Vuelta al 155 si Torra activa el procés

Rajoy volverá a suspender la autonomía si el futuro president regresa «con hechos» a la unilateralidad. Rivera insiste en presionar para que se mantenga la intervención vigente por el perfil del candidato.

Moncloa está a la espera de hechos. De si se hace efectiva la investidura de Quim Torra y de las decisiones que pueda tomar el nuevo Gobierno de la Generalitat. Ahora bien, la advertencia sobre la continuidad del 155 está encima de la mesa. «El 155 ya no es un artículo de la Constitución, es un precedente y un procedimiento que quedará para el futuro si fuera necesario. Y yo espero que no vuelva a ser necesario». Con esta declaración fijó posición ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el Pleno de investidura convocado para esta mañana en el Parlamento catalán. Según lo acordado por el Senado, el artículo 155 de la Constitución dejará de estar vigente en el momento en el que tome posesión un nuevo Gobierno. Para que siguiese en vigor la intervención de la Generalitat, de ser necesario, Rajoy tendría que buscar antes un nuevo acuerdo con el PSOE y con Ciudadanos (Cs) para luego someterlo al visto bueno de la Cámara Alta.

En su estrategia de presión al Gobierno, para disputarle la contundencia en la defensa del discurso constitucionalista, Ciudadanos se ha adelantado al debate con la exigencia de que se mantenga el 155. Moncloa ve precipitada esa exigencia, en el terreno de lo hipotético porque aún no ha tomado posesión un nuevo Gobierno catalán, ni tampoco hay decisiones concretas que confirmen que se mantiene la vía de la unilateralidad. Si hubiera nuevo Ejecutivo catalán y no se atuviera a la legalidad vigente, entonces se actuaría, igual que se hizo con el Gobierno de Puigdemont, para restablecer la legalidad, advierten. Ahora bien, también avisan que el candidato señalado por Puigdemont no tiene causas judiciales abiertas ni hay razón que le inhabilite de partida como presidente de la Generalitat, aunque su perfil público radical y sus primeras declaraciones anticipen que no tiene voluntad de ser el presidente de todos los catalanes ni de renunciar al conflicto con el Estado. «Una cosa son las declaraciones y otra los hechos».

Rajoy actuará desde la «responsabilidad» y consciente de que el independentismo es el «mayor ataque a nuestra soberanía nacional». Ayer clausuró la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del Diario de Cádiz, y en ese acto subrayó que «los mecanismos que tuvimos que desarrollar para responder al desafío nos refuerzan de cara al futuro».

«Es necesario que el Parlamento catalán elija a un presidente legal, que se ponga en su sitio y gobierne con normalidad. Es necesario imponer la sensatez, el sentido común y la legalidad. Hay que seguir hablando», añadió el presidente del Gobierno.

Moncloa reclama prudencia, sin renunciar a la «total determinación», pero también defiende la necesidad de mantener la unidad del bloque constitucionalista, «y no actuar en función de intereses partidistas». «Utilizar el independentismo para buscar un rédito electoral es un grave error para España y para el que lo hace». Implícitamente la alusión es a Ciudadanos, a quien en el mensaje oficial no levantan la voz pese a que internamente carguen, por «profundamente desleal», contra su comportamiento con respecto a Cataluña y al 155. La búsqueda de la unidad es la que le obligó «a negociar y ceder» en el pasado para decidir el ámbito de intervención de la Generalitat, recordó ayer Rajoy, antes de subrayar: «Tomamos la decisión juntos y haré cuanto esté en mis manos para mantener el consenso».

Moncloa confía en que las causas penales abiertas condicionen las decisiones ejecutivas del nuevo Gobierno de la Generalitat, si llega a tomar posesión, de la misma manera que ha condicionado las decisiones del nuevo presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, hasta ahora. Evidentemente, el perfil de Quim Torra no deja margen para que haya confianza en un entendimiento político ni en la negociación, por ejemplo de la financiación autonómica, pero al mismo tiempo también creen que se lo pensarán antes de dar pasos en falso que conlleven problemas penales. «Los independentistas han comprobado que la primera obligación de los dirigentes es respetar la ley. En España se pueden defender todas las ideas pero dentro de la ley, porque si no se rompe la convivencia y la civilización», concluyó el jefe del Ejecutivo.

Después de haber dado por roto su acuerdo con el Gobierno sobre la aplicación del artículo 155, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, reclamó, sin embargo, ayer al PP y al PSOE seguir «juntos» para mantenerlo vigente hasta que haya una declaración «explícita» del próximo presidente de la Generalitat de que pone fin al «procés» y respeta la ley. «Hoy, con más razón, con la propuesta de Torra no podemos levantar el pie de la Constitución ni mirar hacia otro lado».