Registran varias dependencias del Gobierno de Melilla

La Guardia Civil registra desde esta mañana distintas dependencias municipales del Gobierno de Melilla, relacionadas con unas diligencias que investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos menores.

La Guardia Civil continúa los registros en dependencias municipales de la ciudad autónoma de Melilla, así como en empresas que mantienen relación contractual con el ente autonómico, según han informado fuentes policiales.

Desde primeras horas de esta mañana agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, del Grupo de Delitos contra la Administración, están recogiendo documentos en distintas consejerías, en el marco de la conocida como operación Ópera, que investiga presuntos fraudes en contrataciones.

La actuación policial se está efectuando en distintas dependencias, como la Consejería de Bienestar Social, la Viceconsejería de Festejos, así como en el Palacio de la Asamblea, donde se encuentran, entre otras, las áreas de Medio Ambiente y de Cultura, que también han sido registradas.

Además, los agentes se han personado en las sedes de las empresas Eulen e Himosa, ambas relacionadas con algunas de las contrataciones que están siendo investigadas, así como en varios domicilios particulares de altos cargos de la Administración.

Sobre las 16:00 horas, la juez María José Alcázar, titular del Juzgado de Instrucción número 4, encargada de las diligencias, se ha personado en el Palacio de la Asamblea, donde agentes de la Guardia Civil continúan recabando información.

De la sede autonómica se han sacado varias cajas con documentos, que serán analizados por los investigadores, según las fuentes.

No es la primera vez que se registran dependencias públicas en Melilla en el marco de la operación Ópera, ya que en septiembre de 2013 se registraron distintas consejerías y, un mes después, se produjeron las primeras detenciones, entre ellas la del consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig.

También fueron detenidos entonces José Pastor, director general de Medio Ambiente, un funcionario de dicha área, Carlos López Rueda, y el interventor en funciones de la Ciudad, Francisco Platero.

Todos ellos quedaron en libertad provisional tras prestar declaración ante la jueza, quien les impuso medidas cautelares.

Otras seis personas también han declarado ante la jueza Alcázar en calidad de imputados, entre ellos el consejero de Economía y portavoz del Gobierno, Daniel Conesa, el exconsejero de Fomento, Rafael Marín, y el exconsejero de Medio Ambiente, Ramón Gavilán.

Esta operación parte de otras diligencias sobre la actividad de una gestoría investigada por un delito de blanqueo de capitales.

De la documentación incautada en la gestoría, se llegó a anotaciones contables relacionadas con la empresa Reformas y Construcciones Porvenir S.L., cuyo administrador único, A.K., fue el primer detenido de la Ópera.