Rajoy activará las reformas contra la corrupción a partir de septiembre

Al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le están preparando en Moncloa un detallado informe sobre el paquete de medidas por la regeneración democrática que anunció en el Debate del Estado de la Nación, a finales de febrero. Será uno de sus «escudos» para la ofensiva que le planteará la oposición el jueves en el Pleno extraordinario en el que Rajoy ha tenido que comparecer para dar explicaciones sobre el «caso Bárcenas».

Una de sus «cartas» será el anuncio de la activación inmediata, a partir del próximo mes de septiembre, de algunos de los proyectos que están incluidos en esta batería de reformas legislativas para endurecer los controles sobre los partidos y los cargos públicos, y para reforzar la eficiencia legislativa en los casos de corrupción. Ya en febrero Rajoy utilizó el anuncio de estas medidas dentro de una estrategia dirigida a poner sordina al coste del «caso Bárcenas».

Rajoy incluirá en su mensaje un llamamiento a todos los partidos a liderar juntos un proyecto de regeneración democrática, y ofrecerá diálogo y consenso para pactar estas reformas legislativas que se sostienen en la resolución que la Cámara Baja aprobó en el Debate del Estado de la Nación con el apoyo de la mayoría de los grupos, con excepción de PSOE e Izquierda Plural, que se abstuvieron.

El pasado 13 de marzo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, encargó a los ministerios de Justicia, Hacienda, Interior y Administraciones Públicas que preparasen los estudios y análisis necesarios para poner en marcha el paquete de reformas que Rajoy había anunciado en el Congreso. Los ministerios han cumplido con el encargo y los informes llegaron a Moncloa, que es quien está centralizando la coordinación y el anticipo que el presidente incluirá en su discurso del jueves. Las principales sorpresas se protegen bajo llave, conscientes de la dificultad en esta ocasión de colocar la atención en otro punto que no sea el ex tesorero del PP.

Entre las reformas en las que ha estado trabajando el Gobierno están la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos; la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas; la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público; o una nueva Ley reguladora del ejercicio de las Funciones Políticas. También perfilan una nueva reforma del Código Penal para endurecer las penas vinculadas con la corrupción y un nuevo tratamiento penal para la prevaricación, el cohecho, la apropiación indebida, la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias, los delitos urbanísticos, la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos de sus cuentas y patrimonio social, la financiación ilegal y el enriquecimiento injustificado de los cargos públicos efectivos.

Además de la complejidad jurídica inherente a reformas de tanto calado, la activación de estos cambios tiene también que superar las barreras políticas. Quizás su principal obstáculo.

Los nuevos controles y las nuevas exigencias afectan a todas las formaciones, a las nacionales, pero también a nacionalistas y minorías. Si salen adelante, el tesorero del PP y del PSOE deberán comparecer ante el Congreso de los Diputados periódicamente para dar explicaciones de la contabilidad del partido. Pero también CiU y PNV, por ejemplo, deberán explicarse ante la sede de la soberanía nacional. Lo que sin duda será planteado como una nueva injerencia en su propia «soberanía». Pasar de la teoría a la práctica es el gran reto para todas las partes implicadas.

Primeros contactos

De momento, a principios de junio la agenda de Moncloa preveía que a finales de julio podrían empezar los primeros tanteos informales al PSOE para buscar acuerdos sobre el plan contra la corrupción. Una iniciativa paralizada por la irrupción de nuevo en escena de Bárcenas, al hilo de su entrada en prisión y de las nuevas filtraciones realizadas.

Igual que ha ocurrido con la Ley de Transparencia, en la que los socialistas se han plantado en la negociación pese a los avances ya concretados, el Gobierno teme que ocurra lo mismo con este proyecto. Aun así, advierten que buscarán el acuerdo, pero que seguirán adelante con su agenda de reformas. Lo que no quita para que preocupe que el PSOE mantenga el boicot a la negociación de pactos bajo la bandera del ex tesorero.