Rajoy pactará un 155 exprés con PSOE y Cs ante otro órdago

Moncloa y Ferraz comparten la estrategia de esperar a que Torra se salte la ley para actuar y la crítica a la urgencia electoralista de Rivera: «No busca normalizar la situación, sino conseguir votos».

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, explicitará entre hoy y mañana su voluntad de mantener el pacto constitucionalista en Cataluña con sendas reuniones con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Con Sánchez, el presidente se ha reunido 45 minutos esta mañana.

Desde Moncloa se negaban oficialmente ayer a anticipar estrategias ni con el artículo 155 de la Constitución ni sobre ninguna otra hipotética decisión con la que puedan responder al nuevo desafío a la legalidad que plantea, de momento en el plano teórico, Quim Torra, investido ayer con un radical discurso como presidente de la Generalitat por la mayoría soberanista del Parlament, incluidos los votos de la CUP. Torra actuó como un clon de Carles Puigdemont.

En Moncloa callan, más allá de insistir en que harán cumplir la ley, y la explicación que dan es que no van a desvelar sus «planes» ni sus «cartas» al independentismo. Pesa eso, y pesa también que el acuerdo entre los constitucionalistas exige cuidados intensivos para que no salte por los aires en medio de la presión por marcar diferencias que ha impuesto en los últimos días Ciudadanos. Albert Rivera ha tomado nota de que la intervención de Cataluña le da votos en el conjunto de España, y no suma al PP, y por eso ha decidido colocarse en la avanzadilla del discurso más exigente para que no se levante el pie del 155. El PSOE no está ni mucho menos en esa posición, sí en la defensa de la legalidad, pero con prudencia, más en la línea de lo que plantean en el Gobierno a la espera de que Rajoy fije posición oficialmente. Es decir, que sin ilegalidades concretas no se puede reactivar el 155, que decaerá automáticamente en cuanto el nuevo Gobierno catalán tome posesión. Un acto que Moncloa asegura que tampoco se puede anular si no hay decisiones concretas, que no se queden en discursos que anuncian la voluntad de seguir por el camino de la unilateralidad. Con sus matices, pero éste es también el mensaje que se escucha en la dirección socialista. Ahora bien, en el Gobierno precisan que reactivar el 155 puede ser una «una cuestión automática», una vez superada la excepcionalidad que suponía que no se hubiera desarrollado nunca. Y advierten, además, de que la Justicia «seguirá actuando».

Rajoy va a intentar buscar una posición intermedia que salve, por encima de todo, la imagen del acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos, explican fuentes gubernamentales. Y esto puede incluir, por supuesto, la posibilidad de reactivar de manera exprés el 155 si el nuevo Gobierno de la Generalitat da pasos que les sitúen efectivamente fuera del marco legal y constitucional. Pero esa decisión política, como ya ocurrió en la pasada legislatura catalana con la aprobación del artículo 155, «irá acompañada de movimientos judiciales», en la lógica ejecución del proceso penal que el independentismo tiene abierto en el Tribunal Supremo.

En la situación actual, la continuidad del artículo 155 de la Constitución es un proceso mucho más sencillo que el desarrollo de esta previsión constitucional, que se tradujo en el acuerdo que aprobó el Senado a finales de octubre. La dificultad está «en el acuerdo sobre el momento y el contenido» porque Rivera ha perdido «el pudor» que hasta ahora ha marcado las relaciones constitucionalistas a la hora de hacer política con sus diferencias frente al desafío independentista. La queja se escucha en Génova y Ferraz. Un «pudor» sostenido en la prudencia de Estado o incluso en la convicción de que romper ese consenso era perjudicial políticamente para quien avanzaba por esa vía. Después de las elecciones catalanas de diciembre, la formación naranja ha concluido que adelantar al Gobierno por la derecha es muy rentable en el tema catalán y «el pudor» ha pasado a mejor vida. Es una estrategia que choca con la del PSOE. Sánchez tampoco comparte, ni mucho menos, todas las decisiones que ha adoptado el Gobierno en relación al desafío independentista, tampoco lo que toca a cómo se ha ido sustanciado el proceso judicial, y al hecho de que el juez Llarena decidiese incluir el delito de rebelión. Pero, sin embargo, el líder socialista ha impuesto hasta ahora el criterio de imponer por encima de todo la unidad de Estado y, por tanto, la discreción en público en la crítica al Ejecutivo.

Resulta bastante clarificador de la situación el hecho de que en el Gobierno y en Ferraz se escuchen parecidas críticas a las «salidas de pata» de Rivera. Gobierno y PSOE coinciden en el análisis: el nuevo Ejecutivo catalán nace viciado de origen, con un presidente que parece que no tiene más ambición que ser el «títere» perfecto de Puigdemont en la Generalitat, calcando sus discursos y echándose en brazos de la CUP. Esto les anticipa un escenario de «inestabilidad absoluta», pero tanto en el Ejecutivo como en el PSOE comparten las mismas dudas sobre si todo este ruido político, dirigido a tensionar al máximo las relaciones con el Estado, acabará realmente materializándose en iniciativas que se salten el marco legal. «No tienen programa ni estrategia más allá de anunciar que clonarán el camino de Puigdemont. Pero las consecuencias están claras. Todo parece muy provisional y hay que ver si dan el paso o no. En cualquier caso, estamos preparados en la respuesta», explican fuentes próximas al presidente del Gobierno.