El TC retrasa in extremis la decisión sobre la inhabilitación de Junqueras y Turull

El Tribunal Constitucional (TC) no abordará hoy finalmente el debate sobre la suspensión cautelar de la inhabilitación de Oriol Junqueras y los exconsellers de la Generalitat Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. Los magistrados de la corte de garantía tenían previsto debatir las tres ponencias al respecto –elaboradas por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, José María Macías y César Tolosa–, todas ellas coincidentes en rechazar la medida cautelar, pero según las fuentes consultadas los asuntos se han retirado in extremis del orden del día. Con el objetivo, apuntan, de «homogeneizar» los tres borradores de resolución con una argumentación que propicie la unanimidad en la negativa a suspender la pena de inhabilitación que impuso el Tribunal Supremo a los políticos independentistas. Todos ellos reclaman que se deje sin efecto la medida, que les impide ser candidatos en unas elecciones, hasta que el TC resuelva sus recursos de amparo, para no causarles un perjuicio irreparable en caso de que finalmente les de la razón en su pulso con el alto tribunal.

Pero el pronunciamiento del guardián de la Constitución sobre esa suspensión –a la que se da por hecho que se opondrán los magistrados mayoritariamente– tendrá que esperar. Como poco, al último Pleno del año, que se celebrará previsiblemente a partir del día 16. Será entonces, con unas ponencias consensuadas, cuando el TC dé un portazo a Junqueras, Romeva, Bassa y Turull, que por tanto seguirán inhabilitados (el líder de ERC lo está hasta 2031) a la espera de lo que diga el TC sobre la negativa del Supremo a amnistiarles el delito de malversación (por el que también está procesado Carles Puigdemont), por entender que obtuvieron un beneficio patrimonial de carácter personal –uno de los supuestos que excluye de su aplicación la Ley de Amnistía– al no pagar de su bolsillo el proceso independentista en Cataluña en 2017, que se financió con fondos públicos.

Las tres ponencias coinciden esencialmente en los argumentos para rechazar la suspensión cautelar. Por un lado, no aprecian un perjuicio irreparable en el hecho de que no puedan presentarse a unas elecciones, dado que no hay comicios a la vista a los que sus formaciones políticas (ERC y Junts) vayan a concurrir. Por otro, defienden que acceder a la suspensión cautelar supondría anticipar la decisión del TC sobre los recursos de amparo (que precisamente buscan dejar sin efecto las penas de inhabilitación con la aplicación de la Ley de Amnistía). Además, dejan claro la prevalencia del interés general ante el riesgo de que, suspendida cautelarmente la pena impuesta por el Supremo, se reincorporasen a un cargo público tras haber sido condenados, precisamente, que atentaron contra el principio de legalidad democrática.

Duro reproche a la Abogacía del Estado

Sin embargo, como informó ayer LA RAZÓN, la ponencia de Macías incorporaba un duro reproche a la Abogacía del Estado, alineada con los argumentos de los políticos independentista en este asunto (al contrario que la Fiscalía), al entender que ha orillado la valoración de «la grave perturbación a los intereses generales» que esa suspensión acarrearía, según el exvocal del Consejo General del Poder Judicial.

Así las cosas, una vez los letrados del tribunal pasen por el cedazo de la homogeneidad esas propuestas de resoluciones, las tres ponencias (que no una unificada) en el mismo sentido se llevarán al Pleno para someterlas al criterio de los doce magistrados.

Está aún por ver si a ese último Pleno del año el presidente del Constitucional lleva también la decisión sobre la suspensión que pretende Puigdemont de su orden de detención y prisión, que mantiene en vigor el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena y que le impide regresar a España si no quiere ser arrestado. De no ser así, el expresidente de la Generalitat tendría que esperar ya al próximo año.

Para conocer la posición del TC sobre los amparos, no obstante, habrá que avanzar aún más en el calendario. Y es que la corte de garantías quiere conocer antes el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la adecuación de la Ley de Amnistía al derecho comunitario y su encaje en los estándares de Estado de Derecho que promueve la Unión. Una resolución que previsiblemente no se conocerá antes de febrero del próximo año, una vez el abogado general de la UE ya ha hecho públicas sus conclusiones (descartando que la amnistía afectase a los intereses financieros de la Unión Europea). Tras esa esperada sentencia, el TC activará la resolución de los recursos de amparo, que de estimarse supondría la anulación de las condenas del «procés» por vulneración de derechos fundamentales.