El recurso por el ascenso de Delgado a fiscal togada no se decidirá hasta después del verano

Mientras dos de las tres asociaciones de la carrera fiscal –la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) sopesan si recurrir el reciente nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática (disponen de dos meses de plazo para dar ese paso), el Tribunal Supremo afronta la recta final para resolver otro recurso contra la designación de Delgado, el pasado septiembre, como fiscal togada del alto tribunal.

En este caso no fue ninguna asociación la que recurrió el nombramiento, sino otro de los candidatos al cargo, el exteniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, que acudió a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo para intentar revertir la designación del Gobierno de Pedro Sánchez, que como ha sucedido con la asignación del puesto de fiscal jefe de Memoria Democrática, vino avalada por el fiscal general, Álvaro García Ortiz, con el criterio en contra del Consejo Fiscal, el máximo órgano consultivo de la carrera.

Según fuentes jurídicas, el asunto –que ya se encuentra en la fase de conclusiones previa a la resolución– no se ha incluido en el orden del día de los asuntos que abordarán los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Tercera, a quien corresponde tomar una decisión al respecto. Según esas mismas fuentes, la decisión se tomará «después del verano», aunque precisan que no se demorará en exceso, por lo que se espera que la deliberación y resolución del recurso interpuesto por Rueda se produzca en septiembre u octubre a más tardar.

En el primer Consejo Fiscal tras ser elegido para sustituir a Dolores Delgado al frente del Ministerio Público, García Ortiz propuso el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, lo que de hecho suponía su ascenso a la máxima categoría de la carrera.

El Ejecutivo había intentado anteriormente garantizarle ese ascenso a través de una enmienda socialista al anteproyecto de la Ley Concursal, pero la sucesión de críticas (incluidas de su socio de Gobierno) le obligó a aparcar esa polémica iniciativa.

Posibles consecuencias

Pero en la reunión del Consejo Fiscal del 22 de septiembre del pasado año, en la primera tanda de nombramientos tras su nombramiento como fiscal general, García Ortiz desoyó a la mayoría del Pleno y promovió la designación de la exministra de Justicia (de quien fue su «mano derecha» como responsable de la Secretaría Técnica) como fiscal togada (a la espera de la creación de la plaza de fiscal de Memoria Democrática para la que finalmente ha resultado elegida). En aquella ocasión seis vocales se opusieron al nombramiento, cuatro lo avalaron y otro se abstuvo al figurar su mujer entre los candidatos.

Aunque Delgado ya es fiscal de Sala de Memoria Democrática –cuyo nombramiento adelantó García Ortiz tras anunciar el presidente del Gobierno la convocatoria de elecciones–, una posible anulación de la designación sí podría tener consecuencia. Fuentes jurídicas apuntan que, dado que ese nombramiento supuso su ascenso a la categoría de fiscal de Sala, «si lo dejasen sin efecto deberían dejar también sin efecto su ascenso». Y es que, subrayan, «en su caso la plaza de Memoria Democrática no ha supuesto el ascenso» a la máxima categoría de la carrera.

Además, una posible nulidad de esa designación supondría un duro varapalo tanto para la política de nombramientos del fiscal general como para el propio Ejecutivo. Y más si para entonces el alto tribunal tiene ya sobre la mesa alguno de los recursos que sopesan interponer las asociaciones de fiscales contra la elección de la exministra como fiscal de Sala de Memoria Democrática, cuestionada por una posible causa de incompatibilidad por su relación con el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que lidera una fundación especializada en la defensa de los derechos humanos.