Rajoy a los barones: «Sé de dónde parte el ataque»

Ayer el PP afrontó el Comité Ejecutivo más complicado que ha vivido desde la etapa de José María Aznar. Por la expectación externa y por la importancia del mensaje que de él trascendiese y sus efectos ante la opinión pública.

Ayer el PP afrontó el Comité Ejecutivo más complicado que ha vivido desde la etapa de José María Aznar. Por la expectación externa y por la importancia del mensaje que de él trascendiese y sus efectos ante la opinión pública. Pero en clave interna la reunión sirvió para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibiese una prueba más de lealtad de su poder territorial. Especialmente significativa en un momento en el que en las filas populares cunde el desconcierto y la preocupación por el descrédito para las siglas del PP que se deriva de las informaciones sobre supuestas irregularidades de la dirección nacional en sus pagos y en su financiación.

Ayer no hubo debate y sí un rosario de intervenciones de todos los presidentes regionales, y de algún otro «pata negra», como Luis de Grandes, ex portavoz parlamentario de la etapa de Aznar. Todos con un mismo hilo conductor: cerrar filas con Rajoy y escenificar sonoramente su adhesión a su discurso y a sus decisiones.

El único matiz fue la petición de que se presentase querella contra el ex tesorero Luis Bárcenas, que defendieron el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; y la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre. La dirección no hizo suya esta demanda, al menos ayer.

En relación al debate interno, había especial expectación sobre lo que podía decir Aguirre, porque no es la primera vez que en una reunión se ha salido del discurso ortodoxo para colocar el dedo en alguna «llaga» silenciada en el mensaje oficial. Pero hasta sus palabras entraron dentro de lo que Mariano Rajoy quería y necesitaba. Aunque la ex presidenta de Madrid sí advirtió sobre la complicada situación que se está creando en la calle.

En ese argumento abundó el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, al contar una anécdota que le acababa de pasar viniendo a Madrid. Monago explicó a la cúpula del PP que se había parado a tomar un café y que una señora que estaba sentada a su lado había retirado el bolso y había dicho algo así como que «por seguridad». El líder de los populares extremeños basó en esta experiencia personal su advertencia sobre el clima de presión que se está generando en la calle contra los dirigentes del partido y sobre la necesidad de reaccionar para limpiar la imagen del PP.

Al respecto, Aguirre demandó transparencia y que la dirección repartiese entre los periodistas los documentos que se habían entregado a los dirigentes allí presentes (informe de la tesorera y contabilidad del partido desde 2004). El informe sí fue trasladado a los medios de comunicación.

Las únicas intervenciones oficiales previstas eran la de la tesorera, Carmen Navarro, y la de Rajoy. Después de la tesorera, pidió la palabra la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y también la ministra de Sanidad, Ana Mato, para defenderse ante las acusaciones, «injurias y calumnias» en su contra, que constan en un informe de la UDEF.

Por cierto, allí sentado estaba también el ministro del Interior, Jorge Fernández, miembro del Comité Ejecutivo y máximo responsable de la Policía.

Sin micrófonos

Después ya habló el presidente del Gobierno y a continuación todos los dirigentes regionales. Algunos de ellos hicieron suya la teoría de Rajoy de que detrás de las informaciones sobre supuestos sobresueldos y pagos opacos hay una campaña de desestabilización del Gobierno y contra el PP. En su discurso, abierto a los medios, el presidente dijo que no quería especular sobre quién podría estar detrás de esa «conspiración». Pero en su última intervención de cierre de la reunión, ya sin micrófonos, Rajoy sentenció ante los suyos: «La ventaja que tengo es que sí sé de dónde está partiendo este ataque».

El presidente del Senado, Pío García Escudero, se disculpó ante la Ejecutiva por haber reconocido públicamente una de las anotaciones que figuraban en los «papeles» publicados esta semana por el diario «El País», y que atribuyen a la supuesta contabilidad en B de Bárcenas. Se trata del préstamo de 5 millones que pidió tras el atentado de ETA que destrozó su casa en el año 2000.