Respaldo interno en el PP, con algún matiz, al plante de Feijóo

Hechos consumados. A las once y media de la mañana, poco antes de que en la madrileña plaza de las Salesas arranque la apertura del año judicial más anómalo que se recuerda en democracia, tendrá lugar en Arganda del Rey un acto del Partido Popular de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo. El lugar elegido entraña un mensaje en sí mismo: la Plaza de la Amistad entre los Pueblos. Treinta y dos kilómetros entre un punto y el otro. De la armonía a una tensión inaudita.

Aunque el plante que el líder popular ha dado al evento judicial más importante de la temporada, que preside ni más ni menos que el Rey, no ha caído igual entre todas las facciones del partido. Prima el cierre de filas entre el grueso de la dirigencia, sí. Pero parcial. Porque algunos cargos muestran sus reservas. «Hay riesgos», apunta un destacado miembro del Comité Ejecutivo Nacional en conversación con LA RAZÓN.

El temor, principalmente, es que este gesto suponga una enmienda a la trayectoria y la identidad del partido y traslade una imagen equivocada. Porque las interpretaciones son libres. Y cada cual puede extraer la suya. «Nosotros somos un partido institucional, es lo que nos diferencia de Vox», explica otro destacado mando.

Según trasladan desde el politburó gallego, el desplante fue cosa de Feijóo. No lo consultó con nadie, ni con los presidentes autonómicos ni con los miembros del comité de dirección. Como publicó ayer este diario, fue el 31 de julio cuando notificó al Tribunal Supremo que causaría baja. Unos días después de conocerse la imputación de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por un presunto delito de revelación de secretos.

Precisamente lo que escama a algunos populares es la excusa inicial que esgrimió Feijóo. «Yo no habría puesto de pretexto un acto de partido, no habría ido, sin más». Otros, se muestran escépticos: «No sé exactamente a qué estrategia responde». Tampoco es una novedad un desplante de estas características.

Antes de verano, cuando se celebró en el Palacio Real el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, volvió a suceder igual. Feijóo no quiso salir en la foto porque estaba Pedro Sánchez. Entonces, el motivo era el informe de la UCO que se llevó por delante a Santos Cerdán. «Nuestro respaldo a la Corona es innegable, pero en este clima de degradación institucional por culpa de Pedro Sánchez, su partido y su Ejecutivo, no podemos participar de festejos con el presidente del Gobierno», recalcaron entonces desde su equipo.

«No debe ir»

Ahora, la mayoría de barones muestran su aquiescencia. «Pues me gusta, no es habitual pero lo del fiscal general es de una jeta superlativa», señala uno de ellos. «En la situación actual no debe ir», apunta un diputado nacional. En la cúpula, tampoco hay división de opiniones. «Hace lo correcto», zanja uno de los principales vicesecretarios del partido.

Este jueves, Feijóo, durante un acto en Guadalajara, volvió a recordar cuáles son las razones que le han llevado a pegar semejante «espantá». La primera, que considera una «provocación» la asistencia de García Ortiz, que leerá la memoria de la Fiscalía en la sede del mismo tribunal donde será juzgado más adelante.

La segunda, los recientes y reiterados ataques de Sánchez a los jueces, que se niega a «convalidar». Sobre lo que se vivirá hoy, recalcó que «jamás se ha vivido en España» algo parecido. «Una anomalía jurídica inaceptable» que «no ocurre en ningún país de Europa». También compartió la «incomodidad de magistrados, jueces y fiscales».

Ofensiva del PP europeo por el «lawfare»

Como adelantó LA RAZÓN, el grupo popular en el Parlamento Europeo ha movido ficha tras los últimos ataques del presidente del Gobierno a los jueces. Dolors Montserrat pidió ayer a la Comisión contundencia ante lo que considera «un desprestigio a la judicatura y, por tanto, al sistema democrático».

En concreto, la número dos del PP europeo, a través de una pregunta parlamentaria, denuncia: «Estamos ante un caso inaudito. Un presidente que se cree que puede atacar al poder judicial sin consecuencias, cuando en realidad este tipo de declaraciones reiteradas acaban naturalizando el desprecio a la separación de poderes, debilitando los contrapesos democráticos».

Además, pregunta al Ejecutivo comunitario qué medidas adicionales piensa adoptar para garantizar que las autoridades españolas respeten plenamente la independencia Judicial, «en especial cuando investigan casos de corrupción que afectan al Gobierno, así como si considera activar mecanismos más firmes» para frenar a Sánchez.