Una querella por genocidio contra diez exjefes de ETA sortea la prescripción de sus crímenes

Una querella presentada en la Audiencia Nacional cuestiona la prescripción de la práctica totalidad de los asesinatos de ETA. La denuncia de la Asociación Española contra la Impunidad (AECI) -a la que ha tenido acceso LA RAZÓN- pide al magistrado Manuel García Castellón que investigue a diez exjefes de ETA por tentativa de genocidio en relación al asesinato, el 20 de agosto de 2000 en Sallent de Gállego (Huesca), de los agentes José Ángel de Jesús e Irene Fernández, la primera guardia civil víctima mortal de la banda terrorista.

La Audiencia Nacional ya rechazó en 2015 perseguir a varios exdirigentes de ETA por genocidio, reduciendo la investigación al delito de lesa humanidad (y solo por crímenes cometidos a partir del 1 de octubre de 2004, cuando entró en vigor en España).

Entonces, la Sección Cuarta de lo Penal no atendió los argumentos de Dignidad y Justicia (DyJ), la Fundación Luis Portero y el padre del guardia civil Luis Salvá, asesinado por ETA en 2009, y ratificó la decisión del juez Juan Pablo González y de la Fiscalía, al descartar la existencia de una persecución contra un determinado grupo nacional, racial, étnico o religioso. La Sala concluyó que no era posible identificar a las víctimas de ETA como un "grupo nacional", porque "comparten la nacionalidad" con los terroristas.

El precedente de 2015

Ahora, la denuncia del presidente de AECI, el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias -que ha impulsado la batería de querellas de la asociación que preside Daniel Portero contra los exjefes etarras-, intenta sortear los reparos jurídicos del tribunal a través de dos vías.

Por un lado, no imputa a los exjefes de ETA -Ignacio Gracia Arregui, "Iñaki de Rentería"; Javier García Gaztelu, "Txapote"; Juan Antonio Olarra Guridi; Ainhoa Múgica; Asier Oyarzábal, "Baltza"; Juan Carlos Iglesias Chouzas, "Gadafi"; Mikel Albisu, "Mikel Antza”; Vicente Goicoechea, "Willy"; Ramón Sagarzazu, "Ramontxo"; y María Soledad Iparraguirre, "Anboto"- un delito consumado de genocidio, como sucedió en 2015, sino dos asesinatos terroristas en concurso y conexidad con una tentativa de genocidio. Y, además, focalizada no en un colectivo nacional, sino en el "liderazgo político, intelectual, social, empresarial" de un determinado grupo (en el que encuadra los 219 asesinatos de guardias civiles y sus familiares contabilizados).

La denuncia incide en que el propio Consejo de Seguridad de la ONU, en un informe de 1992, estipuló que "el exterminio del personal policial y militar" deja al grupo "indefenso contra otros abusos de naturaleza similar", sobre todo "si el liderazgo también está siendo eliminado", considerando ese paso -subraya el denunciante- "un fuerte indicio" de la existencia de "una política de genocidio ya en sus primeros estadios de desarrollo".

La fecha clave: 24 de mayo de 1976

Para el presidente de AECI ningún asesinato de ETA posterior al 24 de mayo de 1976 ha prescrito, porque ese mismo día de 1996 nuestro ordenamiento estableció el carácter imprescriptible del delito de genocidio (15 años antes, por tanto, de que en 2010 se acordara que los crímenes de ETA no prescriben), que ya estaba en vigor desde 1971 pero hasta entonces con un plazo de prescripción de 20 años. Con ese criterio, defiende el letrado, 327 de los 379 crímenes de ETA todavía sin resolver se podrían reabrir.

El letrado esgrime la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que "no cabe apreciar la prescripción aislada del delito instrumental" (en este caso los asesinatos terroristas) mientras no prescriba el delito más grave o principal" (la tentativa de genocidio).

Los asesinatos de la banda terrorista -defiende- "eran un medio para llevar a cabo una más amplia política de genocidio" basada -hace hincapié- en "asesinatos y masacres" de esa parte "cualificada" de las víctimas y en la "paralela persecución y eliminación" de sus miembros, "singularmente y como primer objetivo de la Guardia Civil", como forma de "debilitar la protección del grupo perseguido".

ETA atenta en Sallent de Gállego, apunta la denuncia, "como parte de una larguísima cadena anterior" de asesinatos "selectivos" y masacres "contra los hombres y mujeres de la Guardia Civil y hasta respecto de sus propias familias". Así, recuerda, ETA ha asesinado a lo largo de su historia al menos a 200 agentes del Instituto Armado, dentro de la política criminal de las sucesivas Zubas o comités ejecutivos de la banda, a 15 menores de edad familiares de agentes (entre marzo de 1980 y el 8 de agosto de 2022, con el atentado de Santa Pola en el que perdió la vida la pequeña Silvia Martínez, de seis años), y a cuatro esposas de agentes (en los atentados contra las casas cuartel de Zaragoza, en 1987, y Vic, en 1991. Eran, dice la asociación denunciante, "órdenes en blanco" de la cúpula etarra de asesinar guardias civiles siempre que hubiese ocasión".

"Cacería" contra la Guardia Civil

¿Y qué sucede con los 52 asesinatos de ETA anteriores a ese 24 de mayo de 1976? La AECI apunta que la vía de la imprescriptibilidad "resulta igualmente debida en tanto que España ya había ratificado la Convención de Ginebra del delito de Genocidio, y la había publicado internamente en su BOE el 9 de Febrero de 1969". Fuera de esa lista deja no obstante el letrado el asesinato del taxista Fermín Monasterio, primera víctima civil de ETA, cometido el 9 de abril de 1969 en Arrigorriaga (Vizcaya), pues faltaba aún año y medio para que entrara en vigor en nuestro país el delito de genocidio.

Antes incluso de la ratificación en España de la Convención del Genocidio ya se habían producido los dos primeros asesinatos de ETA, el del guardia civil José Antonio Pardines, el 7 de junio de 1968 en Villabona (Guipúzcoa), y el del inspector de Policía Melitón Matanzas, el 2 de agosto de 1968 en Irún.

Para la asociación denunciante, "seguir orillando" la imprescriptibilidad de todos esos asesinatos de ETA dejando "toda esta tentativa punible de una auténtica política de genocidio de ETA en la impunidad" solo redunda en beneficio de los miembros de la Zuba y en "completo perjuicio de todas sus víctimas".

La AECI solicita a la Audiencia Nacional que solicite a la Guardia Civil una batería de informes, para determinar, entre otras cuestiones, la "composición nombre a nombre de toda la estructura de mando de ETA" en el momento de los hechos, su modus operandi, una estimación de los miembros de la cúpula de ETA en esas fechas y de sus integrantes a lo largo de su actividad criminal (más de 7.000, según la asociación querellante), el listado de asesinatos de guardias civiles y familiares a manos de la banda terrorista y la relación de atentados frustrados contra la Guardia Civil, para conocer así "el verdadero alcance real de la inhumana persecución y cacería desplegada contra los hombres y mujeres de la Guardia Civil".