Rajoy bajará impuestos y no hará cambios en el PP hasta las generales

El programa marco autonómico incluye una llamada a los ciudadanos sobre las nuevas fuerzas políticas porque está en riesgo «destruir» lo que «con tanto esfuerzo hemos construido»

El programa marco autonómico del PP, con el que se presentarán todos sus candidatos a las elecciones de mayo, incluye una significativa apelación a los ciudadanos para que no voten a algunas de las nuevas fuerzas que se presentan en estos comicios porque está en riesgo de «destruir» lo que «con tanto esfuerzo hemos construido». No es habitual que en un programa electoral se incluyan advertencias sobre los riesgos del voto al adversario, esto queda para los mítines y el discurso político. Pero en este documento hay un aviso que no apunta de manera directa a ninguna sigla, aunque, inevitablemente, lleva a pensar en Podemos y en Ciudadanos. «Apelamos a la conciencia de todos los ciudadanos para desoír populismos, cantos de sirena, soluciones demagógicas, reclamos y eslóganes propios del oportunismo político, que sólo contribuyen a la destrucción de lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido», señala el texto.

El PP pide también el voto con un claro posicionamiento respecto a la ofensiva soberanista de Artur Mas y ERC. Así, la advertencia de votar a «populismos» enlaza con una firme defensa de la Constitución y del modelo autonómico, como garantía de autogobierno de las comunidades, de cohesión social y de bienestar. Hay una reivindicación expresa, también significativa, de las figuras de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I, de Su Majestad el Rey Felipe VI, y de Adolfo Suárez, «sin cuya inteligencia y sin cuyo patriotismo nada de esto habría sido posible».

«España necesita más que nunca la Constitución de 1978. Y nosotros queremos ponerla nuevamente en valor». En materia autonómica, su programa incluye revalorizar las conferencias sectoriales y abordar la reforma de la financiación autonómica, que ya iba a entrar en la agenda de esta legislatura, sin llegar a nada. Hacienda creó hasta un grupo de trabajo, que rebajó durante un tiempo la presión territorial, pero no ha habido avances porque, como desde un principio reconocían desde el Gobierno fuera de micrófono, no había margen, dinero, para abrir esta pelea regional bajo el añadido de la presión de la amenaza secesionista catalana.

El blindaje del marco constitucional va unido, a su vez, a un reconocimiento expreso del malestar de la ciudadanía con los escándalos de corrupción y con el descrédito de algunas instituciones por la falta de ejemplaridad. El PP, que es consciente del daño que le han hecho algunos de los casos que les han afectado directamente, aprovecha su documento programático para expresar su compromiso con la regeneración democrática e incluye un paquete de medidas en esta materia que van en la línea de adaptar a la Administración autonómica las reformas impulsadas en el Congreso para mejorar el control de los altos cargos de la Administración General del Estado. Sin llegar a plantear un cambio en el sistema electoral, ni listas abiertas, una bandera que levanta la izquierda y que han empezado ya a agitar algunos de sus dirigentes territoriales, como el candidato de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, el PP sí habla de que «la regeneración política es una exigencia democrática de primer orden y exige la profundización en el sistema de la democracia representativa».

En el programa defienden un nuevo tiempo para la política y se comprometen a dirigir sus Gobiernos al impulso de una nueva «agenda social». Otro gesto para corregir el desgaste que han sufrido sus siglas en esta legislatura por las consecuencias sociales de la crisis y de los ajustes del gasto público.

El PP utiliza precisamente como aval de sus promesas autonómicas los resultados de la política económica de Mariano Rajoy. No se esconde esta gestión, sino que se pone como ejemplo. «Hemos recuperado la confianza necesaria para generar estabilidad, inversión y puestos de trabajo». La receta autonómica para consolidar el crecimiento incluye menos impuestos, con la revisión de los tramos autonómicos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que aumente la renta disponible de las familias; la reducción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos y entre cónyuges; y bonificaciones y reducciones para emprendedores y empresarios individuales.

También plantean de manera genérica un ajuste de las tasas autonómicas a la capacidad económica de los que deben satisfacerlas y ayudas para el inicio de una actividad propia. La agenda social incluye promesas para paliar el problema de los desahucios y prima la política en defensa de la maternidad, la conciliación, la igualdad real entre mujeres y hombres y los colectivos más vulnerables como las personas dependientes, personas con discapacidad o que padecen violencia familiar. A las familias acogedoras les facilitarán el acceso a la condición de familias numerosas. Después del debate y la polémica que se ha suscitado en esta legislatura sobre la pobreza infantil, visualizada en el tira y afloja respecto a la apertura de los comedores fuera del horario escolar, el documento marco el PP asegura que sus Gobiernos autonómicos consolidarán los programas destinados a la erradicación de la pobreza infantil con especial incidencia en las familias que se encuentran en situación de privación severa.

En el programa abanderan, asimismo, medidas en apoyo de la Educación, de la Sanidad, del fortalecimiento de los servicios sociales y de la conciliación laboral, por ejemplo, con la implantación de una bolsa de horas para enfermedades leves con hijos menores.

También hay guiños a la mejora de la Justicia y a avanzar en la transparencia de las administraciones públicas. Bajo el epígrafe un «pacto por el civismo» recogen la promesa de impulsar declaraciones de actividades, bienes y derechos al inicio y al cese de la actividad pública en los Gobiernos e instituciones autonómicas. «Se controlará la situación patrimonial de los representantes y altos cargos autonómicos al comienzo y al final de su mandato para verificar posibles situaciones de enriquecimiento injustificado».

Y otra de las propuestas es impulsar la creación de una oficina para dar prioridad a las medidas para la recuperación de las cantidades sustraídas de los corruptos, así como para la gestión de los bienes decomisados en casos de corrupción «para que la sociedad pueda resarcirse del daño que ha sufrido».