Dos asociaciones judiciales han salido al paso de las críticas de Pedro Sánchez al Poder Judicial, al asegurar que "hay jueces haciendo política", refrendadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Para la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente estas declaraciones" suponen un daño gravísimo a la separación de poderes y a la confianza que los ciudadanos han de tener en sus jueces y magistrados".

"La gravedad de estas afirmaciones es enorme", afirman en un comunicado conjunto. Y aunque se precise que se trata de comportamiento muy minoritarios, alertan de que "el mensaje que se traslada al ciudadano es que, si un juez actúa así, cualquiera puede hacerlo".

"En una democracia avanzada, no es de recibo que un presidente del Gobierno y un ministro de Justicia trasladen a la ciudadanía acusaciones tan graves sobre el ejercicio de la función jurisdiccional, y que ello no tenga consecuencia alguna", afirman

Ambas asociaciones hacen hincapié en que el presidente del Gobierno y el titular de Justicia "no se han limitado a mostrar su discrepancia" con resoluciones judiciales, sino que lo que sostienen es que algunos jueces, "en lugar de someterse al imperio de la ley, dictan sus resoluciones siguiendo un interés estrictamente político", lo que supone atribuirles "el más grave delito que un juez puede cometer en el ejercicio de su función", la prevaricación. "Es como si desde una asociación judicial -señalan- se dijese alegremente que hay unos pocos ministros en el Gobierno de España, o unos poco diputados o senadores, que son corruptos".

Discurso "preocupante" que se está "normalizando"

Del mismo modo, consideran "preocupante" que ese discurso se esté "normalizando en los últimos años, hasta el punto de que participan del mismo los máximos representantes del Poder Ejecutivo". "Es obvio que estas afirmaciones no obedecen a un mero lapsus o exceso verbal, ya que han sido expresamente ratificadas y se han pronunciado de forma reiterada", subrayan.

De ahí que insten a Sánchez y a Bolaños a que, si consideran que existen miembros del Poder Judicial que dictan sus resoluciones "persiguiendo una finalidad política, identifiquen tales hechos y presenten las denuncias o querellas correspondientes" (Pedro Sánchez ya se querelló por prevaricación contra el juez Peinado, que investiga a su esposa, Begoña Gómez, pero su denuncia fue inadmitida por unanimidad por el TSJ de Madrid).

De lo contrario, añaden, les apremia a rectificar esas manifestaciones, "pues el recto ejercicio de sus cargos no es compatible con expresiones que cuestionan el normal funcionamiento de las instituciones públicas y menoscaban la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia".

Lo que dijeron Sánchez y Bolaños

Las asociaciones firmantes recuerdan que en su entrevista en RTVE el pasado día 1, Sánchez se quejó de que "hay jueces haciendo política" y apeló al CGPJ para que estudie si estas causas "tienen los parámetros de independencia y de respeto a la presunción de inocencia que merecen todos los ciudadanos". El jefe del Ejecutivo, recuerdan, vinculó esa crítica con las investigaciones a personas de su entorno (tanto su esposa, Begoña Gómez, como su hermano, David Sánchez, están imputados) y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con un pie en el banquillo por la supuesta filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador.

Sánchez aseguró en esa entrevista que "hay jueces que no cumplen con la ley" y que existe "un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario, que al final están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos». Unas manifestaciones en las que el presidente del Gobierno se ratificó 24 horas después.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente recuerda asimismo que tras el acto de apertura del Año Judicial, en una entrevista publicada el pasado domingo en el diario El País, el ministro Bolaños respaldó esas críticas al asegurar que las manifestaciones de Sánchez eran la constatación de "una realidad incontestable", llegando incluso a pedir al Consejo General del Poder Judicial que "dé un toque serio por algunas instrucciones indefendibles". "Como si el CGPJ pudiera inmiscuirse en la labor jurisdiccional de jueces y magistrados", apuntan las dos asociaciones en el comunicado.