El PP rechaza que el juez del "caso Koldo" desbloquee las cuentas de Aldama para gastos familiares si no los justifica

El PP se ha opuesto a que el juez del "caso Koldo" desbloquee las cuentas de Víctor de Aldama para sus gastos familiares si este no justifica antes esos desembolsos cotidianos, después de que el supuesto "conseguidor" de la "trama" expusiese al instructor que no puede calcular sus gastos corrientes por lo que solicita el desbloqueo de los gastos de la vida familiar.

Así se pronuncia en sus alegaciones en contra del recurso de Víctor de Aldama contra el bloqueo y embargo de sus cuentas acordado por orden judicial el pasado 19 de febrero. Para los abogados de la formación de Alberto Núñez Feijóo, que ejerce la acusación popular, la petición de Aldama "carece de cualquier lógica" que afirme que no puede calcular sus gastos diarios, puesto que puede conocerlos solicitando "copia de los extractos bancarios en los que tiene domiciliados los recibos". Además, subraya en ese escrito, "cualquier persona media conoce cuáles son sus gastos fijos o recurrentes que debe afrontar cada mes".

El PP hace hincapié en que la práctica habitual en la Audiencia Nacional es que para obtener un desbloqueo parcial respecto de pagos corrientes "han de documentarse dichos pagos y el motivo de estos", pues solo así se concilia el fin de la medida cautelar -impedir la desaparición de los bienes- con la necesidad de evitar un adelanto de la posible condena, permitiendo al afectado "seguir con su forma de vida" antes de que exista sentencia firme.

Así, para impedir que una futura sentencia condenatoria no se pueda ejecutar por descontarse de sus fondos "pretendidos pagos diarios", el PP insiste en que Aldama debe "documentar que los pagos a desbloquear tienen ese carácter". "De lo contrario no deberían aprobarse ningún desbloqueo parcial", defiende.

La acusación popular defiende que la resolución del juez Ismael Moreno está correctamente motivada porque "explica de manera clara cuál es la actividad criminal desplegada" por el supuesto "conseguidor" de la "trama", y "de qué manera estaría haciendo desaparecer en apariencia su patrimonio".

Además, añade, si esa exposición no fuera suficiente, basta "una mera lectura del resultado de las diligencias" para constatar los indicios contra el empresario. Y recuerda que, tal y como consta en un informe de la ONIF, la oficina nacional contra el fraude, "fue el propio Aldama quien declaró ante la inspección tributaria que fue él quien consiguió los contratos".

"Camufla" su patrimonio

Asimismo, sostiene que "parece evidente" que el presidente del Zamora CF "ha participado en la comisión de varios delitos contra la Administración Pública, entre otros, y que "el beneficio obtenido por éstos se ha destinado no sólo a aumentar camufladamente su patrimonio sino también al pago de dádivas", por lo que ve necesaria de la medida cautelar que cuestiona la defensa del empresario.

Por otro lado, llama la atención sobre el hecho de que es Aldama quien defiende el levantamiento de los embargos, lo que considera "buena muestra" de que es el verdadero titular de esas cuentas bancarias, pese a que mantenga que "son titularidad de terceras personas no vinculadas" a su persona.

La defensa de Aldama sostiene que los embargos de esas cuentas no están justificados, porque solo se pueden adoptar medidas cautelares tras la apertura de juicio oral, que no existen indicios delictivos contra él y que la medida es desproporcionada. Pero el PP niega la mayor y señala que de las conversaciones intervenidas se desprende "la evidente actuación criminal" del empresario, quien "habría sido el conseguidor de contratos públicos en situación de emergencia", para lo que "habría pagado dádivas a los funcionarios que intermediaron en su adjudicación", añade, "obteniendo por la ejecución de éstos un beneficio económico" que juzga "totalmente desproporcionado".

El PP se refiere también al riesgo de que haga desaparecer su patrimonio para burlar una supuesta condena, y recalca que "le confesó a una persona que, para no pagar impuestos, trasladó todo su patrimonio a Portugal" a través de empresas "en las que ni siquiera aparece como titular", como ha señalado la UCO.

Tras incidir en que ha obtenido unos beneficios de cinco millones y medio de euros, los abogados subrayan que "ha sido destinado de una forma idónea para que él no aparezca como su titular" y le insta a revelar "el destino dado a esos más de cinco millones de euros" en vez de quejarse de que el embargo de sus cuentas es desproporcionado.

Defiende los registros ante los "sólidos indicios"

En otro escrito, el PP ve "evidente" la participación de Aldama en los nueve contratos adjudicados a Soluciones de Gestión, "por una decisión adoptada en el seno del Ministerio de Transportes", que entonces dirigía José Luis Ábalos, y que supusieron un reparto de más de 15,5 millones en comisiones, cinco y medio millones al propio Aldama. Los abogados del PP se pronuncian en estos términos en su impugnación al recurso de Aldama y de su esposa, Patricia Ramos, contra las órdenes judiciales de entrada y registro en su domicilio, en el que reclama la nulidad de esa actuación policial y la devolución de los objetos intervenidos porque, se queja, su abogado no estuvo presente.

Los letrados insisten en la "gravedad" de los hechos investigados y consideran la medida acordada por el juez idónea y proporcional, y hacen hincapié en que, respecto a "cada uno de los inmuebles donde se acuerda la entrada", el juez explicó la vinculación con los mismos del presidente del Zamora CF, "justificando la necesidad de su práctica para la recogida de los instrumentos y efectos de los delitos investigados".

El PP, que ejerce la acusación popular en la causa, se opone a la estimación de ese recurso y recalca que la jurisprudencia "es unánime" al considerar que la intervención del abogado defensor "no es necesaria" si el detenido está presente en el registro.

Respecto a la falta de motivación de la resolución en la que el juez Ismael Moreno acordó la medida, el PP replica que el auto impugnado "es un fiel ejemplo de cómo se han de motivar las resoluciones judiciales", y en particular una orden de entrada y registro.

Los dispositivos electrónicos de la mujer de Aldama

La fundamentación del juez, recuerda, debe incluir "un juicio racional sobre el hecho investigado y los indicios" existentes, para posteriormente "valorar la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida, que es precisamente lo que ha realizado ese juzgado".

Además, también avala que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautaran durante el registro de diversos dispositivos electrónicos de la mujer de Aldama y califica de "peregrino" afirmar -como hace la defensa de Aldama- que la medida no estaba justificada.

El PP alude a la existencia en la investigación de "sólidos indicios" de que Ramos "ha colaborado" con Aldama "para ocultar" su patrimonio, por lo que considera que ese intervención resulta "totalmente proporcional y justificada".

Los letrados de la acusación se refieren, por ejemplo, a la compra de una vivienda en la lujosa urbanización de La Moraleja por dos millones de euros en 2023, a través de una sociedad portuguesa, que figura ahora a nombre de una empresa administrada por su mujer, Martina 2017 Real Estate). Y la adquisición, tras la adjudicación de los contratos, de un Porsche Macan GTS por medio de Martina 2017 Real Estate, una sociedad que, según un informe de la UCO del pasado febrero, Aldama utilizó "para titular bienes que habrían sido adquiridos con fondos procedentes de los hechos investigados".

El PP avala también la incautación de los seis coches de Aldama, no solo para asegurar posibles responsabilidades civiles, sino porque considera "evidente" que esos vehículos, según los indicios existentes, son "un efecto evidente de los delitos que están siendo investigados".