Revuelta del área económica del Gobierno contra Sánchez y Calviño

En niveles técnicos del área económica del Gobierno, y, en algunos casos, incluso a nivel de Secretaría de Estado, hay desconcierto y malestar con la decisión de Moncloa de someter también la política económica del Ejecutivo a la estrategia electoral de ir al choque contra todo y contra todos.

Desde estos niveles más técnicos ya anticiparon que era más que previsible que, al final, como así ha sido, la junta de accionistas de Ferrovialaprobara la mudanza a los Países Bajos, pero, aun así, en Moncloa decidieron imponer la politización de esta cuestión para utilizarla como un recurso más en la ofensiva de movilización de la izquierda.

A sabiendas de que tenían «un 90 por ciento» de posibilidades de que el Gobierno saliese derrotado del pulso, y, sobre todo, que iban a agrandar el coste para la imagen de España desde el punto de vista de país atractivo para la inversión.

Desde dentro llegaron los avisos de que la vía de convertir el derecho de todo Gobierno a disentir de decisiones empresariales en una ofensiva de injerencia y de hostigamiento tenía efectos colaterales dañinos para el interés general de España, ya que multiplicaba la resonancia del impacto de la salida de Ferrovial. Pero se desoyeron por completo.

«No tenemos un problema de seguridad jurídica. Pero sí habría que haber valorado la mejor respuesta para poner sordina al coste más importante de la decisión de Ferrovial. Aquí lo que nos estamos jugando es nuestro atractivo de país para hacer negocio y para la inversión. Y en un modelo europeo y de libertad de empresa, aparecer como un Gobierno que presiona a los accionistas de una empresa bajo amenazas no es la mejor fórmula para ganarse la confianza de otros inversores ni tampoco para frenar a otras empresas a la hora de seguir el mismo camino». Esta reflexión sale del departamento que preside la vicepresidenta Nadia Calviño y es de suponer que también ha sido tenida en cuenta por el presidente del Gobierno al decidir su agresiva política hacia el poder económico y empresarial en esta recta final de la legislatura.

Críticas parecidas a éstas que se escuchan dentro de los ministerios económicos se hacen desde el ámbito empresarial, pero tiene mayor relevancia cuando es un análisis que nace dentro del propio Gobierno. Ha habido un fallo de «prepotencia» –comentan–, pero también ha jugado un papel importante la obsesión política del equipo de campaña del presidente por excitar al votante de izquierdas, que, en principio, parece que no está tan movilizado como el de derechas.

El problema es que abandonar el centro, en la política del choque contra todo, es asumir también, o así interpretan en el PSOE, que no vas a ganar las elecciones y que sólo te interesa que todas las piezas del puzzle encajen, la suma de todos los socios.

La sobreactuación de Sánchez y de sus ministros en el caso Ferrovial se ha ejecutado a pesar de estar también advertidos, por quienes entienden de estas operaciones, que la multinacional llevaba años preparando esta decisión, por lo que todos sus riesgos debían haber sido medidos al milímetro por su departamento jurídico. Es decir, que el ruido estaba condenado al fracaso, aunque desde las terminales mediáticas del Gobierno se haya intentando generar la expectativa de que se podía dar el vuelco a la salida de Ferrovial.

Este no es el único asunto que está irritando en esos niveles más técnicos del Gobierno. La política agresiva contra las empresas y sus gestores es vista como un ejercicio de «populismo», sobre el que está por ver su rentabilidad política, pero que tiene un coste a medio plazo en clave de marca España y hasta en clave Gobierno de coalición.

«Parece que se están dando por perdidas las elecciones porque de todo lo que se está sembrando habrá que recoger si se sigue en el Gobierno», comentan en algún despacho cercano al de Nadia Calviño.

No pasan por alto en estas voces críticas que esta sonora arremetida electoralista, y liderada en algunos casos por el presidente del Gobierno, tiene lugar en un contexto donde en tan solo unos meses España asumirá la presidencia rotatoria de la Unión Europea.

Por eso tampoco ha suscitado consenso interno la decisión de la vicepresidenta y responsable de Economía y de Transformación Digital de anunciar ahora la creación de un observatorio de márgenes empresariales, que, lógicamente, ha provocado de inmediato la reacción de la patronal, que ha tachado la medida de «intervencionista».

A costa de la estrategia para ganar unas elecciones «estamos generando un ámbito de desconfianza de las empresas hacia el Gobierno que no suma nada al proyecto común, sobre todo porque las hemos necesitado, y volveremos a necesitarlas».

Sobre las reflexiones técnicas se han impuesto los gurús electorales y «tendremos un problema para recuperar los puentes si se reedita el Gobierno de coalición», se escucha también cuando se tantea cómo se ve dentro del área económica las posiciones oficiales que representan en público al Gobierno.

De este tanteo se concluye, además, que en esta Legislatura el Ejecutivo ha prescindido del diálogo sectorial, para centrarlo en un «one to one» que cada vez ha ido siendo menos fluido. Sin que se pueda «salvar» de este déficit comunicativo a la ministra de Economía y Transformación Digital. A quien reprochan que, en vez de estar ocupada en ver qué se puede mejorar para evitar que se repitan casos como el de Ferrovial, ha sido una de las que ha contribuido a que la decisión de la mercantil, que ya han adoptado otras grandes empresas en otros países europeos, como en Francia o Italia, acabe siendo una derrota del Gobierno. «Previsible y sobre la que estaban advertidos».