No existe confianza entre Pedro Sánchez y Felipe VI. La relación entre ambos «está rota», según ha sabido LA RAZÓN por fuentes al tanto del trato entre Moncloa y Zarzuela. La interlocución se limita a sus respectivos gabinetes.

Lo cierto es que la Casa Real intenta reducir en la medida de lo posible la exposición del Jefe del Estado al presidente del Gobierno para aislarle de la atmósfera de crispación que rodea al líder socialista. Ambos guardan un pésimo recuerdo del estallido de violencia que se desató el año pasado en Paiporta (Valencia) –epicentro de la devastadora DANA que segó la vida de más de 200 personas en el Levante–.

Y ninguno ha querido que se repitieran las mismas escenas en la España calcinada. La forma en que tanto Presidencia como Zarzuela han ideado las visitas de sus respectivos jefes a las zonas afectadas por los devastadores incendios de agosto da cuenta de ello. Así como del sentir en la Jefatura del Estado, donde una fuente asegura que «hay una orden no escrita» de alejarse de Sánchez con la excepción de las obligadas relaciones protocolarias.

Mientras el presidente estableció un cordón de seguridad de 200 metros para evitar el contacto directo con los afectados y neutralizar cualquier riesgo para su integridad, los Reyes Felipe y Letizia arroparon a pie de calle a los ciudadanos que han perdido buena parte de su vida por culpa del fuego.

En su recorrido por Castilla y León, Sánchez apareció acompañado de alcaldes y otros cargos institucionales. La misma escena se repitió en Orense, Cáceres y Asturias, donde los afectados por los incendios permanecieron aislados por un dispositivo de hasta tres anillos de seguridad.

La última vez que Sánchez y el Rey se dejaron ver juntos fue en Palma de Mallorca, durante el tradicional despacho veraniego en el Palacio de Marivent, el pasado 29 de julio. Fuentes oficiales de la Casa Real comentan siempre que se les pregunta que la relación con el jefe del Ejecutivo se enmarca en la normalidad institucional. Pero los desplantes llevan tiempo siendo una constante.

Sin ir más lejos, Moncloa no quiso que fueran los ministros implicados en la gestión de los incendios, como Margarita Robles, titular de Defensa; Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, quienes acompañaran a los Reyes en sus desplazamientos a Lago de Sanabria (Zamora) y Las Médulas (León).

El presidente delegó el refrendo del poder Ejecutivo al Rey en la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo. Fuentes socialistas explican que «no hay quien salve al Rey en el Gobierno» y, por eso, hay quienes echan de menos en el partido al exsecretario general Alfredo Pérez Rubalcaba.

Estas fuentes vienen a decir que este choque institucional no se hubiera producido con él a los mandos del PSOE. El análisis que hacen es que la confianza entre la Jefatura del Estado y la Presidencia del Gobierno saltó por los aires, «si es que alguna vez la hubo», tras el episodio de Paiporta que algunos ministros del Ejecutivo creen que no debió producirse en el momento en que finalmente se hizo.

En cualquier caso, el choque entre Moncloa y Zarzuela tensiona aún más las costuras de un Estado debilitado y cuestionado, cuyas administraciones responsables de la gestión de catástrofes y emergencias –el Gobierno central y las comunidades autónomas– se han vuelto a perder en una maraña competencial y en una refriega de responsabilidades con relatos de ida y vuelta mientras los ciudadanos intentan sobreponerse.

Todo ello ha socavado una vez más la confianza en el Estado autonómico, así como la credibilidad de los políticos, que se ha desmoronado. Es más, se han convertido en el centro de todas las iras. Y temen que la situación ya no sea reversible ante el deterioro del sistema español, atrapado desde hace años en un enjambre de polarización, crispación y desconfianza en las instituciones.

La guerra con Albares

El vínculo entre Moncloa y Zarzuela vive uno de sus momentos de mayor tensión no solo por la distante relación entre Sánchez y Felipe VI. Fuentes diplomáticas explican que otro de los principales problemas radica en la pésima relación existente entre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el jefe de la Casa de S.M. el Rey, el también diplomático Camilo Villarino.

Esa confrontación, por ejemplo, fue la causa de la ausencia de una delegación española en la ceremonia de inauguración de Notre Dame de París, a la que sí acudieron líderes de medio mundo, entre ellos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ese vacío de España destapó la guerra sin cuartel que se vive entre el Ejecutivo y la Casa Real. Exteriores montó en cólera porque el ministro se enteró «por la prensa» de la invitación a la Jefatura del Estado y al ministro de Cultura cursada por la República Francesa, así como de la negativa de ambos a acudir. El Monarca declinó precisamente por la ausencia de Ernest Urtasun.

El entorno de Albares lamenta que «cada vez es más habitual» que Zarzuela no comparta con el ministerio las invitaciones a actos que recibe el Rey. Todo un dardo teledirigido. Buena parte de la izquierda lleva una década obsesionada con la caída de Felipe VI. Su proclamación fue una operación de Estado ejecutada por el PP y el PSOE –con Rubalcaba al frente– que se precipitó para salvar la Corona. El auge de Podemos, alimentado por la crisis de representación que cristalizó en el 15-M, puso en jaque el sistema de 1978 que ahora los aliados izquierdistas y separatistas de Sánchez quieren derribar.

La Corona era uno de los objetivos. La instauración de una república es el horizonte común de las principales fuerzas políticas a la izquierda del PSOE. Los socialistas, mientras, permanecen quietos. Por el momento, sigue sin estar en sus planes romper el pacto constitucional que sostiene la Monarquía Parlamentaria como clave de bóveda del Estado, pero la presión que sufren para romper el tablero aumenta día a día. Además, las Juventudes Socialistas son cada vez más beligerantes con la Casa Real. Y la debilidad parlamentaria de Sánchez contribuye al daño a la institución, lamenta un sector del PSOE.