Investidura
Reynders advierte: la ley de amnistía es competencia nacional, pero Europa la evaluará porque “hay límites”
El comisario de Justicia cree que la renovación del CGPJ se debe incluir en las negociaciones para formar Gobierno porque se está deteriorando la imagen del poder judicial
La ley de amnistía es un asunto que se debe pactar a nivel nacional, «pero hay límites». Así lo ha advertido Didier Reynders, el comisario europeo de Justicia, durante una conferencia organizada por el Ministerio de Justicia en Madrid. Aunque ha recordado que de momento no tiene un texto que evaluar, lo valorará una vez exista un acuerdo concreto. La ley de amnistía es la exigencia que ha planteado Junts para apoyar con sus votos la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso.
«Desde luego que evaluaremos muy de cerca el contenido del texto», ha señalado Reynders, que ha recalcado que aunque se trata de una competencia nacional, «por supuesto que hay algunos límites». Sobre la posibilidad de que esta norma aborde delitos como la malversación, ha apuntado que las autoridades europeas están «muy involucrados en la lucha contra la corrupción” y de otros delitos relacionados con la apropiación indebida de fondos públicos.
«Hasta ahora, no hemos recibido ningún borrador», ha aclarado el comisario, que ha puesto el acento en la imposibilidad de valorar una norma cuyos detalles se concretarán en el futuro. Sin embargo, ha admitido que ha tenido noticias de que el planteamiento de un texto concreto puede ser «cuestión de horas o días», pero actualmente no dispone de una propuesta para valorarla.
De este modo, profundizaba en Madrid en las declaraciones que emitió ayer durante su intervención en la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE), en Bruselas. Allí, tras ser preguntado por parlamentarios del Partido Popular y Ciudadanos, aclaró que estarían atentos «al modo en que el dosier evoluciona, en especial cuando hay vínculos con el punto que usted menciona de problemas de malversación o apropiación irregular de fondos públicos».
Renovación del CGPJ
Reynders también ha alertado sobre la urgencia de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El comisario ha confirmado contactos continuos con todas las autoridades y representantes para desbloquear la negociación. Y ha advertido de la necesidad de, primero, renovar el CGPJ y, después, reformar el sistema de elección. Y destacó este orden por los problemas que están surgiendo en el nombramiento de jueces. El comisario europeo pidió que la renovación se incluya en las negociaciones para formar un nuevo Ejecutivo, dada la gravedad de la actual situación de bloqueo en el Tribunal Supremo (TS).
A fecha de la apertura del curso judicial, el 7 de septiembre de 2023, en el Tribunal Supremo había 23 vacantes, es decir, un 30% de la plantilla está sin renovar. La Sala de lo Social es la más perjudicada, con seis plazas vacantes, casi el 50%. Y en la Sala de lo Contencioso, de los 33 sillones, once están sin cubrir.
Las declaraciones del comisario se produjeron antes de asistir al cierre del seminario Servicios Públicos de Justicia en tiempos de transformación, que ha organizado el Ministerio de Justicia en el marco del Módulo Permanente de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE), en Ifema, donde también han acudido la titular de la cartera, Pilar Llop y otras autoridades.
Un bloqueo que afecta a la imagen de la justicia
La falta de acuerdo para renovar el CGPJ y, por tanto, a los magistrados del TS, puede afectar de forma negativa a la imagen que tienen los ciudadanos de la justicia. Didier Reynders ha alertado de las consecuencias de prolongar el conflicto, aunque rompió una lanza en favor de los magistrados y de su trabajo.
«Quiero repetir y asegurar de que no existe preocupación sobre la independencia de los jueces en España a nivel individual. Estamos seguros de que tenéis un sistema judicial independiente, pero es muy urgente renovar el CGPJ», señaló durante su visita a Madrid. En esto coincide con el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín, que en la apertura del año judicial advirtió que el bloqueo perjudica a la imagen exterior de España, con consecuencias incluso en las decisiones de los inversores.
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