Rajoy: «Saben que este referéndum ya no se puede celebrar. Eviten males mayores»

El Gobierno, listo para sostener el pulso independentista en la agitación de la calle tras la detención de altos cargos de la Generalitat por el 1-0. El presidente avisa de que empleará todos los instrumentos y exige a los líderes de la ruptura que vuelvan a la democracia.

Respeto al Estado de Derecho y apoyo a la acción de jueces y policías. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió ayer la aplicación de la ley en Cataluña, advirtió de que votar sólo es democrático cuando se respeta la ley y garantizó a los responsables de la Generalitat que el Estado de Derecho seguirá actuando con todos sus instrumentos, al tiempo que les exigió que abandonen su pulso al Estado de Derecho porque «aún están a tiempo de evitar males mayores» y de ahondar en la división que han creado en la sociedad catalana. «Saben que este referéndum no se puede celebrar. Nunca fue legal ni legítimo. Ahora no es más que una quimera imposible o una excusa para ahondar aún más en la fractura que han provocado en la sociedad catalana. Si les importa la tranquilidad de los catalanes renuncien a este escalada de radicalidad. Están a tiempo de evitar males mayores. A nadie beneficia este desafío constante a la democracia y a la ley».

El presidente valoró con este mensaje institucional la operación policial en varias consejerías y organismos de la Generalitat y la detención de 14 personas, entre ellas el «número dos» del vicepresidente, Oriol Junqueras, por su implicación en los preparativos del referéndum ilegal.

Rajoy se anticipó a las consecuencias sociales y políticas de este nuevo movimiento judicial en el tenso tablero catalán apresurándose a reunir de nuevo a Pedro Sánchez y a Albert Rivera, por separado, justo cuando se estaba desarrollando la citada operación policial, para valorar juntos la situación y volver a insistir en el mensaje de la unidad constitucionalista. La discreción se impuso sobre el contenido de estas conversaciones. Y frente a esa acción conjunta de PP, PSOE y Cs, Podemos se colocó al lado de la pancarta de la movilización callejera, con la esperanza en otro 15-M que le permita recuperar discurso y posición. Mientras el PNV reaccionó con la amenaza de no apoyar los Presupuestos de 2018. El Gobierno confía en que los nacionalistas recapaciten y acaben negociando y dando su apoyo, cuando se calme «el fuego», «aunque pueda salir aún más caro».

Como escudo frente a estos desmarques el Ejecutivo insistió en reivindicar la importancia de que se mantenga la unidad con PSOE y Cs. Pero este apoyo no apaga la preocupación por la respuesta de la Generalitat a la actuación policial, por mandato del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. No tanto la política como la de la movilización de la calle, ya que en el Gobierno son escépticos sobre la posibilidad de que haya una declaración unilateral de independencia una vez que el referéndum ilegal ha sido «descabezado» por la base, en su infraestructura y en la dirección de su organización. Este convencimiento en que no tirarán por ese camino, aunque tampoco den marcha atrás en el órdago, lo explican en que «saben que no tienen ningún apoyo internacional, sería una declaración de independencia suicida, que no llevaría a ninguna parte más que a acelerar la inhabilitación de sus responsables».

Hecha esta precisión, lo que más preocupa en el Gobierno es el orden público. Dicen que el independentismo institucional tiene a unos 15.000 fieles, «subvencionados y los mismos de siempre», dispuestos a mantener «caliente» la calle. «Habrá que ver» –advierten fuentes gubernamentales– «si son capaces de aguantar, porque es difícil sostener la tensión día tras día cuando todo el mundo tiene que seguir con su vida normal. Pero el problema está ahí». Interior tiene todos los dispositivos preparados para preservar el orden público y frenar la ofensiva independentista para conseguir «en la calle la legitimidad que le niega el orden legal». Esos dispositivos tienen como objetivo garantizar que no haya problemas en ninguna institución catalana, que se mantenga la normalidad, y que si hay algún altercado violento, y ahí se mira a todo lo que rodea a la CUP y Al movimiento antisistema más radical, sea controlado sin que se extienda. El objetivo es que no haya consulta ilegal con el menor coste social posible. Bajo la advertencia de que en un Estado de Derecho la legalidad vigente siempre se va a imponer sobre una supuesta legalidad insurreccional. «El que la hace la paga. Sea quien sea el que la hace», argumentan.

Tal es la excepcionalidad de la situación que en el puerto de Palamós (Girona), dependiente del departamento de Territorio de la Generalitat, no se permitió ayer que atracase uno de los cuatro ferris que llegaron a Cataluña en apoyo logístico y de hospedaje del dispositivo de la Guardia Civil y Policía Nacional para desmantelar el 1-O. Y la tensión alcanzó niveles que obligó a los Mossos a intervenir para proteger los operativos policiales de los manifestantes en las calles.

En este delicado escenario Rajoy compareció a las nueve de la noche en Moncloa y justificó en la aplicación de la ley y en el Estado de derecho las detenciones en Cataluña por el referéndum del 1-O, como ya había hecho por la mañana en el Congreso frente a la rebelión de los diputados independentistas y de Unidos Podemos. «Le pido y le exijo que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas», le espetó el representante de ERC Gabriel Rufián. Los diputados de ERC y del PdCAT abandonaron incluso el Parlamento. «España es un Estado de Derecho que tiene los mecanismos necesarios para impedir que quienes quieren infringir las normas básicas de democracia puedan hacerlo. Tiene mecanismos para defender la legalidad y exigir responsabilidades a quienes con tanta imprudencia están poniendo en grave riesgo la convivencia. No sigan adelante, regresen a la ley y a la democracia», dijo.