Ricart se negó a recibir tratamiento en la cárcel

Miguel Ricart puede salir de prisión en cuestión de horas. Tras la derogación de la «doctrina Parot» por parte del Tribunal de Estrasburgo, la Audiencia Provincial de Valencia resolverá sobre la excarcelación del único condenado por el secuestro, la violación y el asesinato de las niñas de Alcàsser cuando disponga de los escritos de todas las partes. Si bien es cierto que el plazo para presentarlos concluía el pasado miércoles a las 15:00 horas, ayer el tribunal no disponía de todos.

Uno de los escritos con los que ya cuenta es el presentado por la Asociación Clara Campoamor, acusación popular en el proceso. En el texto, la asociación critica que la prisión de Herrera de la Mancha ha sido «deficiente» a la hora de informar de los trabajos que Ricart, condenado en 1997 a 170 años de prisión, ha desempeñado en la cárcel, así como de los «días concretos trabajados». Además, la acusación señala que entre los días trabajados figuran fines de semana, los cuales, «conforme a la legalidad», deberían ser descontados. Dos detalles claves a la hora de discernir los beneficios penitenciarios que verdaderamente le corresponderían y que «ponen de manifiesto la absoluta improcedencia, por no ser conformes a la legalidad, del régimen de redención del penado». ¿El resultado? «Un espectacular e injustificado acortamiento de la condena», aseguran.

Además, como afirmó Blanca Estrella, presidenta de la asociación, Ricart «se ha negado a realizar los cursos de rehabilitación para agresores sexuales», algo de lo que, asegura, no los ha informado el centro penitenciario. Hay que recordar que la Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 2001, contempla cursos de rehabilitación en el entorno penitenciario, liderados por psicólogos, educadores, etc. Sin embargo, presos como Ricart no tendrían obligación de asistir, al haber sido condenados bajo el Código Penal de 1973, vigente en 1997. Un aspecto que la asociación ya ha denunciado en relación a dos presos: Pedro Luis Gallego, conocido como el «violador del ascensor», y Valentín Tejero, asesino de la pequeña Olga Sangrador. Por otra parte, la asociación solicitará que presos como Ricart no cobren prestación de desempleo tras ser puestos en libertad. Una medida que el Congreso de los Diputados ya ha promovido en relación a los presos de ETA que han sido excarcelados tras la derogación de la «doctrina Parot». La Cámara Baja ha instado al Gobierno a modificar la legislación para que no puedan recibir ayudas estatales, salvo que cumplan determinados requisitos, como colaborar con la Justicia, arrepentirse o pedir perdón a las víctimas.

En relación a la excarcelación de presos, Ángel Juanes Peces, presidente de la Audiencia Nacional, afirmó ayer que los magistrados comprenden «el dolor de las víctimas» y la preocupación por el «peligro potencial» de estos presos, pero que la decisión se ajusta a lo que dicta la ley.