Queja de Puigdemont en el TJUE: quiere que se investigue la filtración de las alegaciones de la Comisión Europea sobre la "autoamnistía"

Carles Puigdemont ha presentado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una queja formal por la filtración de las alegaciones de la Comisión Europea en las que cuestiona la Ley de Amnistía y la tacha de "autoamnistía" en el marco de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas, que considera que la polémica norma va en contra del derecho de la Unión.

Según ha podido saber LA RAZÓN, la defensa del líder independentista -que al igual que más de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat está encausado por el desvío de fondos públicos para financiar el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y la promoción del proceso soberanista en el extranjero- ha formalizado esa queja ante lo que considera una vulneración de las normas del procedimiento de la cuestión prejudicial, por lo que ha instado al TJUE a "investigar y sancionar" esa supuesta vulneración.

En sus alegaciones, contra cuya divulgación se pronuncia el expresidente de la Generalitat, la Comisión Europea asegura respecto a la amnistía que "no parece que responda efectivamente a un objetivo de interés general" reconocido por la Unión sino que "parece constituir una autoamnistía" por formar parte de un acuerdo político para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. "Los votos de sus beneficiarios", dice, han sido "fundamentales" para la aprobación parlamentaria de la ley, que "es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España". En este sentido, apunta que es contrario al principio del Estado de Derecho que un Gobierno garantiza "la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario".

Sus reparos a la norma se extienden también a la tramitación "por vía de urgencia" de la ley, sorteando "importantes informes de órganos consultivos", en dirección opuesta a las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que abogó por que se destinara el "tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con un espíritu de cooperación leal entre las instituciones estatales, así como entre la mayoría y la oposición, con el fin de lograr la reconciliación social y política". Obviando también una aprobación por "una mayoría cualificada superior".

La vista, el 15 de julio

En esas alegaciones -que el TJUE deberá valorar en la vista que ha convocado el próximo 15 de julio sobre la amnistía- también se alude a que la amnistía "ha ahondado una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española".

La Comisión Europea, sin embargo, descarta que el proceso independentista haya afectado a los intereses financieros de la UE, pues no ve "un vínculo suficiente" entre estos y "las actividades ilegales que tengan por objetivo la secesión de una parte del territorio de un Estado miembro".

Sus críticas al texto legal van más allá y se refieren igualmente al plazo "imperativo" de dos meses que fija para aplicar la amnistía, "que no permite la suspensión de dicho plazo en caso de que el órgano jurisdiccional nacional considere necesario plantear una petición de decisión prejudicial". De esta forma, advierte la Comisión, "podría impedir" que jueces y tribunales "examinen adecuadamente los asuntos en cuanto al fondo", ejerciendo así "una presión indebida sobre dichos órganos jurisdiccionales a la hora de juzgar" y, por tanto, "socavando su capacidad para garantizar la plena aplicación del Derecho de la Unión y proporcionar una tutela judicial efectiva".