La rebaja de la malversación le estalla a Sánchez en campaña

Pedro Sánchezse conjuró para aparcar a finales de 2022 la controvertida reforma del Código Penal que derogó el delito de sedición y abarató el castigo por malversación. El impacto del cambio en la opinión pública fue relativo, porque quedó rápidamente superado por el escándalo derivado de la cascada de rebajas de penas y excarcelaciones a agresores sexuales al amparo de la ley del «solo sí es sí». El Gobierno pensaba que había desactivado así el desgaste por una reforma que, además, no surtió el efecto deseado, pues se concibió para favorecer a los cargos de ERC ya juzgados o todavía con cuentas pendientes por el 1-O y el Tribunal Supremo no interpretó la norma en su beneficio. De hecho, incluso mantuvo la inhabilitación de su líder, Oriol Junqueras, hasta 2031. El efecto de un goteo de revisiones a la baja de condenas a políticos corruptos en vísperas de unas elecciones hubiera sido letal para el Gobierno que llegó al poder a lomos de una moción de censura tras la sentencia ‘Gürtel’. Sin embargo, esta tregua que contribuyó a alejar la controversia del ciclo electoral –que arrancará con las municipales y autonómicas en mayo y culminará con las generales de final de año– se ha visto interrumpida por la irrupción en escena de la Comisión Europea.

Tras el escándalo del «Qatargate», en Bruselas se han propuesto acelerar el endurecimiento de las penas por malversación –una dinámica contraria a lo que ha ocurrido en España con la reforma del Ejecutivo de Pedro Sánchez– y pretenden impulsar una armonización penal en los estados miembros para que se adecúen a ello. Esto obligaría a España a rectificar su última reforma para elevar las penas de los delitos asociados a la corrupción que el Gobierno rebajó como gesto a sus socios de Esquerra. Lo que propone la Comisión Europea es que los delitos de malversación en los Veintisiete sean castigados con una pena máxima de al menos cinco años de prisión, una condena máxima que es superior a algunos tipos del nuevo Código Penal español.

Sin embargo, lejos de sentirse concernidos, en Moncloa no consideran que estén recibiendo ninguna desautorización por parte de Europa respecto al delito de malversación. Tampoco aprecian ninguna «enmienda a la totalidad» de Bruselas a la reforma que se emprendió. Es más, Pedro Sánchez considera que la propuesta de la Comisión Europea, desvelada ayer, «coge a España con los deberes hechos», porque ya hizo su labor de armonización del Código Penal. En el Ejecutivo se aferran a que se trata de una propuesta embrionaria y, por tanto, no definitiva, que todavía se debe debatir por el Consejo de Ministros y por el Parlamento Europeo y evitan así posicionarse sobre la misma.

«Estamos en la fase inicial. Es una buena noticia que se armonice la legislación europea para luchar contra la corrupción. A España le coge deberes hechos. En la reforma incorporamos el delito de enriquecimiento ilícito, que no aparece en otros ordenamientos europeos», señaló ayer Sánchez. Sin embargo, el presidente era consciente –cuando impulsó la reforma del Código Penal– de que el debate en Europa iba en la dirección contraria. De hecho, tres meses antes de que el Gobierno plantease la rebaja de la malversación, la Comisión Europea ya advirtió sobre su intención de castigar la corrupción con más firmeza. El 14 de septiembre del año pasado, su presidenta, Ursula von der Leyen, avanzó precisamente en su discurso sobre el estado de la Unión que la Comisión presentaría en 2023 «medidas para actualizar el marco legislativo de lucha contra la corrupción». Y este mes de enero, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ya avisó a España de que la Comisión Europea analizaba si la reforma del Código Penal, sobre todo en lo relativo a la malversación, era coherente con el Derecho comunitario y si suponía un riesgo para «los intereses financieros de la Unión».

Malestar interno

El debate de la malversación genera un profundo malestar en el PSOE, porque además de las suspicacias que produce el trato diferencial a Cataluña –se trató de una reforma “ad hoc” con nombres y apellidos para determinados cargos de ERC– supone atentar contra una de las banderas clave para el PSOE: la regeneración y la lucha contra la corrupción. Varios fueron los dirigentes autonómicos que se posicionaron en contra en su día, desde el valenciano Ximo Puig, hasta los nada sospechosos de ser críticos Juan Lobato (Comunidad de Madrid) o Luis Tudanca (Castilla y León). También otros no alineados con la dirección como Emiliano García-Page que ayer volvió a clamar contra esta cuestión. El presidente de Castilla-La Mancha aseguró en una entrevista en «Espejo Público» que la citada reforma del Código Penal «es algo que no estoy dispuesto a defender de ninguna manera», porque hacerla a medida de los independentistas «sobrepasa cualquier límite político y más que político». Page se muestra favorable a la horquilla de penas que propone Bruselas, porque haber descafeinado el delito central de la corrupción «es para hacérselo mirar».