Rajoy y Sánchez pactan un frente común en defensa de la Constitución

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvieron un almuerzo, en el Palacio de La Moncloa, con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvieron un almuerzo, en el Palacio de La Moncloa, con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE acuerdan trabajar «coordinadamente» en defensa de la Constitución y de la unidad nacional. Rivera confirma que también se hablará con Rajoy.

A través de dos comunicados idénticos Moncloa y PSOE confirmaron ayer su decisión de hacer un frente común para responder al desafío independentista. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibió en el Palacio de la Moncloa al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el almuerzo concluyó en dos notas, de dos párrafos calcados, en las que las dos partes confirmaban que habían acordado trabajar «coordinadamente» en defensa de la Constitución y de la unidad nacional para frenar la imposición del órdago secesionista en Cataluña.

El almuerzo llega un día después de que Rajoy y Sánchez hablaran por teléfono y acordaran abrir una vía continua de diálogo, una vez que Juntos por el Sí y la CUP presentaron la propuesta de resolución que llevarán al Parlamento catalán la próxima semana para activar el proceso de ruptura con España. La cercanía la simbolizaron también en la distribución de una foto de los dos en los jardines de La Moncloa, en lo que fue la cuarta reunión que mantienen en esta Legislatura. Los comunicados difundidos por Moncloa y Ferraz ratifican el acuerdo de «trabajar coordinadamente en defensa de la Constitución, de la unidad nacional, de la soberanía nacional y de la igualdad de todos los españoles».

Este acuerdo adquiere una especial relevancia en la actual coyuntura electoral porque confirma que pese a la campaña y sus interferencias en los discursos y en los posicionamientos políticos de unos y de otros, en esta cuestión tan sensible Rajoy informará y pactará su respuesta jurídica y cualquier decisión relevante que tenga que adoptar con el principal partido de la oposición. Las dos partes diferenciarán sus matices políticos, explicitados en la campaña de las autonómicas del 27-S, de lo que se ha convertido en prioritario, la defensa de la legalidad vigente.

También con Rivera

En esta ronda de contactos Moncloa deja la puerta abierta a que también participe el líder de Ciudadanos, Albert Rivera –que anoche anunció que Presidencia del Gobierno ha trasladado a su gabinete que hoy mismo se pondrá en contacto con él el jefe del Ejecutivo–, pero ha optado por dar preferencia al líder socialista por su condición de jefe de la oposición. Un guiño implícito al bipartidismo y también a los acuerdos de Estado entre los dos principales partidos nacionales que han marcado la agenda política en democracia.

En un almuerzo de alrededor una hora los dos políticos pactaron seguir hablando en los próximos días para fijar una posición común ante las decisiones que se adopten. En principio, el Ejecutivo formalizará el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la declaración que recoge la estrategia de rebeldía contra la Constitución de Juntos por el Sí y de la CUP en cuanto sea aprobada por la Cámara autonómica. Los servicios jurídicos ya están trabajando en él. Rajoy ha garantizado que utilizará todos los instrumentos políticos y legales del Estado de Derecho para frenar ese desafío, aunque confía en que el TC, reforzado en sus competencias, sea suficiente muro de contención y no sea necesario recurrir al artículo 155 de la Constitución para intervenir, que no suspender, algunas de las competencias autonómicas. Aunque fuentes gubernamentales también precisan que Rajoy responderá proporcionalmente a cada una de las decisiones que pueda adoptar el bloque independentista, sin excluir ninguna medida. El líder socialista, por su parte, avaló ayer que en estos momentos de máxima gravedad, lo prioritario es conseguir que todos los demócratas estén juntos ante un desafío que no es sólo del Gobierno, sino de todos los partidos. Justo ayer Sánchez presentó su reforma constitucional, de la que el PP se desmarca. Pero la gravedad de la situación también exige para el PSOE anteponer el cumplimiento de la ley a cualquier otro diálogo político que quepa buscar con el bloque rupturista.

No es la primera vez que los socialista se desmarcan de lo que electoralmente les proporcionaría más rédito, para actuar con visión de Estado. Ya lo hicieron cuando rubricaron con el Gobierno un pacto de Estado contra el terrorismo yihadista, que suscitó un importante malestar interno en el seno del PSOE –por la admisión de la prisión permanente revisable– y despertó los ecos de la «gran coalición». No obstante, en relación a la unidad de España nunca ha habido sorpresas. Ya desde su primer encuentro en La Moncloa en julio de 2014 –después de que Sánchez resultara elegido secretario general del PSOE–, el nuevo líder de la oposición transmitió a Rajoy su intención de apoyar cualquier iniciativa dirigida a defender la unidad de España.

Fue tras la convocatoria de la pseudoconsulta del 9-N cuando los socialistas tuvieron que demostrar este compromiso. Lo hicieron apoyando al Gobierno en los diversos recursos que presentó ante el Tribunal Constitucional para frenar su celebración y lo han hecho ahora, impulsando una postura común en favor de la defensa de la Constitución y la legalidad vigente. Éste es el consenso en el que se enmarcó la comida que compartió ayer Pedro Sánchez con el presidente del Gobierno en La Moncloa y el contenido de la llamada que realizó a Mariano Rajoy el martes, tras hacerse pública la declaración impulsada por las fuerzas secesionistas.

La prevalencia del interés común, por encima de las siglas y de la conveniencia electoral, a escasos dos meses de las elecciones, también lo expresó la presidenta de Andalucía. «Ahora los socialistas no estamos pensando en el PSOE, sino en España», aseguró, al tiempo que añadía que siempre va a «arrimar el hombro» en la defensa de los intereses del país.