Rajoy, sin reforma constitucional

Sus propuestas en la comisión del Congreso excluirán modificar la Carta Magna. Limitará las «mejoras territoriales» a reforzar la cooperación y la lealtad autonómica.

El PP se ha sumado a la comisión territorial propuesta por el PSOE desde un escepticismo «total» hacia sus resultados, pero también dispuesto a escenificar que participa en el debate con un papel activo. «Pero coherente», puntualizan, con las ideas sobre el modelo de Estado autonómico que «siempre hemos defendido». Primero habrá un diagnóstico sobre el funcionamiento territorial, pero fuentes solventes anticipan que ellos llevarán a esta comisión un paquete de propuestas dirigidas «a reforzar la lealtad, la cooperación y la coordinación institucional». «Sin romper los equilibrios, y sin que para ponerlas en marcha sea necesario modificar la Constitución».

Esta semana el Congreso acogerá un año más el homenaje a la Carta Magna, y desde el PP volverán a reivindicar el próximo miércoles su total vigencia. De hecho, aunque desde el PSOE señalen que había un acuerdo para modificarla, es verdad que los dos principales partidos tienen estrategias territoriales diferentes, pero oficiosamente las dos partes admiten que la reforma constitucional es hoy prácticamente imposible. Si se cumplen las previsiones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acabará la legislatura sin cambios en su texto. A la espera de lo que pase en Cataluña, Rajoy sigue convencido de que no hay margen para concretar un proceso de modificación constitucional en esta legislatura por falta de bases para establecer aunque sea un mínimo acuerdo entre partes.

No obstante, la reforma constitucional será una de las claves del debate político que seguirá a las elecciones del 21-D. El funcionamiento de la comisión territorial dependerá de lo que suceda en esos comicios ya que el bloqueo políticoharía todavía más difícil que avanzase un grupo de trabajo que ha nacido lastrado por la falta de consenso y por el boicot que de partida han impuesto Unidos Podemos, PDeCAT, ERC y PNV, al rechazar participar en la negociación. Ciudadanos (Cs) sí se ha sumado, pero casi con más distancia todavía que el PP, y ensombreciendo por adelantado la imagen de la comisión, sin que haya prácticamente echado a andar, al ligarla con posibles premios para los independentistas.

El PSOE quiere dar la sensación de movimiento y mantiene en pie esta iniciativa y la reforma constitucional, dos señas, además, con las que pretende diferenciarse de los otros dos partidos constitucionalistas en la «pesca» de votos en las elecciones autonómicas de Cataluña. Y el PP, por su parte, no quiere quedarse con la etiqueta de que es el partido que pone ruedas en el debate. «Los que están haciendo el boicot a la comisión son los que no están», advierten. Pero tanto aquí como en el debate constitucional, que supuestamente debería abrirse en un plazo de seis meses, el PP no va a hacer ningún gesto que abra la puerta a la necesidad de la modificación de la Ley Fundamental. El partido de Rajoy defenderá en la comisión territorial su apuesta por mantener el consenso del 78 porque los problemas de España «no están en la Constitución ni se resuelven tampoco con reformas federalistas o con una revisión del sistema autonómico que no respete el principio de igualdad y de solidaridad».

Por tanto, las propuestas del PP irán justamente en la dirección contraria. El órdago independentista complica a todos los partidos nacionales «vender» fuera de Cataluña iniciativas que puedan interpretarse como una cesión al secesionismo, después de los problemas que éste ha generado con su pulso al Estado. Y el PP tiene añadida, además, la presión de Cs por la derecha, lo que le dificulta aún más sus movimientos. La imagen de que se cede penaliza sin duda fuera de Cataluña, y se está ya casi en puertas de unas elecciones autonómicas y municipales, y habrá que ver cuándo se celebran finalmente las próximas elecciones generales. Estas variables influyen en la estrategia electoral y en las decisiones políticas del PP, pero también de Cs y del PSOE.

En el Gobierno anticipan que es pronto para adelantar el contenido concreto de las medidas que llevarán a la comisión territorial, «sin tener el diagnóstico que surja del análisis del modelo autonómico». Pero también señalan que «la clave debe estar en la cooperación y la colaboración entre Administraciones Públicas, y en reforzar la lealtad institucional». «El problema no es el traspaso de la Educación a las comunidades autónomas, sino el mal uso que hacen algunas de ellas de esta competencia. Hay muchas comunidades con competencias en Educación que no tienen ningún problema», argumentan.

Desde el PP también tienen en cuenta que a medida que avance la legislatura cada vez será más difícil entenderse con el partido de Rivera. «En todo, porque impondrán la competencia electoral por encima de cualquier otra consideración». También en el PP ganará posiciones la lógica electoral. Hasta ahora, como son socios no «se les ha atacado por sus bandazos y su falta de criterio», advierten en Génova, «pero cada vez hay más presión desde las territoriales para desgastarlos». Y una vez que estén aprobados los Presupuestos de 2018, opción que se ve como la más probable porque el acuerdo con el PNV está muy avanzado, en el PP empezarán a dejar de «contenerse» a la hora de devolver los golpes a la formación naranja. Éste es el discurso con el que intentan poner sordina a unos sondeos que coinciden en aprobar la estrategia de Ciudadanos. La dirección popular sabe que Cs les ha hecho daño con su discurso anticorrupción, y que ahora están intentando ganarles posiciones con un mensaje territorial que conecta con buena parte de su electorado. En Cataluña, de hecho, parece que les está funcionando. Pero en Génova dicen que confían en que a medio plazo esta estrategia no les penalice, aunque no sea la imagen que dan las elecciones catalanas, «porque la lógica a nivel nacional es distinta y tendrá más peso el voto útil».