Congreso

La reforma del artículo 49, aprobada en el Congreso con el apoyo de 312 diputados

La tercera modificación constitucional se ha ceñido al artículo 49 y reemplaza el término "disminuidos" por "discapacitados"

La tercera reforma de la Constitución desde que se aprobó el 6 de diciembre de 1978 ha dado este jueves un paso de gigante: en concreto, ha sido para cambiar el artículo 49 y reemplazar el término “disminuidos” por “discapacitados”. La reforma constitucional ha sido impulsada por PP y PSOE y ha recibido el apoyo de 312 diputados de los 350 que hay en el hemiciclo. Vox ha endurecido todavía más el tono y ha sido el único partido que ha votado en contra. La modificación de la Carta Magna pasa ahora al Senado para superar el último trámite legislativo.

En concreto, la reforma del artículo 49 de la Constitución es una demanda que lleva años haciendo el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para “dignificar” a las personas con discapacidad. La reforma constitucional se ha ceñido exclusivamente al artículo 49, que tiene la siguiente redacción actualmente: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. Con la reforma que pretenden PP y PSOE, el artículo 49 pasaría a estar compuesto por dos puntos.

En el primer punto, quedaría recogido lo siguiente: “Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio”. En el segundo punto: “Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”.

Pedro Sánchez ha tomado la palabra al final del debate parlamentario para reivindicar la reforma constitucional, que es un compromiso que había adoptado ya en 2014, aunque aunque ha reconocido que “todavía queda mucho” para alcanzar la “plena inclusión” hasta “hacer visible lo que dolorosamente fue ignorado durante tantos años”. El presidente del Gobierno, que ha usado un tono más conciliador que el diputado del PSOE Luis Carlos Sahuquillo que le ha precedido, ha defendido que “toca convertir las palabras en hechos” para que “la igualdad sea real” y ha pedido que sea un objetivo que “interpele a todas las instituciones”. Precisamente, el presidente del Gobierno ha acudido este mismo jueves a la empresa Ilunion, que promueve las ayudas a las personas con discapacidad.

La diputada del PP Ana Alós ha reivindicado la reforma constitucional porque representa una redacción "más inclusiva y respetuosa" con los cuatro millones de personas que "sufren algún tipo de discapacidad" en España, pero también se ha mostrado muy crítica con el tono empleado por Vox y el PSOE, que han lanzado reproches al PP. "Señores del PSOE y de Vox, han venido a criticar al PP en un día como hoy. Háganselo mirar", ha espetado Alós, después de oír como el socialista Sahuquillo recriminaba al PP "cambios de opinión" con esta reforma constitucional mientras Vox acusaba a los populares de votar a favor de una iniciativa "para esconder la debilidad de Sánchez". "Esta es una foto de falsa estabilidad", ha señalado la diputada Lourdes Méndez Monasterio, que ha proseguido con un tono duro y de ataque contra el PP porque considera que le hace el juego al PSOE con una reforma constitucional que "blanquea" a Sánchez y sus pactos con los independentistas.

El debate no ha estado exento de polémica y, sobre todo, de peticiones de los socios nacionalistas e independentistas del Gobierno (ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG) de abordar más reformas constitucionales. Si bien, en pleno clima preelectoral, Bildu y PNV han sido los partidos que han protagonizado un debate más encendido sobre el "derecho a decidir" del País Vasco. En este sentido, el diputado del PNV Mikel Legarda se ha mostrado muy crítico con PP y PSOE porque han impedido que se voten las once enmiendas que había presentado su partido, muchas de ellas con la intención de abrir el debate territorial. Y, una de ellas, con la intención de crear una disposición adicional para regular el "derecho a decidir" del País Vasco. Sin embargo, se ha encontrado con la respuesta de la portavoz de Bildu Mertxe Aizpurua, quien ha retado a los nacionalistas vascos a abrir ese debate primero en el País Vasco y, una vez llegados a un acuerdo que cuente con el aval de los ciudadanos vascos, acudir a Madrid para negociar sobre el "derecho a decidir" con el Gobierno. "Les invitamos a abordar este debate con sosiego, con seriedad", ha señalado Aizpurua.

Tras ser aprobada por el Congreso, la reforma constitucional pasa ahora al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Y los populares han hecho valer esa fuerza parlamentaria para que también se tramite de forma "exprés" y esté aprobada antes de que concluya este mes. Por ello, el miércoles que viene se reunirá la Comisión Constitucional del Senado y el jueves se votará en el Pleno del Senado. "De esta manera, la reforma del artículo 49 de la Constitución estará definitivamente aprobada en el mes de enero, tal y como se comprometió Feijóo con los españoles", subraya la portavoz del PP en el Senado Alicia García, quien revindica que su partido "trabaja por grandes consensos en beneficio del interés general" tras lograr este pacto de Estado.

Tras la aprobación en el Senado del próximo jueves 25 de enero, la ley no podrá entrar en vigor hasta 15 días después: durante esas dos semanas, si una décima parte de los diputados del Congreso o de los senadores del Senado solicitan un referéndum, se tendrá que votar. Es decir, o bien lo piden al menos 35 diputados o al menos 27 senadores.