Reclaman la suspensión de la elección exprés de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática

Siete miembros del Consejo Fiscal, el máximo órgano consultivo de la carrera, reclaman al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que suspenda el que ha convocado para el próximo 8 de junio, horas después del anuncio de adelanto electoral, para designar a Dolores Delgado fiscal de Sala de Memoria Democrática. Los seis consejeros de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) y el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), has remitido sendos escritos a García Ortiz en los que le instan a posponer esa reunión del Consejo Fiscal hasta después del 23-J ante la "sombra de sospecha" sobre su imparcialidad en el nombramiento por su relación con la que fue su antecesora en el cargo.

Para los vocales de la AF (que incluso solicitan que se suspenda también el Consejo previsto para el próximo 19 de junio), "no existen razones de urgencia que avalen la necesidad" de cubrir las plazas con tanta premura. Ese apresurado cambio de fechas, aseguran, "da la apariencia de que las personas que serán nombradas ya están en la cabeza del fiscal general, con independencia de lo que diga el Consejo Fiscal".

Los consejeros de la AF Jorge Andújar, María Isabel Gómez, Eva Más, Miguel Rodríguez Marcos, Beatriz Sánchez Carreras y Roberto Valverde muestran su sorpresa por la convocatoria anticipada del Consejo. "Ninguno de los anteriores fiscales generales del Estado, una vez disuelto el Parlamento, ha realizado nombramientos de plazas discrecionales -aseguran- y los que estaban pendientes quedaron diferidos para una vez que se aprobase o confirmase el nombramiento de fiscal general por el nuevo Parlamento y Gobierno". Todos ellos hacen un llamamiento a la "ética, transparencia, responsabilidad" y al "respeto institucional" para solicitar la suspensión de los dos plenos convocados porque, en su opinión, "no existen razones de urgencia".

Objetivos: nombrar a "personas de su confianza"

Esa premura, dicen, lleva a pensar que "lo que se pretende por el fiscal general es apurar los plazos, legales, pero no adecuados al hasta ahora normal proceder de la Fiscalía General del Estado, para el nombramiento en puestos destacados de personas de su confianza". Una actuación que, subrayan, conlleva "un aumento de fiscales de Sala y al designio de personas en la más alta institución de la Fiscalía que son de la confianza del actual fiscal general del Estado".

Desde la Fiscalía General se señala no obstante que "no existen razones que justifiquen la suspensión del procedimiento de provisión de destinos vacantes en la carrera fiscal", publicado en el BOE el pasado día 18, ni de un Pleno del Consejo Fiscal "convocado con carácter ordinario conforme a la normativa propia de este órgano fiscal". Una posibilidad que -mantiene en una información interna dirigida a los propios miembros de la carrera- "en ningún caso" prevé el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

El Gobierno, subraya, "cesa tras la celebración de elecciones generales, continuando en funciones hasta la toma de posesión" del nuevo Ejecutivo, por lo que -argumenta- el fiscal general no cesa hasta que lo haga "el Gobierno que lo hubiera propuesto", es decir, "una vez lo disponga el Ejecutivo entrante" por lo que la convocatoria del Consejo Fiscal "no constituye una decisión novedosa" sino que, insiste, "mantiene el criterio histórico de nuestra institución".

"No recuerdo que esto haya ocurrido"

No comparten esa argumentación los vocales disconformes. "No recuerdo que esto haya ocurrido en otra ocasión, un Consejo con nombramientos importantes, convocado con máxima urgencia, justo cuando las Cortes se disuelven y se anuncia un nuevo proceso electoral", asegura en su misiva Salvador Viada (APIF), en la que señala que esta celeridad ha causado "mucha alarma" en la carrera fiscal.

"No discuto la legalidad, sino la oportunidad de la convocatoria" (de la que también debe salir el nombre del nuevo fiscal de Sala de Delitos de Odio), asegura el vocal de APIF. "En pocos meses, se va a conformar un nuevo Gobierno, y tal vez, un nuevo fiscal general del Estado va a ser designado. Por tanto, considero que -desde una perspectiva de respeto institucional- convendría dejar esos nombramientos hasta que un fiscal general, con cuatro años por delante de mandato, pueda trabajar designando a los fiscales de Sala referidos conforme a un proyecto de futuro y no por el cortoplacismo y la urgencia de designar a los últimos altos cargos de la Fiscalía que sea posible antes del vencimiento del mandato".

"Deber de actuar imparcialmente"

De ahí que le apremie a suspender esa convocatoria -que estaba prevista en principio para el 19 de junio y que García Ortiz adelantó ayer tras el anuncio de Pedro Sánchez del adelanto electoral- un Consejo que considera "rodeado de una sombra de sospecha" hasta que sea reelegido (el fiscal general cesa con el Gobierno que lo ha designado para el cargo) o su sucesor afronte esos nombramientos.

Pero en caso de que mantenga la convocatoria de ese Consejo Fiscal, considera que García Ortiz debería abstenerse por tener un "interés directo" en el nombramiento por su relación con la exministra de Justicia, que opta a una plaza para la que también se ha postulado Juan Calparsoro, fiscal provincial de Guipúzcoa; Luis Ibáñez, de la Fiscalía Antidroga; y Carlos Castresana, fiscal del Tribunal de Cuentas.

Y recuerda que tiene la obligación legal de abstenerse por "tener interés personal en el asunto de que se trate". "El deber de actuar imparcialmente lo tenemos todos los fiscales, desde el jefe del Ministerio Fiscal hasta el último fiscal del escalafón", recalca antes de recordar que "la abstención es una medida que tiende a preservar la imparcialidad o la apariencia de imparcialidad del fiscal afecto por una causa que pudiera comprometer esa condición".

Siete causas de abstención

Viada enumera unos cuantos motivos que, en su opinión, pueden comprometer esa apariencia de imparcialidad exigida legalmente "por manifestarse un interés personal en el asunto", como el hecho de que la exministra de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez y García Ortiz "fueron elegidos por la lista de la Unión Progresista de Fiscales en las elecciones al Consejo Fiscal celebradas en abril de 2018" o que tras ser elegida fiscal general en enero de 2020 le situase al frente de la Secretaría Técnica, "promoviéndole así a la primera categoría de la carrera fiscal, y convirtiéndose en el fiscal de Sala más joven del escalafón".

Del mismo modo, el consejero señala que Delgado promovió en dos ocasiones a la esposa de García Ortiz "a dos plazas de libre designación" y que el pasado septiembre el actual fiscal general promovió a Delgado como fiscal de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, lo que suponía su ascenso a la categoría de fiscal de Sala. Un nombramiento, precisa, que está recurrido ante el Tribunal Supremo por otro de los candidatos, una pretensión que en caso de prosperar supondría "la posibilidad de pérdida de la categoría adquirida" por parte de Delgado.

Asimismo, añade, el 27 de enero de 2023, el fiscal general designó a su antecesora como la fiscal a cargo de las causas de derechos humanos en la Fiscalía General, "sin concurso alguno, con unas funciones que recuerdan a la plaza que ahora se va a cubrir".

Tres nombramientos en un año

Y ahora, subraya, "cuando se anuncia por el presidente del Gobierno la celebración de elecciones generales en poco menos de dos meses, se apresta a convocar un Consejo Fiscal con el único orden del día de atender a los nombramientos discrecionales convocados, entre los cuales está el que afecta a la plaza que solicita Dolores Delgado".

Para el fiscal disconforme, esas "relaciones personales y profesionales" con Dolores Delgado y sus manifestaciones de "gratitud" hacia "quien objetivamente hizo tanto" por su carrera profesional y "los precedentes de nombramientos en favor de la aspirante a la plaza" (sería el tercero en un año), unidas a "la prisa en que el procedimiento no se eche encima y pueda resultar que el nombramiento de los fiscales propuestos" los decida "otro Gobierno diferente" del que le nombró para el cargo, comprometen su "imagen de imparcialidad" para resolver la designación "sin que el peso de las relaciones cruzadas que ha tenido con una de las candidatas pueda suponer una sospecha que contaminaría la decisión y lesionaría el derecho a una decisión imparcial de los demás candidatos".

Y recuerda "el riesgo" de adoptar una resolución por un órgano que debiera haberse abstenido: la posible invalidez del acto adoptado. Pero, sobre todo, recalca, "una lesión a la credibilidad del Ministerio Fiscal, y un agravio a los demás candidatos y al conjunto de la carrera fiscal".

Unas "parecidas" causas de abstención -aunque no con la misma "intensidad"- que, en su opinión, también concurren en la fiscal jefa de la Inspección, María Antonia Sanz Gaite, también ascendida en su día por Dolores Delgado "al tercer puesto de responsabilidad en la carrera fiscal" -lo que garantiza su presencia en el Consejo Fiscal como miembro nato.