Rajoy apela a la presunción de inocencia

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha expresado su respeto a las decisiones judiciales en relación con la imputación de la Infanta, al tiempo que ha subrayado que respeta igualmente el principio sobre la presunción de inocencia.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cortó ayer por lo sano los pronunciamientos bajo cuerda de miembros de su Gabinete o incluso con micrófono delante, como fue el caso del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo –«beneficiar, no beneficia a la Marca España»–, apuntando a la preocupación del Ejecutivo por las consecuencias institucionales de la imputación de la Infanta Cristina.

El jefe del Ejecutivo eludió hacer especulaciones sobre el coste o el futuro de este delicado asunto, ciñendo su pronunciamiento a la afirmación de que el Gobierno respeta las decisiones judiciales y la presunción de inocencia.

Sólo introdujo la precisión de que al hablar de decisiones judiciales alude a la resolución sin precedentes del juez José Castro de citar a la hija del Rey en los Juzgados de Palma. Pero también se refiere a la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de recurrir ante la Audiencia de Palma esa resolución. El Gobierno respetará lo que finalmente acuerde este tribunal.

Al ser preguntado en concreto por la «preocupación» de su Ejecutivo, Rajoy subrayó que esto no es una cuestión de estado de ánimo. Y también negó que esté barajándose la adopción de medidas excepcionales para mejorar la imagen de la Corona y poner un dique a las consecuencias de la imputación de la Infanta. «No hay previsto hacer nada», contestó al ser interrogado por la posibilidad de que Doña Cristina pierda sus derechos dinásticos o por la regulación de la Ley Orgánica que prevé la Constitución para desarrollar la abdicación del Monarca.

En cuanto a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, en trámite en el Congreso, indicó que «lo más razonable» es que la regulación de la Casa Real sea similar a la que hay en el resto de la Unión Europea. Lo último que se ha conocido al respecto es que el Ejecutivo estaba trabajando para que la Ley de Transparencia sí afectase a todas las partidas y cuestiones que tocan a la Casa Real y que dependen de los Presupuestos o de decisiones de los distintos Ministerios.