Rajoy ordenó que en el 9-N no se actuase en caliente

Indicó que primase la política de hechos consumados para evitar que la Justicia diese oxígeno al independentismo

El 9-N lo pilotó en Moncloa el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apoyándose en la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y en el ministro del Interior, Jorge Fernández. En línea directa con la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho. Rajoy habló con otros miembros de su equipo, pero las decisiones se centralizaron en este triángulo: Sáenz de Santamaría, Jorge Fernández y Sánchez-Camacho. Ahí se toma la decisión de que sea el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el único que responda a las bravuconerías del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y que lo haga ya por la noche, una vez que se habían cerrado los colegios. De ahí sale el mensaje que recita también la presidenta de los populares catalanes. Y ahí Rajoy decide imponer el criterio de la prudencia asumiendo el coste del malestar, los nervios y las críticas que iban a caerle desde sectores próximos a su partido.

La posición de Rajoy en el día de autos estuvo marcada por dos principios: no actuar en caliente y cargarse de razón, con pruebas. Política de hechos consumados, por tanto, antes de moverse. En algún momento de la tarde, y vista la decisión de Mas y de su Gobierno de ponerse al frente de la votación, colaborando con medios públicos y saltándose la sentencia del Tribunal Constitucional, en Moncloa cundió la sensación de que la Fiscalía podía mover ficha ese mismo día. Pero tanto en la posición del Gobierno como del Ministerio Público pesó, casi la condicionó, la reacción de un juez de Barcelona al no atender la petición de UPyD en la querella que presentó el mismo domingo para que se retirasen las urnas. El juez rechazó tomar medidas cautelares contra la votación del 9-N porque entendió que no guardaban proporcionalidad ni aparecían en ese momento razones de urgencia o relativas al orden público que aconsejasen su adopción. Esta decisión fue valorada en la mesa de Moncloa, desde donde se siguió minuto a minuto lo que pasaba en Cataluña.

Rajoy fue gestionando la información que recibía sin apartarse de ese principio de proporcionalidad al que aludió el juez y teniendo siempre como principal punto de referencia los catalanes que estaban movilizándose en las calles por la consulta ilegal organizada por la Generalitat. El Gobierno ha intentado evitar en todo momento el choque con la ciudadanía y mantener el conflicto en el cuerpo a cuerpo con la Generalitat, en base no a la política sino a la defensa de la legalidad.

Por cierto, dentro de la incertidumbre sobre lo que iba a hacer Artur Mas, el sábado en Moncloa ya no las tenían todas consigo sobre la posibilidad de que optase por el camino de la moderación y se echase a un lado durante la «jornada participativa». Estas sospechas se consolidan el mismo sábado por una filtración periodística que interpretaron como un aviso de que el presidente de la Generalitat estaba dispuesto a echarse al monte al tiempo que pretendía trasladar a la opinión pública el «falso mensaje» de que había acuerdos en la sombra con el Gobierno central para escenificar una especie de desencuentro pactado mientras que Rajoy tragaba con la consulta. La alerta fue la filtración de la información de que emisarios de Rajoy y Mas habían estado supuestamente negociando hasta el final en una vía secreta de diálogo constituida después de que el 12 de diciembre de 2013 el líder de CiU anunciase solemnemente que había pactado con los demás partidos partidarios del referéndum la fecha de su convocatoria y la doble pregunta en la que se sostendría. Nada menos que el sociólogo de cabecera Pedro Arriola como interlocutor por parte de la Moncloa, mientras que por el otro lado del tablero el referente era Joan Rigoll, responsable del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, como adelantó «El Periódico de Cataluña». La sensación que dejaba esa información era que había una negociación bajo cuerda oculta para la opinión pública. Pero lo cierto es que por ese canal sólo hubo un encuentro, justo cuando Mas anunció la fecha de su consulta, y aquella vía de diálogo explotó casi nada más constituirse, según Moncloa por culpa de CiU.

No obstante, han seguido manteniéndose conversaciones y vías exploratorias a nivel institucional y con mediación de Unió Democrática de Cataluña (UDC). Y en ellas ha tenido un importante papel la vicepresidenta, pero también algún otro ministro y algún «fontanero» de Moncloa. Pero esos intentos de fomentar el diálogo no han cuajado y si Rajoy actuó como actuó el domingo fue en respeto a su decisión de no provocar males mayores y de cargarse de razón antes de dar el golpe en la mesa. Ordenó no hacer ningún movimiento que luego la Justicia rectificase a favor de Artur Mas porque eso tendría un coste mayor que tomar nota de lo que estaba sucediendo y esperar. Su objetivo también ha sido quitar trascendencia a la consulta, rebajar su alcance, explican en Moncloa para justificar que el presidente no encabezase el 9-N la respuesta del Estado a lo que estaba sucediendo en las calles catalanas. Dicen en su entorno que el presidente es de la opinión de que Mas no rectificará en su hoja de ruta independentista. Que hará todo lo posible por seguir dando pasos hacia adelante aunque tenga la oferta de apoyo del PSC y sepa que el PP catalán, en ese escenario, también colaboraría. Rajoy cree que para hacer política con CiU habrá que esperar a ver qué ocurre en las próximas elecciones autonómicas.