Querella en el Supremo contra Illa por "graves irregularidades" en las compras de mascarillas cuando era ministro de Sanidad

Vox se ha querellado ante el Tribunal Supremo (TS) contra el candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, por las "graves irregularidades" en las compras de mascarillas de las que, entienden, fue responsable en su época como ministro de Pedro Sánchez.

Según señalan los de Abascal, siguiendo las órdenes del entonces ministro de Sanidad Illa se acordaron "de forma negociada, sin publicidad y prescindiendo de todo procedimiento administrativo" un total de 56 contratos por un valor que supera los 620 millones de un dinero que a priori se presume público. No descartan, de igual forma, que se acabe demostrando la financiación "irregular" de algunos con fondos europeos.

Muchos de los que, advierte la coordinadora nacional jurídica del partido, Marta Castro, tenían como adjudicatarios a empresas de las que no consta su identidad fiscal o establecimiento alguno, lo que imposibilita su identificación y localización, "hasta el punto de generar serias dudas sobre su existencia".

Castro ha especificado que las irregularidades son las circunstancias de que el material de protección frente a la Covid era defectuoso ya que fueron adquiridos de una forma muy alejada de cualquier profesionalidad ya que carecían de él los proveedores cuando firmaron los acuerdos con las administraciones españolas. Así, las empresas "se habrían asegurado el contrato y ganarían tiempo para prestar el servicio", además de "la oportuna comisión".

Le acusan de haber realizado actos de prevaricación, malversación de fondos, tráfico de influencias y fraude en las adjudicaciones concedidas por el ministerio de Sanidad "con conocimiento y autorización del ministro y por indicación" de Salvador Illa como ministro.

Alegan la responsable jurídica de la formación que Illa tenía una especial relevancia en los trámites de compra de mascarillas ya que "recibía información diaria sobre el desarrollo de estos contratos" y "participaba en una reunión entre ministerios" que se celebraran para" dilucidar todas las cuestiones relativas a estos contratos".

En la querella Vox solicita al Supremo que interrogue a Illa, y que se llame a testificar al que era director del Instituto de Salud Carlos III entre el 13 de marzo y 5 de mayo de 2020 y al director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria entre el 13 de marzo y 5 de mayo de 2020, con el objeto de llegar a identificar a la personas de las secretarías de Estado de Hacienda y de Comercio y del comité de expertos que Illa indicó en aquella época en Madrid le que le asesoraban en sus decisiones.

Pide también la testifical de Daniel Belmar Prieto, subdirector General de Planificación y Gestión de Infraestructuras del Ministerio del Interior; la directora de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, entre el 13 de marzo y 5 de mayo de 2020; el Director del ICEX, y el director de la oficina comercial de la embajada de España en Pekín, en el mismo periodo. Y, por último, de la presidente del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega.

En cuanto a las pruebas documentales, los de Abascal han pedido que se requiera al Ministerio de Sanidad para que aporte la integridad de los expedientes administrativos de los diecisiete contratos relacionados con la querella; que se libre atento oficio al Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, a fin de que se aporte al presente procedimiento copia testimoniada de la primera querella y la ampliación de la misma que presentó el partido de la derecha alternativa.

Requieren, además, que se pida al Juzgado Central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional la remisión de los informes de la UCO que aseguran están incorporados a la causa en relación con la investigación de los contratos realizados por acopio de material sanitario concretados por el Ministerio de Sanidad y de Hacienda desde el día 14 de marzo de 2020.

Defienden, asimismo, que el análisis de estos contratos aclarará qué información tenía Illa de las irregularidades, la posible implicación de otros miembros del Gobierno y del presidente Sánchez, y permitirá "depurar responsabilidades".