Rajoy recurrirá ante el TC la declaración soberanista de Mas

El Consejo de Ministros se reúne esta mañana con toda la base legal necesaria para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la declaración independentista aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 23 de enero.

El Consejo de Ministros se reúne esta mañana con toda la base legal necesaria para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la declaración independentista aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 23 de enero. Con 85 votos a favor (CiU, ERC, Iniciativa y CUP), 41 en contra (PP, PSC y Ciutadans) y dos abstenciones, el texto proclamó al pueblo catalán como sujeto político y jurídico soberano y reclamó la celebración de una consulta para decidir su futuro político.

Ayer el Consejo de Estado aprobó un dictamen favorable al recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), secundando así el informe enviado por la Abogacía del Estado al Gobierno. De esta manera se cierra el círculo para que el Ejecutivo acuda al TC y deje en suspensión los efectos de la declaración independentista al menos durante seis meses. Esa suspensión tiene un notable valor simbólico porque la declaración es la base para que la Generalitat desarrolle su proyecto de Estado propio, incluida la consulta independentista.

El texto validado en el Parlamento de Cataluña vulnera los artículos 1.2, 2, 9 y 168 de la Constitución española. Igual que entendió la Abogacía, el Consejo de Estado considera que es una resolución con efectos jurídicos que busca dirigir la actuación de los poderes de Cataluña hacia un fin de naturaleza inconstitucional. Y, por tanto, es recurrible bajo el paraguas de la propia Carta Magna, que reconoce el derecho a llevar ante el TC decisiones de las asambleas legislativas autonómicas.

El máximo órgano consultivo del Estado ratifica que la soberanía no admite divisiones, es única e indivisible, y que todos los poderes del Estado están sometidos al ordenamiento jurídico que se deriva de la Constitución. El TC tiene sentada una sólida jurisprudencia sobre la distinción entre soberanía y autonomía, como recordó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros que analizó el informe de la Abogacía del Estado sobre la declaración del Parlamento catalán. En esta última, se lesiona tanto la atribución de la soberanía nacional al pueblo español como la garantía constitucional de la «indisoluble unidad de la nación española». Y se busca dirigir la actuación de los poderes catalanes con un fin inconstitucional. Este recurso ante el TC es el del camino que seguirá el Gobierno para frenar la huida hacia adelante de CiU, de la mano de ERC.

Toda decisión de la Generalitat que vulnere la legislación vigente tendrá la misma respuesta por parte de Madrid. Está por ver cuál será si la Generalitat acata políticamente la suspensión automática de la declaración soberanista. No es casualidad que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no haya impulsado la entrevista con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, hasta tener atada la contestación a su órdago independentista. Moncloa ha aprendido la lección del pasado septiembre, cuando Mas pidió una entrevista a Rajoy para utilizarla en favor de su estrategia victimista y poner en marcha el proceso electoral. El líder de CiU puede venir a Madrid con su declaración soberanista en la mano, pero ya no tiene legitimidad jurídica para blandirla ante Rajoy y exigir una negociación política sobre ella. Hasta que se pronuncie el TC, la declaración quedará en suspenso una vez se formalice el recurso. El Ejecutivo ha medido significativamente cada uno de sus pasos ante este primer movimiento soberanista de la Generalitat. Por motivos políticos y también jurídicos.

Cataluña avisa al Estado de que «es un error»

Sorprendido por la intención del Gobierno de llevar la declaración soberanista al Constitucional, el portavoz del Govern, Francesc Homs, recordó que la jurisprudencia establece que sólo se pueden interponer recursos contra aquellos textos que tienen efectos jurídicos claros, un «detalle» que no cumple la declaración soberanista. Homs invitó al Gobierno a reflexionar y a dejar de actuar con «miopía democrática» para emprender así el camino del diálogo y el espíritu democrático, en vez de la vía de la confrontación. Pero en caso de que el Gobierno persista en su empeño de querellarse contra la declaración soberanista, la Generalitat se personará como parte.