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¿Quién mató a Carlos y a Diego?

El atentado de Calviá en julio de 2009 es uno de los 28 atentados mortales sin esclarecer. Nadie ha sido condenado por asesinar a los dos guardias civiles

  • Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá lezaun
    Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá lezaun

Tiempo de lectura 5 min.

08 de abril de 2017. 22:09h

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Ricardo Coarasa 8/4/2017

ETA fue fiel a su largo historial de sangre y dolor ese 30 de julio de 2009. Horas después, la banda terrorista, fundada un 31 de julio de 1959, cumplía medio siglo de existencia. Un día antes, de madrugada, la organización criminal había empezado a «celebrarlo». A su manera, claro. Una furgoneta cargada con 700 kilos de amonal explosionaba junto a la casa cuartel de la Guardia Civil en Burgos. No hubo fallecidos, pero 160 personas resultaron heridas de diversa consideración. Sin muertos, no había cumpleaños para los terroristas. 48 horas después, con las vacaciones de agosto a la vuelta de la esquina y los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía a punto de llegar a la isla, la noticia de otra explosión, esta vez en Calvià (Mallorca), sobresaltó al país. Dos jóvenes guardias civiles, Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, acababan de ser asesinados por ETA al estallar su todoterreno poco antes de las dos de la tarde. Ellos cierran la lista de los 209 agentes del Instituto Armado a quienes la banda terrorista ha arrebatado la vida durante su más de medio siglo de terror (una cuarta parte de las 858 víctimas mortales de la organización criminal). Fue el último atentado mortal de ETA en España y, casi ocho años después, nadie ha sido condenado por esos hechos.

El de Calviá es uno de los 28 atentados mortales cometidos por la banda terrorista en los últimos 25 años que siguen sin esclarecerse, según consta en el último informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre investigaciones penales de atentados terroristas, firmado el pasado 16 de enero por el anterior fiscal jefe, Javier Zaragoza. En el documento se consigna que «están practicándose diligencias para identificar a los autores» aunque, a día de hoy, no se ha celebrado ningún juicio que haya llevado al banquillo a los responsables del doble asesinato.

Desde un primer momento, las circunstancias del atentado complicaron la detención de sus autores materiales y la «operación jaula» puesta en marcha de manera inmediata para impedir su huida de la isla resultó infructuosa. Durante las horas siguientes se bloquearon tanto el aeropuerto de Son Sant Joan como el puerto marítimo y los controles de carretera fueron exhaustivos, provocando atascos kilométricos. Pero, ¿estaban los terroristas todavía en Mallorca?

Si, como se pensó en un principio, la bomba lapa había sido accionada con un mando a distancia, los autores del doble asesinato no habrían podido escapar de la isla. En ese caso, lo más habitual es que intentasen permanecer varias semanas escondidos en Mallorca antes de darse a la fuga.

Pero, si como se barajó después, los etarras utilizaron un temporizador (que no activa el artefacto hasta que llega la hora programada, detonando la carga explosiva con el movimiento del vehículo), probablemente pudieron colocarlo bajo el todoterreno horas antes y encontrarse ya a muchos kilómetros del lugar del atentado cuando la bomba lapa estalló. En ese caso, la «operación jaula» de las Fuerzas de Seguridad estaba desde un primer momento condenada al fracaso. El momento elegido, además, era propicio, con el habitual trasiego vacacional de finales de julio. Y para entorpecer aún más las cosas, los etarras colocaron un segundo explosivo bajo otro vehículo de la Benemérita, éste por fortuna averiado (por lo que no se había utilizado) que los artificieros de la Guardia Civil hicieron estallar horas después.

De lo que sí están convencidas las Fuerzas de Seguridad es de que se trató de un «comando itinerante» –desplazado a la isla de forma expresa para cometer ese atentado–, cuyos miembros, según las fuentes consultadas, se integraron posteriormente en la dirección de la banda, que desde la detención en 2008 de Mikel Garikoitz Aspiazu, «Txeroki», sufrió numerosos cambios en la cúpula de su «jefatura militar». Los terroristas conocían los hábitos de los agentes del cuartel de Calviá y sabían que los vehículos se dejaban aparcados por la noche y no se movían hasta la mañana siguiente. «Tuvieron doce horas para salir de la isla», apuntan esas mismas fuentes.

Sea como fuere, ¿quién mató a Diego y Carlos? Horas después del atentado –el primero con víctimas mortales cometido en Baleares por la banda terrorista–, Interior distribuyó la fotografía de seis presuntos etarras de los que se sospechaba podían estar detrás del doble asesinato. Pero esa pista, finalmente, se esfumó y ocho años después esa pregunta sigue sin respuesta.

El padre de uno de los agentes fallecidos, Antonio Salvá, se agarra a dos nombres: Aitor Elizarán y Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, «Ata». «Elizarán sí sabe quiénes fueron los autores del atentado. Este hombre es la clave. Lo tengo clarísimo. Él era el jefe político de ETA», asegura a LA RAZÓN. «Y “Ata” fue quien dio la orden», añade con convicción. «Son las dos únicas pistas que podían haberse exprimido, pero la investigación está en punto muerto», lamenta Salvá, para quien «la entrega de armas es un camelo que no me creo en absoluto».

«Ata», detenido en Bayona (Francia) en mayo de 2010, fue juzgado el pasado año en España (tras su entrega temporal por parte de la autoridades galas) por el atentado contra la casa cuartel de Burgos cometido horas antes del de Calviá, pero la Audiencia Nacional le absolvió porque no dio por acreditado que en esas fechas fuera, como defendía la Fiscalía, el jefe del «comando Otazua» que cometió el atentado, el que, por tanto, dio la orden. En cuando a Elizarán, sí fue procesado por un delito de lesa humanidad (junto a otros cuatro ex dirigentes de ETA) en relación a cinco atentados, uno de ellos el de Calviá, pero tras presentarse voluntariamente en la Audiencia Nacional una vez cumplida su condena en Francia, la jueza Carmen Lamela lo dejó en libertad en enero del pasado año. Unos meses después, en abril, la magistrada archivó la causa ante la imposibilidad de determinar cuáles eran las «estrictas y concretas» funciones de Elizarán en la banda terrorista. La Sala de lo Penal confirmó después esa decisión y, al igual que la Fiscalía, ratificó que no hay indicios suficientes para situar al etarra «en la cúpula o en algún órgano directivo de la organización terrorista ETA», por lo que no se le puede hacer responsable del asesinato de los dos guardias civiles ni de los otros cuatro atentados por los que estaba procesado.

Cerrada, por ahora, la vía de Elizarán, la única esperanza de los familiares de las víctimas es la ansiada entrega a España de «Ata» para responder de otro asesinato sin resolver, el del ex presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad. Pero para que el terrorista pueda ser interrogado por otro sumario distinto, la Audiencia Nacional debería solicitar una ampliación de la comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) cursada a Francia, donde cumple condena, antes de que se produzca la entrega.

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