Rajoy crea un gabinete de crisis para los refugiados con siete ministerios

Convoca a ayuntamientos y comunidades para coordinar una «política de Estado». La vicepresidenta empezará a trabajar al frente del gabinete de crisis desde el lunes.

El Consejo de Ministros abordó ayer la crisis de los refugiados que vive la Unión Europea. De esta reunión del Gabinete de Mariano Rajoy salió el acuerdo de crear una comisión interministerial, que coordinará la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y que comenzará a trabajar este mismo lunes. El principal objetivo de esta comisión es coordinar la acción administrativa y los esfuerzos de todas las instituciones para actuar con la máxima eficacia y operatividad. «Vamos a trabajar con la mayor seriedad, responsabilidad y solidaridad posible», defendió la vicepresidenta tras el Consejo de Ministros. El Gobierno está a la espera de que en la cumbre europea del día 14 se concreten las nuevas cuotas de acogida por países, porque todavía no ha recibido ninguna nueva petición formal, aunque este lunes se constituirá la comisión encargada de atender la coordinación de la ayuda y las peticiones de asilo que lleguen.

El Ejecutivo aceptó antes del verano, ante la primera oleada de refugiados a las costas de Italia, Grecia y Malta, un cupo de 2.749 personas. Moncloa admite ahora que es evidente que esa cifra se ha quedado vieja, pero dice que no puede adelantar cuál será la definitiva porque depende de la negociación comunitaria, pendiente de concretarse.

Acogida a largo plazo

En cualquier caso, Rajoy empieza a moverse con la convocatoria en la próxima semana por parte de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de la conferencia sectorial de migraciones, en la que participarán todas las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Su objetivo es establecer un sistema de acogida que vaya más allá de planteamientos «a corto plazo y por libre» que se están viendo desde algunas instancias municipales, por ejemplo, y articular un mecanismo de acogida a largo plazo, «de forma ordenada y coordinada». La comisión interministerial la integrarán representantes de siete ministerios: Presidencia, Interior, Exteriores, Defensa, Sanidad y Servicios Sociales, Justicia y Educación.

Además, el Ejecutivo se ha puesto ya en contacto con el presidente de la FEMP y piensa hacer lo mismo de urgencia con las principales ONG españolas especializadas en refugiados y asilados para preparar una acción conjunta.

Desde Moncloa agradecen los ofrecimientos que están protagonizando algunos ayuntamientos y la movilización social, pero subrayan también que sólo la acción concertada puede garantizar un buen uso de los recursos y la mejor atención a los refugiados. En ese sentido, el discurso se ajusta formalmente a estos elogios protocolarios, aunque oficiosamente desde medios gubernamentales critiquen la utilización partidista de esta crisis por parte de algunos de los alcaldes de Podemos o de plataformas vinculadas al partido de Pablo Iglesias, y también del PSOE. «Se está haciendo populismo con el drama de los refugiados. Se mueven por interés partidista, ignorando la legislación, sin competencias y sin valorar los recursos», advierten fuentes oficiales.

En concreto, a la vicepresidenta se le pidió ayer opinión sobre las críticas del PSOE al Ejecutivo, al que el partido de Pablo Iglesias ha acusado de desentenderse del drama y de actuar de manera cicatera. Sáenz de Santamaría instó a los socialistas a evitar «frases fáciles ante problemas difíciles».

Moncloa advierte de que el problema no se puede reducir a la acogida, sino que hay que valorar la capacidad de dar respuesta a lo que viene después, qué futuro se les puede ofrecer y cómo se les puede integrar en la sociedad española. Moncloa también argumenta que la solución no pueden ser parches ni respuestas a corto plazo, sino una decisión firme que lleve a una política común e integral de inmigración, laboral y de asilo.

Contra la demagogia

La vicepresidenta rechazó que se pueda considerar que el Ejecutivo ha estado lento ante esta crisis, y también apuntó contra la demagogia que se puede estar utilizando en un asunto tan delicado. En su defensa, ante la reacción de la izquierda y de algunos sectores sociales, el Gobierno argumenta que la política de refugiados y asilados es muy compleja y está reglada y ordenada por criterios objetivos «que hay que cumplir y que no se debe saltar ninguna de las administraciones públicas». Una enmienda implícita a los movimientos y, sobre todo, discursos de la izquierda y de algunos ayuntamientos. Por encima de «posicionamientos para hacer electoralismo» con este asunto, el Gobierno defiende que la solución sólo puede ser una política de Estado e integral de toda Europa. Por eso demanda solidaridad, pero también responsabilidad y seriedad a todos los partidos y a todas las administraciones para actuar conjuntamente, dentro de las reglas, y en el menor plazo de tiempo posible,

«España ha venido reclamando una política integral común europea en materia de inmigración y de asilo. Nuestra posición es la solidaridad y la responsabilidad. Desde julio hemos vivido momentos muy complicados que han generado gran alarma, y somos conscientes de que tenemos que responder con unidad y solidaridad. Defendemos que la UE debe plantearse el tema a corto, medio y largo plazo, y liderar una política única en ambos temas, la inmigración y el tratamiento del asilo. Queremos gestionar un sistema de acogidas y cómo somos capaces de acoger a estas personas de un modo integrado y ordenado», sentenció la número dos del Gobierno.