió la norma no escrita de que la fuerza más votada gobierna el país. Con tan solo 85 diputados forzó una moción de censura en la que se mezclaron independentistas, nacionalistas, izquierda populista y los herederos de ETA. El argumento fue que en el PP anidaba la corrupción económica.

El PSOE tiene dos secretarios de organización que han ingresado en prisión, la esposa y hermano del presidente investigados y el fiscal general del Estado condenado, pero la argumentación ha cambiado y, ahora, los jueces y magistrados actúan en connivencia con la derecha y los casos de Cerdán y Ábalos son dos hechos aislados.

Atendiendo a esas tres cuestiones, resulta inverosímil que Sánchez siga siendo presidente, pero es aún más increíble que el Partido Socialista no haya tomado cartas.

Los dirigentes de las 17 federaciones socialistas regionales y los miembros del Comité Federal se encuentran ante la disyuntiva histórica de promover un cambio de liderazgo en el PSOE o ser corresponsables de lo que está ocurriendo.

A los militantes socialistas les puede suceder como a aquel viandante que se encontró una rana situada encima de un poste y, perplejo, pensó en quién podría haberla puesto ahí, tan desubicada de su lugar natural. Tampoco tenía claro la razón por la que estaba allí para, a continuación, llegar a la conclusión de que no duraría mucho y que no debía subirse al poste para bajar a la rana de allí y ponerla en su sitio.

Sin embargo, Sánchez lleva más de 7 años en la Moncloa, dañando al país porque nadie pensó que llegaría y, mucho menos, que duraría.