El reparto de menores migrantes abrirá un nuevo frente judicial al Gobierno

Este martes, el primer Consejo de Ministros de la temporada política dio luz verde de forma definitiva al decreto que regula la acogida de menores migrantes en todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña y País Vasco. Desde mañana jueves, cuando está previsto que entre en vigor, se activará la "solidaridad obligatoria" por la que se derivarán unos 3.000 jóvenes desde las zonas más tensionadas, caso de Canarias, Ceuta o Melilla, a otras regiones.

La norma, que tendrá que ser refrendada más adelante por el Congreso de los Diputados, augura un nuevo frente judicial para el Gobierno, ya que la mayoría de administraciones territoriales se oponen frontalmente.

De hecho, la mayoría de ellas ya han presentado recurso ante el Tribunal Constitucional. Así lo hizo a comienzos del verano Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, que anunció el litigio por varias razones. La primera, la falta de "diálogo" y la más importante: la "compensación económica", con una financiación que considera muy inferior a la necesaria. Lo cual, denuncian desde el Ejecutivo de Emiliano García-Page, "pone en grave riesgo esa garantía del interés superior de los menores".

Pero la contienda irá más allá y hay previsión de que los pleitos terminen en otras instancias. En ese sentido, la Comunidad de Madrid ha anunciado en las últimas horas que habría más recursos por la vía judicial. Entre los motivos que esgrimió, destacó la "falta de transparencia" en los criterios establecidos por el Ejecutivo.

Desde Sol reclaman un reparto de menores "igualitario" y aseguran que los datos estipulados están trufados "solo porque al Gobierno y sus socios les interesa seguir manteniendo los pactos, solo por mantenerse en su sillón de la Moncloa".

En el decreto, que hoy viene publicado en el BOE y desgrana los criterios para la reubicación de menores, fija que la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad debe ser de 32 menores por cada 100.000 habitantes. Además, los menores extranjeros que lleguen a partir de septiembre a zonas tensionadas serán derivados a otros territorios en un plazo de 15 días.

No obstante, los territorios que tendrán que hacerse cargo del grueso de los menores, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, denuncian una saturación de sus centros.

Para financiar todo el proceso, el Gobierno ha habilitado un fondo de 100 millones de euros. El objetivo es cubrir los tres primeros meses de estancia y mantener luego la ayuda para aquellas regiones que superen su capacidad ordinaria. Una medida que, a ojos de todas las administraciones afectadas, es insuficiente.

Sin ir más lejos, Baleares estudia todas las fórmulas legales posibles para sortear el reparto inminente, porque en lo que llevamos de verano han arribado en su territorio casi 5.000 migrantes irregulares, de los cuales hay más de 300 menores. En este momento, los centros se encuentran con una sobreocupación superior al 1.000%.