Querella contra Conde-Pumpido por prevaricación en la amnistía

Iustitia Europa ha presenta una querella contra el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, por prevaricación en la tramitación de los recursos contra de la amnistía y piden, en ella, que se suspenda la celebración este próximo martes del pleno del TC votará la abstención del magistrado y exministro socialista Juan Carlos Campo.

El partido político que lidera el letrado Luis María Pardo y también ejerce de acusación en los casos "Koldo", "Begoña Gómez" y "David Sánchez", lleva a Conde-Pumpido ante el Tribunal Supremo, competente para juzgarle, por intervenir como ponente, a pesar de "su recusación" por parte del PP, en la resolución de la abstención del magistrado Campo en los recursos de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía presentados por los de Feijóo y varias comunidades autónomas.

Al presidente del TC, "habiendo sido recusado", se le "ha sido designado" para la deliberación y ponencia de la citada abstención de Campos, lo que denuncian como una "clara violación de la imparcialidad que debe regir en todo procedimiento judicial".

Ya que, exponen citando la jurisprudencia del Supremo, se "ha señalado en múltiples ocasiones que la actuación de un juez o magistrado recusado en un asunto del que ha sido apartado constituye una resolución injusta y arbitraria".

En el caso de un magistrado recusado como Conde-Pumpido, la prevaricación administrativa podría aplicarse habiéndose "evaluando si su intervención indebida en la causa puede interpretarse como un acto arbitrario dentro de la función pública"

Como medida cautelar, reclaman que se suspenda de manera "imediata" el pleno del Constitucional con el que se comenzará el proceso para la tramitación de los recursos de inconstitucionalidad contra la polémica medida impulsada por el PSOE.

Sostiene Iustitia que "la participación de Conde-Pumpido en las deliberaciones compromete la imparcalidad del Tribunal y podría generar perjuicio irreparable para el sistema judicial y la democracia" al ser una norma "con los más graves y controversiales efectos constitucionales y jurídicos desde 1978".

Un "precedente muy peligroso" a evitar y que, según defiende Pardo, debería ser el propio Constitucional que preside el querellado quien "garantizase la independencia de todos sus magistrados".

En cualquier caso la advertencia que trasladan ahora con esta acción penal contra Conde-Pumpido es que cualquier fallo que sea emitido con la participación de un magistrado que haya sido recusado, como creen que ocurre en este caso, "será considerada nula".