Querella del PP contra el fiscal general por el ascenso de Dolores Delgado

El Partido Popular tiene previsto presentar hoy mismo en la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) una querella contra el fiscal general del Estado por proponer el ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal de su antecesora Dolores Delgado, un nombramiento que según los populares incurre en un delito de prevaricación.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo considera «arbitraria» esa designación y recuerda que el Tribunal Supremo ya apreció «desviación de poder» en la misma. Según destaca, García Ortiz «en base, a buen seguro, a promesas anteriormente hechas» –«no se puede olvidar», recalca, que Delgado «le nombró fiscal jefe de la Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado»– propuso el ascenso de la exministra de Justicia, «su anterior jefa», en contra del criterio del Consejo Fiscal, a la categoría de fiscal de Sala con su nombramiento como fiscal Togada del Tribunal Supremo, convocatoria que, incide el PP, «se había gestado» cuando Dolores Delgado era fiscal general del Estado.

La querella subraya que los hechos denunciados fueron «enjuiciados en sede contencioso administrativa», dado que en noviembre del pasado año el Tribunal Supremo concluyó «que existía desviación de poder en la propuesta realizada» por García Ortiz al Gobierno de Pedro Sánchez para el nombramiento de su antecesora.

Los populares inciden en que su designación es «arbitraria y contraria al informe del Consejo Fiscal», por lo que el comportamiento de García Ortiz «reviste la apariencia de un delito de prevaricación», que recoge el artículo 404 del Código Penal.

En su argumentación, asegura respecto a «las declaraciones» del fiscal general para justificar el nombramiento que «no cabe ninguna duda (el mismo lo reconoció así ante el Consejo Fiscal) que conocía cuando propuso a Dolores Delgado» como fiscal de Sala de lo Militar del alto tribunal que ese nombramiento «carecía de respaldo legal».

Y hace hincapié en que, aunque formalmente la designación fue acordada por el Consejo de Ministros, «no cabe ninguna duda» de que la proposición de García Ortiz «tenía carácter decisivo».

"Debería haberse abstenido"

Para el PP, el hecho de que el fiscal general se apartase del criterio mayoritario del Consejo Fiscal, que respaldó a otro candidato, pese a que ese posicionamiento no sea vinculante, «confirma la arbitrariedad de la proposición». Lo hizo, además –añaden los populares– «sin ningún esfuerzo argumentativo, sin respaldo normativo y sobre la base de unos argumentos ajenos a la jurisdicción correspondiente, basados exclusivamente en su obstinación personal». La propuesta, afirman remitiéndose a una sentencia del Supremo de abril del pasado año, «se basa en la tergiversación del derecho aplicable y este ha sido reemplazado por la voluntad del funcionario».

La denuncia tampoco pasa por alto que García Ortiz, se queja, «debía haberse abstenido ya que como reconoció ante el Consejo Fiscal» le unía a Dolores Delgado «una relación de afecto» y estaba en deuda con ella «en todos los sentidos».

En definitiva, concluye la querella, la propuesta efectuada por el fiscal general proponiendo a Dolores Delgado como fiscal Togada, consumando su ascenso a la máxima categoría de la carrera, es un acto «susceptible de ser calificado en sí mismo constitutivo de un delito de prevaricación» porque esa designación «tenía por objeto pagar una deuda de gratitud y propiciar que la anterior fiscal general del Estado se reincorporará a la carrera fiscal en la más elevada categoría» aunque no exista «previsión legal para ello».

Su propio nombramiento, recurrido

Al margen de este nombramiento ya anulado, el Tribunal Supremo debe pronunciarse aún sobre otra decisión de García Ortiz que afecta a Dolores Delgado: su designación posterior como fiscal de Memoria Democrática, que fue recurrida por la mayoritaria Asociación de Fiscales.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) recurrió el pasado viernes en el Tribunal Supremo el nombramiento de García Ortiz como fiscal general del Estado. Tras recalcar que el Estado de derecho ha de mantenerse sobre un Ministerio Fiscal «independiente del Gobierno y sometido únicamente al imperio de la ley», APIF aseguraba que con su designación se traslada a la ciudadanía que el fiscal general «queda dentro o en la órbita del Ejecutivo». Según su criterio, por las actuaciones que ha llevado a cabo García Ortiz en los últimos meses «no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas el fiscal general».

Para la asociación, el Gobierno, que le designó en contra del criterio (que no es vinculante) del CGPJ, no ofreció «una explicación muy razonable y convincente para mantener la propuesta del candidato elegido».